El 17 de noviembre de 2016 pasó a la historia por ser el inicio de los trabajos del metrobús de la ruta troncal que abarca la carretera Torreón-Matamoros y el bulevar Revolución, sin embargo desde el inicio de esta obra, que corre a cargo del Gobierno del Estado priista, hubo polémica. Primero por la protesta de los concesionarios de las rutas de los camiones urbanos que manifestaron su inconformidad por la falta de diálogo y modelo de negocio sobre el proyecto y segundo, ya en 2017 por el retiro del monumento al Torreón, que desde los años 70 daba la bienvenida a todas aquellas personas que llegaban por la entrada de Gómez Palacio; su remoción obedeció a la construcción de la Estación Nazas del mismo fallido proyecto. Dicha estación hoy es un elefante blanco.

Pero eso no es todo, el 3 de octubre del 2018, colapsó uno de los muros del paso a desnivel construido en el bulevar Torreón-Matamoros entre Francisco Sarabia y Rodríguez Triana, para el proyecto del Metrobús. Los responsables no aceptaron la pifia y mala calidad de la obra y optaron por echar la culpa a la humedad general de tuberías y drenajes. Posteriormente, el paradero de la obra del Metrobús se desplomó durante la tarde del 28 de mayo de 2019, dejando a dos trabajadores lesionados cuando cayó la estructura sobre ellos. Esta, de mala calidad, estaba en construcción en el bulevar Revolución, exactamente frente a la Unidad Deportiva.

Sin embargo, lo antes mencionado no es lo mas grave, al día de hoy esta obra presenta un atraso enorme de acuerdo a los planes y cronograma original y a la fecha absolutamente nadie a dado un plazo definitivo para la conclusión del proyecto, por el contrario, se la han pasado estableciendo prórrogas y “charras sacadas de la manga”, por diversos motivos, ¿la última? adivinó: la pandemia del coronavirus; porque se supondría, a palabras del gobernador Riquelme Solís, que el Metrobús Laguna en Coahuila estaría en operación a más tardar en febrero del 2020, incluso entonces afirmó que estaban en tiempo y forma de concluir el modelo de negocios. Falso.

Para mí, se supondría, que existió en algún momento del proyecto una planeación profesionalmente realizada, con responsables de obra, controles de calidad, etapas y metas que debieron cumplirse. Esta serie de atrasos son contrarios a toda lógica, pero ademas perjudiciales. Cierto es que pueden existir situaciones imprevistas en una obra, y que todos lo podemos entender; pero para nada es normal que estos “imprevistos” sean constantes, y que acumulen ya años de retraso.

La demora y el cinismo de las autoridades estatales en el letargo de la entrega de este putrefacto proyecto del Gobierno del PRI, genera diversas afectaciones, que van desde el entorpecimiento vial de la zona hasta la afectación al comercio organizado; además de lo grave que supone no tener una planeación definitiva del transporte público y mantener en incertidumbre a los concesionarios.

Así pues, estamos ante una magistral demostración de inmoralidad. Con una inversión de mil 500 millones de pesos, el Metrobús Laguna quedará para la posterioridad como una burla por parte del Gobierno estatal a la inteligencia de todas y todos los laguneros.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Fue diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.

La megadeuda es por su naturaleza, alcances e impacto, el mayor fraude financiero cometido por autoridades locales en el estado de Coahuila de Zaragoza, además es un evidente acto de corrupción de enormes proporciones. Desde 2011, en voz de los grupos parlamentarios que han representado al Partido Acción Nacional en el Congreso de Coahuila, se han presentado proposiciones con punto de acuerdo para solicitar que se investigue este descarado acto de corrupción y, también –dado que la situación lo amerita– se ha solicitado en cuando menos tres ocasiones que se instale una Comisión Especial que analice e investigue permanentemente la famosa deuda.

Por supuesto, desde que se dio a conocer este fraude, los grupos parlamentarios del PAN han solicitado reuniones con los titulares de la PGR (nombre de aquellos días) y con la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de conocer todos los pormenores de los cargos que ostentan Javier Villarreal, sus colaboradores y por supuesto Humberto Moreira, y poder remitir, toda la información recabada al Congreso y a las autoridades locales; así como solicitar información a las fiscalías con relación a los hechos señalados, y poder conocer el estado de las averiguaciones previas sobre la megadeuda.

De hecho, a lo largo del tiempo y de múltiples cuestionamientos por parte de la única oposición seria en Coahuila: Acción Nacional; Humberto Moreira jamás ha podido justificar su no participación en la megadeuda coahuilense, ni siquiera con el video “mal montado”, que hizo en la Ciudad de México con otro involucrado, para tratar de demostrar su inocencia, video que nadie creyó, pues argumentaba no estar ni enterado de la situación, vaya ni los propios priistas se comieron el cuento, así que mejor optaron por guardar silencio. Y es que es imposible, en sentido lógico, que la contratación de créditos falsos se diera a sus espaldas cuando era gobernador.

Sin embargo, para proteger y blindar a su exgobernador, los diputados de la bancada priista de la 58 Legislatura, aprobaron y reconocieron la existencia de la megadeuda, bajo el argumento de que “todo se gastó en inversiones públicas productivas”. La pregunta es ¿Cómo es que un Gobierno que obtiene 36 mil millones en créditos, además ilegales y no autorizados por el Congreso, se los gasta en inversiones productivas, pero el gobernador no sabe nada? ¿A poco no fue un argumento que ofende la inteligencia de cualquier persona? Por cierto, a la fecha, todos los coahuilenses seguimos esperando que nos entreguen la lista, los montos, y el detalle preciso de todas esas “inversiones públicas productivas”, en las que se gastaron 36 mil millones de pesos (sin que el exgobernador se enterara).

Así pues, consta en los archivos del Diario de los Debates de las legislaturas 58, 59, 60, 61 y la presente, la existencia de más de 125 proposiciones con puntos de acuerdo relacionadas con la exigencia de justicia y castigo para los responsables de la megadeuda, presentadas por los grupos parlamentarios del PAN, la mayoría de ellas congeladas por siempre por las mayorías priistas, y las pocas aprobadas sin respuesta alguna de parte de las autoridades locales y federales.

Consta también, durante las legislaturas mencionadas y la actual, cómo en las comparecencias de los exsecretarios de finanzas, de fiscalización y rendición de cuentas y del entonces exprocurador general de justicia, las y los diputados del PAN exigieron siempre conocer todos los pormenores del caso, los nombres de todos los implicados, y las acciones legales que se llevarían a cabo para castigarlos y recuperar lo robado; todas estas peticiones sin respuesta alguna.

Son ya 10 años de insistir, resistir y no desistir para que se haga justicia en Coahuila, son ya 10 años de lucha incansable, de la única resistencia que existe en nuestro estado: Acción Nacional.

El Partido Revolucionario Institucional ha definido la historia contemporánea de México, se mantuvo en el Gobierno desde su fundación en 1929 hasta el triunfo de Vicente Fox en el 2000.

Lo que nació como un “proyecto revolucionario”, que buscaba reestructurar la sociedad mexicana, se convirtió en un sistema de partido hegemónico y patriarcal en el que la concentración del poder, las prácticas autoritarias y la corrupción dieron forma a un sistema popularmente conocido como la “dictadura perfecta”. Repito, estoy hablando del PRI, aunque la descripción embona perfectamente con el ADN de Morena.

El entonces PNR (ahora PRI) legitimó su permanencia en el poder con la existencia de un supuesto sistema democrático, que se sustentaba en la celebración de elecciones periódicas y en la existencia de una oposición política.

Sin embargo, para alcanzar la estabilidad partidista a la que aspiraba Plutarco Elías Calles, se implementaron una serie de estrategias que facilitaron mantener al partido en el poder. ¿Cuál fue una de esas estrategia ? Quizás le suene familiar: concentrar el poder político en el Presidente de la República.

La Constitución de 1917 permitió en gran medida construir un sistema político en el cual el Presidente concentraba una gran cantidad de competencias que le otorgan un papel decisivo por encima de cualquier otro poder –Legislativo y Judicial–.

De esta forma, la trayectoria del PRI a lo largo de la historia ha estado estrechamente ligada a la voluntad y a las intenciones políticas de los presidentes del momento. Sin embargo, para prevenir la repetición de una dictadura prolongada como el porfiriato, se prohibió la reelección presidencial y se estableció el ciclo de sexenios que hasta hoy prevalece.

Esta concentración de poder, por la cual tanto había luchado el PRI, cambió con la llegada del PAN a la Presidencia de México en el 2000 y reformó por completo la estructura de Gobierno. Se crearon instituciones con autonomía técnica y de gestión y se fortaleció al Poder Legislativo y Judicial.

Sin embargo, hoy en pleno 2021, parece que tomamos una máquina del tiempo y nos regresamos a la época de Elías Calles, pero con una gran diferencia: ese corporativismo y centralismo lo lleva al dedillo un viejo PRI bajo siglas de
Morena.

Aquel discurso del partido del Presidente de que fortalecería la democracia y transparentaría la función pública, fue solo la fachada para vender un proyecto que en realidad vendría a regresarnos a las maneras más autoritarias de hacer política. No nos vayamos con la finta, el Morena de hoy es lo mismo que representó en su momento el PRI y de lo que tanto nos lastimó como sociedad.



Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Exdiputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.

En días pasados se desató la polémica porque el personal de Gobierno federal conocido como Siervos de la Nación, comenzó a recibir la vacuna antiCovid-19. Por supuesto el malestar fue generalizado y justificado, primero porque se supone que existe un plan nacional que acordó aplicar la vacuna por etapas, empezando por grupos vulnerables prioritarios, destacando en orden de prelación el personal de salud del país y luego los adultos mayores.

¿Quiénes son los Servidores o Siervos de la Nación? Primero: son los encargados del levantamiento del Censo de Bienestar del actual Gobierno; a través de ellos se reparten los programas y ayudas sociales, y ahora también –como lo dijo AMLO– coordinan las brigadas Correcaminos de vacunación. Segundo: son el ejército electoral de Morena, son quienes utilizan los programas sociales como motín político, quienes tienen dirección y datos de los beneficiarios del Gobierno. ¿Alguna duda de la urgencia por vacunarlos?

Este caso refleja una vez más, por un lado la total incapacidad del Gobierno federal en un tema tan sensible como es la salud, en este caso la vacunación, y por otro lado refleja su prioridad: la política por sobre el bienestar; y la razón es simple, si van a justificar que los Siervos de la Nación son personal que está en alto riesgo por sus actividades casa por casa, entonces así debió establecerlo el Gobierno federal desde el principio y entonces privilegiar a todos los grupos que se ubican en casos similares, como policías, bomberos, encuestadores del Inegi, capacitadores del INE, y en general toda persona que por su actividad debe hacer contacto con muchas otras personas a diario.

Lo que nos queda entonces es un abuso más de la “transformación de cuarta”, que deja un amargo sabor de boca por un acto más de cinismo, uno de tantos que hemos visto durante la gestión de López Obrador, donde sus propios colaboradores al parecer no leyeron “su cartilla moral” ni observan a detalle “las mañaneras” donde el Presidente jura que con su manto sagrado todos sus funcionarios son incorruptibles.

Como nota: La Diputación Permanente del Congreso de Coahuila, aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Bienestar del Gobierno federal, instruya de manera inmediata el retiro de los trabajadores denominados Servidores de la Nación, de las brigadas de vacunación en Coahuila. Lo anterior con la finalidad de “evitar poner en riesgo la coordinación y operatividad del plan de vacunación en curso contra el Covid-19”.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es el organismo constitucional con autonomía técnica y de gestión encargado de garantizar el cumplimiento de dos derechos fundamentales: el de acceso a la información pública y el de protección de datos personales.

Para el primero, garantiza que cualquier autoridad en el ámbito federal, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y sindicato; o cualquier persona física, moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad te entregue la información pública que solicites.

Para el segundo, garantiza el uso adecuado de los datos personales, así como el ejercicio y tutela de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que toda persona tiene con respecto a su información.

Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el INAI no ha estado a la altura de las circunstancias y que además su operación cuesta miles de millones de pesos al presupuesto público, pues tan solo los consejeros “se dan la gran vida” con grandes salarios.

En la mañanera desde Palacio Nacional, explicó que quiere que el Instituto sea absorbido por la Secretaría de la Función Pública (SFP) para que ahora la información tenga “mayor disponibilidad para los ciudadanos” pero “sin tanto gasto”. De igual forma el Presidente aseveró que su Gobierno ha decidido presentar una reforma administrativa para que los organismos autónomos sean absorbidos y operados por las secretarías de Estado.

Al respecto las reacciones de la oposición no se hicieron esperar, y no es para menos, durante años dentro de la lucha por la democracia siempre figuró como elemento esencial, la creación de instituciones que garanticen la constante vigilancia y el buen Gobierno.

Me parece que desaparecer el Instituto para centralizarlo y hacerlo parte del Ejecutivo federal es una ocurrencia que el Presidente se sacó de la manga para cumplir su objetivo poco a poco: quebrar la democracia mexicana.

De hecho, en el Partido Acción Nacional hemos mencionado que por el contrario, lo que se debería de hacer es fortalecer a los organismos autónomos con mayores funciones y presupuesto, deberían de hecho ser estos organismos autónomos los que asuman atribuciones de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno federal, porque ha quedado más que claro que estos organismos funcionan mejor que el propio Gobierno.

Por su parte José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división en América de Human Rights Watch (HRW), también cuestionó al presidente López Obrador, sobre la desaparición del INAI.

Señaló algo fundamental: que dicho organismo ha obligado al Gobierno a ser transparente con la información y que su creación ha sido un logro en los derechos humanos de los mexicanos, luego de que las autoridades ocultaron datos por muchos años.

No cabe duda que la democracia en nuestro país atraviesa una crisis de magnitudes vistas solo en América latina, y no exagero, basta con revisar la historia de Bolivia, Perú o Venezuela y si me apuran un poco, podemos encontrar similitudes con la historia reciente de nuestro país vecino, los Estados Unidos.

En el caso de los países latinoamericanos algunos siguen sufriendo el yugo de la autocracia y algunos otros tuvieron que aguantar años de lucha, en EU pronto entendieron que los discursos de odio, el rechazo hacia las instituciones y a la libertad de expresión, no los llevaría a ningún lado, por eso el pasado 3 de noviembre decidieron darle la vuelta a un extremista como Trump y votaron por Joe Biden. En México este 2021 tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo de la historia, de irle cerrando el telón a una comedia, que poco a poco y día a día, busca quebrar la democracia de nuestro país, censurando medios, recortando fideicomisos, y por supuesto, eliminando instituciones.

*Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Fue diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.

Votar es un derecho de todas y todos los mexicanos, es un deber y una prerrogativa esencial para nuestra democracia; sufragar es el medio por el cual el pueblo expresa su voluntad política y elige a sus gobernantes.

El derecho a votar depende de manera esencial de la llamada credencial para votar con fotografía que expide el Instituto Nacional Electoral. Cada año las y los jóvenes que cumple 18 años acuden a los módulos del organismo para tramitar su credencial y pasar a formar parte del Padrón Electoral mexicano; miles de nuevos ciudadanos que modifican gracias a su voto las intenciones y las preferencias electorales de ejercicios anteriores, que inciden en la conformación de los poderes públicos y gobiernos de nuestro país.

La credencialización depende de estrictos calendarios, plazos a los que los ciudadanos deben limitarse para realizar sus trámites y obtener a tiempo el documento que les permitirá ejercer su voto en el proceso electoral inmediato a su obtención.  

Desgraciadamente, hoy en día ya no hay citas disponibles para tramitar la credencial de elector, indicó Mario Alberto Vásquez, vocal del Registro Federal de Electores del INE en Coahuila, tras explicar que las citas se agotaron debido a la gran demanda, luego del receso que se efectuó ante las votaciones para elegir diputados el 18 de octubre.

Cabe recordar que ante la pandemia por Covid-19 actualmente se tiene un estricto protocolo para evitar contagios, por lo que se ha invitado a todos los ciudadanos a atender las indicaciones y a efectuar su cita correspondiente para evitar filas y aglomeraciones. La fecha límite para realizar trámites de actualización e inscripción al Padrón Electoral es el 10 de febrero de 2021.

Si bien el 3 del presente mes, el INE acordó ampliar los horarios de atención en algunos módulos de Coahuila, y, suponemos que de otras partes del país, lo cierto es que existe una saturación del servicio, y se pueden generar problemas para que los ciudadanos que desean participar en el siguiente proceso electoral a celebrarse en 2021, se arriesguen a no obtener sus credenciales a tiempo. Conocemos la eficacia del sistema de citas, pero aun con dicho sistema los ciudadanos se enfrentan a un problema común, ya que luego, llegado el día y la hora acordados, les surgen problemas para poder presentarse a la cita, ya sea familiares, de trabajo o de salud, debiendo reagendar de nuevo una cita, y probablemente para esta segunda ocasión el tiempo ya no alcance.

Si algo debe ser protegido en este país es la democracia y el derecho de todas y todos los mexicanos a participar en los procesos electorales; sobre todo el próximo año, que se tiene la posibilidad de incidir en la historia de nuestro país, por ello consideramos necesario que en la recta final de este proceso de credencialización se realice un esfuerzo extraordinario de parte del INE para que nadie se quede sin el documento que le permitirá ejercer el derecho a votar en 2021.

La lucha libre es un deporte popular que combina grandes destrezas físico-atléticas con la ventaja de hacer que el público participe y se involucre con los gladiadores desde sus sillas, resultando en un deporte-espectáculo muy gustado y apreciado por los mexicanos.

Deporte en el que, por cierto, nuestros exponentes son considerados los mejores del mundo, y la lucha nacional de igual manera, solo seguida por la que se práctica en Japón; que tomó gran parte de sus bases de la mexicana por medio del intercambio de luchadores a lo largo de los lustros de la existencia de este deporte en ambas naciones.

Se dice que el deporte nace formalmente en nuestro país en 1933, gracias a la empresa fundada entonces por la familia Lutteroth. Primero eran extranjeros los que venían a luchar a nuestro país, y luego los locales que aprendieron las técnicas y así empezaron a subir al ring a demostrar sus habilidades.

La influencia de la lucha libre en la vida del mexicano, junto con la influencia de las máscaras es de sobra conocida, el impacto va más allá de lo meramente cultural o social, forma parte ya de nuestra identidad nacional, por decirlo de algún modo.

Ambos, lucha libre y máscaras son para muchos un símbolo de mexicanidad, aunque el deporte no es originalmente mexicano, y se practicaba bajo otros nombres mucho antes que en México. Sin embargo, la forma en que fue adoptado, desarrollado y mejorado por nuestra gente, le ha dado una identidad nacional, propia y única. Al igual que sucede con la máscara del luchador mexicano.

Sin embargo, por otra parte; se destaca la problemática que enfrenta este deporte en las entidades federativas, problemas a los que no escapa Coahuila. Existen problemas que los gobiernos locales deben solucionar en aras de dotar de mayor certeza, seguridad jurídica y garantías a este deporte y a sus practicantes y ejecutantes profesionales.

Cada vez más niños y jóvenes son influenciados por este deporte, los gimnasios o escuelas que enseñan esta disciplina han aumentado en número durante los últimos 10 años. Este crecimiento en la cantidad de practicantes ha generado una problemática nueva que hoy debemos afrontar:

A) Muchos jóvenes aspiran a ser profesionales de la Lucha Libre, pero no existen en muchos casos controles adecuados para otorgarles las licencias correspondientes; y se permite a veces que debuten en el deporte de paga sin haber cumplido con los requisitos médicos, técnicos y psicométricos correspondientes, poniendo en riesgo su vida e integridad.

B) Muchos entrenadores no están certificados, y se hacen llamar “mánagers, maestros o entrenadores”, solo porque consideran ellos mismos que lo son; esto conlleva que en muchos casos pongan en riesgo la salud e integridad de sus discípulos.

C) Se carece de supervisiones médicas constantes sobre los atletas de lucha libre.

D) En el caso de los luchadores; es de conocimiento público que no cuentan con servicio médico, y cuando sufren lesiones en el encordado, nadie los apoya con estos gastos, además de que dejan de percibir ingresos mientras no puedan laborar profesionalmente.

E) En la mayoría de los gimnasios donde se entrena y practica lucha libre, no existe vigilancia médica sobre los alumnos o discípulos; lo que impide detectar a tiempo lesiones o enfermedades que pueden empeorar por una falta de diagnóstico oportuno.

F) Las llamadas comisiones de Box y Lucha suelen no estar funcionando correctamente, ni cumplir su trabajo con apego a derecho, esto por diversas razones: falta de personal, de recursos financieros, de organización, de apoyo de los ayuntamientos y los estados, etcétera.

Otro de los grandes problemas es la falta de reglamentos en muchos de los municipios donde se presentan este tipo de espectáculos, por lo que hace falta una regulación clara, adecuada y moderna que permita evitar los problemas ya detallados en la presente.

En todo caso; muchos ayuntamientos del país cuentan con reglamentos propios para la práctica del Boxeo y la Lucha Libre; siendo el más conocido y difundido de todos; el llamado (en su momento) Reglamento Interior de la Comisión de Box y Lucha Libre Profesional del D.F., reglamento que en su época sirvió de modelo para diversos ayuntamientos de varias entidades que decidieron implementar sus propios ordenamientos.

Así las cosas, en algunos municipios de México se aprecian reglamentos que se refieren a “la Comisión de Box y Lucha Libre”; mientras que otros optaron por llamarlos con denominaciones como “Reglamento de Lucha Libre y Boxeo”; es decir, el título no importa, se trata de un esfuerzo legislativo municipal por tratar de regular y revestir de seriedad la práctica de estos deportes en comento.

Sin embargo, subsisten dos grandes problemas con relación a la regulación de estas disciplinas, sobre todo en el ámbito profesional:

Si bien los municipios pueden legislar y crear sus ordenamientos; la libertad legislativa con que los ayuntamientos de México y de Coahuila expiden sus bandos y reglamentos, hace que sean pocos los que se preocupan por el tema señalado, y por tanto no crean las disposiciones legales correspondientes, quedando la regulación de estos deportes sujeta a una discrecionalidad enorme, con las consecuencias lógicas del caso.

Es por ello que en el Congreso de Coahuila las y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte y Juventud de este Honorable Congreso; presentamos una iniciativa para crear la Ley de Box y Lucha Libre para el Estado de Coahuila. Considero que es momento de ver por estos deportistas que tanto le han dado a nuestro país y nuestra entidad, y esta ley puede ayudar a profesionalizar y regular ambas disciplinas.

Hace algunos meses presenté un punto de acuerdo en el Congreso de Coahuila para que el Gobierno estatal, a la brevedad posible, convocara a las instituciones bancarias acreedoras de los adeudos contraídos con motivo de la megadeuda que padece nuestra entidad, para el efecto de que se analizara la posibilidad y viabilidad de celebrar un convenio modificatorio o “adendum”, para que durante todo el periodo que dure la emergencia sanitaria y económica que está provocando en el país la pandemia del coronavirus, se omitieran los pagos de las mensualidades pactadas, así como sus respectivos intereses, sin penalidad o acumulación de dichas prestaciones, porque dadas las circunstancias actuales que padecemos los coahuilenses, este apoyo que se solicitó a la banca la verdad es que resulta necesario e indispensable para atemperar las graves condiciones que se nos avecinan. Dicha proposición fue aprobada en forma unánime por este Poder Legislativo.

Ahora, en fecha reciente, nos enteramos de que el Gobierno del Estado ha solicitado a las dos cámaras del Congreso de la Unión la suspensión o pausa temporal en el pago del servicio a la deuda coahuilense, y con ello estar en condiciones de contar con recursos para hacer frente a las prioridades más apremiantes que tenemos en el estado. En su comparecencia ante comisiones de este Poder Legislativo, el secretario de Finanzas Blas Flores, explicó los pormenores del acuerdo alcanzado con Banobras, y de las limitaciones que se enfrentan con la banca privada en relación con las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera. ¿Y qué dice la Ley de Disciplina Financiera?

Artículo 38.- Cuando el Estado en cuestión se ubique en un nivel de endeudamiento elevado, según el Sistema de Alertas previsto en el siguiente capítulo del presente título de esta Ley, el Congreso de la Unión, a través de una comisión legislativa bicameral, analizará la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas, planteada en los convenios a que hace referencia el presente capítulo. En estos casos, la comisión legislativa bicameral podrá emitir las observaciones que estime pertinentes en un plazo máximo de 15 días hábiles contados a partir de la recepción del proyecto de convenio, inclusive durante los periodos de receso del Congreso de la Unión.

La comisión legislativa bicameral que se establecerá para estos fines, deberá estar integrada por ocho miembros, cuatro de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República y cuatro de la Comisión de Hacienda y Crédito Público o de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. La presidencia de la comisión legislativa bicameral se ejercerá, de manera alternada, por un diputado y por un senador, con una periodicidad de un año.

Es momento de apoyar las medidas que, sin importar quién las proponga, sean benéficas para todas y todos los coahuilenses. Nuestro estado enfrentará enormes retos financieros en 2021, tanto los generados por la pandemia, como las graves afectaciones producidas por los recortes presupuestales insensibles e infames de la Presidencia de la República a nuestro erario. Por eso es importante tomar en cuenta que a mucha gente hoy en día, le sobra mes al final del sueldo.

El 9 de septiembre de este año, presenté ante el Congreso de Coahuila una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, en materia de construcción de fraccionamientos, para castigar a los servidores públicos que otorguen licencias de edificación y permisos en lugares que no son viables para vivir. En México, como en muchos países, el crecimiento de la población, y por ende de la mancha urbana, ha traído desde hace más de 15 años, nuevos y complejos problemas que las autoridades, en muchos casos, deciden no enfrentar y pasar por alto, dejando a grandes grupos humanos en riesgo de sufrir cuantiosas pérdidas materiales, daños a la salud, mala calidad de vida o en ciertos casos, hasta la muerte.

Nos referimos a los fraccionamientos construidos en zonas de alto riesgo de inundación, deslaves, derrumbes del suelo, falta de viabilidad de agua, nulo acceso a servicios básicos, incluso lugares que anteriormente fueron usados como rellenos sanitarios. Fraccionamientos que, para su edificación y en apariencia, sus desarrolladores cumplieron con todos los requisitos de la ley y de la reglamentación municipal para ser construidos. Pero no es así, no hubo cumplimiento sino simulación, no existió apego a derecho y formalidades de parte de las autoridades, solo corrupción.

Los factores que han llevado al grave fenómeno de la construcción de fraccionamientos en zonas de estas características es compleja y simple de entender a la vez, en primer lugar, tenemos el crecimiento acelerado de las ciudades, especialmente de las más grandes en cada estado, aunque el fenómeno no es ajeno a municipios más pequeños. Luego tenemos la migración constante de las zonas rurales y de otras ciudades a las grandes urbes en busca de una mejor calidad de vida de parte de jóvenes en busca de empleo, y de familias enteras que huyen de la pobreza, de la falta de oportunidades, de la inseguridad de sus regiones o simplemente, deciden emprender la aventura de probar suerte en otro lugar.

Sin embargo, todo lo antes mencionado no es justificación para crear viviendas en zonas inadecuadas, que no garanticen certeza jurídica al ciudadano, sin servicios, sin agua, con riesgo de inundación, deslave o hundimientos de terreno, no. La realidad es que lo hacen solo como un factor para generar demanda de vivienda, lo cual es a final de cuentas parte de una realidad social y económica. La industria inmobiliaria genera decenas de miles de empleos en el país y no es “pecado” alentarla.

Si bien, analizar los aspectos ambientales, hidrológicos, de mecánica de suelos y los relacionados con el cambio climático resulta esencial, estamos hablando de todos los trabajos previos, estudios y análisis que se deben hacer de parte de las autoridades y los desarrolladores para llegar a la parte final que nos interesa del proceso: la autorización de un nuevo fraccionamiento que se supone, fue permitido en zona segura, con acceso a agua, sin riesgo de inundaciones, deslaves o hundimiento de suelos….¡Pero en los hechos no es así!

Las razones para que se construyan fraccionamientos en zonas de alto riesgo o prohibidas confluyen todas en una sola: corrupción. El desarrollador quiere ganar dinero vendiendo o rentando sus viviendas, la autoridad municipal quiere hacer lo mismo allanando el camino y las “dificultades” al desarrollador.

En otros casos, la corrupción se da entre quienes hacen los estudios previos de riesgo, de mecánica de suelos, de factores hidrológicos, etcétera, falsificando los resultados, ocultando la verdad a cambio de dinero. Cualquiera que sea el caso, las autoridades que otorgan las licencias y permisos finales cargan con toda la responsabilidad, con toda la culpa, pues tienen el deber de verificar todo, de revisar el atlas de riesgo, de pedir opinión a los comités competentes, de analizar los antecedentes de la zona y de verificar que se cumplan todos los requisitos de ley.

En este orden de ideas, creo que la tierra que no tenga viabilidad de uso de agua, terrenos tan lejanos que es imposible para cualquier Gobierno llevar los servicios básicos, por supuesto aquellos que fueron rellenos sanitarios, confinamientos de materiales peligrosos, terrenos rellenados con desechos urbanos municipales y los derechos de vía por donde se conduzcan materiales peligrosos deben formar parte de aquellos predios que estén prohibidos para construir viviendas, por eso es importante que la legislación actual, tanto código penal, como la Ley de Vivienda y Ordenamiento Territorial, prevea todos los casos posibles y no deje cabos sueltos que en su momento justifiquen construcciones en terrenos de este tipo. ¡Los ciudadanos merecen vivir mejor!

En las últimas semanas se ha dado a conocer la inminente aprobación del uso lúdico de la mariguana en nuestro país. La iniciativa de ley prevé la creación del Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis, como un organismo público desconcentrado de la Secretaría de Salud encargado de regular, reglamentar, monitorear, sancionar y evaluar el sistema de regulación del cannabis.

La propuesta establece el deber de las instituciones garantes del derecho a la salud, para que estas rijan su funcionamiento de acuerdo a los principios de dignidad humana, disponibilidad, accesibilidad, que incluye cuatro dimensiones superpuestas, que son:1) no discriminación; 2) accesibilidad física; 3) asequibilidad y 4) acceso a la información.

Asimismo, establece que deberán contar con calidad en cuanto a cumplir con los requisitos de sanidad y salubridad, autodeterminación de las personas, reconociendo y protegiendo el derecho a adoptar sus propias decisiones relacionadas con el uso del cannabis, justicia social a través de medidas afirmativas, perspectiva de género, perspectiva multicultural y por último progresividad.

Destaca en la reforma la prohibición de comercializar, distribuir, donar, regalar, vender y suministrar productos de cannabis para uso adulto a menores de edad, además de emplear a menores de edad en actividades de comercio, distribución, donación, regalo, venta y suministro de cannabis; establece que la persona que incumpla esta determinación será sancionada penalmente conforme a la legislación aplicable.

Igualmente, prohíbe conducir cualquier vehículo, equipo o maquina peligrosa bajo los efectos del THC, superiores a los establecidos por el Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis, siendo sancionado con multa de hasta 100 Unidades de Medida y Actualización, dando la posibilidad a la autoridad competente.

En lo que respecta a la producción de cannabis para uso personal, la iniciativa de ley permite sembrar, cultivar, cosechar, aprovechar, preparar y transformar hasta 20 plantas de cannabis en floración, destinadas exclusivamente para uso personal en propiedad privada, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos.

Además, la iniciativa permite a los usuarios fumar cannabis en espacios públicos, con excepción de los espacios 100% libres de humo de tabaco. Del mismo modo establece que la venta de cannabis y productos derivados del mismo para uso adulto se delimitará a establecimientos específicos, los cuales solo podrán vender exclusivamente cannabis, sus derivados y accesorios. Para tal efecto, le corresponde al Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis, determinar los puntos de venta autorizados.

Lo que debemos destacar –esto es parte del debate– es que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que algunos artículos de la Ley General de Salud resultaban inconstitucionales en las porciones normativas que establecen, específicamente la prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos –sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar– del estupefaciente “cannabis” (saliva, índica y americana o mariguana, su resina preparados y semillas) y de los psicotrópicos “THC” (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: L16” (1 Oa), Ll6” (7), L17, L18, L19, L11 O, L19 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto, conocido como mariguana.

La declaratoria de inconstitucionalidad sobre algunas disposiciones normativas no es un pase libre para aumentar el gramaje y legislar toda la cadena y posibles usos de la mariguana, el mandato de la Corte versa sobre la inconstitucionalidad de las disposiciones normativas referidas, ponderando el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

La Corte no autorizó la comercialización, suministro, enajenación, o distribución de cannabis. No se autorizó el consumo de otros estupefacientes y psicotrópicos. La Corte no se pronunció sobre la despenalización de la mariguana, en sentido estricto se refiere a las disposiciones normativas que declaró inconstitucionales.

¿Y que motivo o cuál es la justificación para legalizar su producción, distribución y uso? Hay dos aristas en este último concepto, su uso medicinal me parece que puede justificarse, pero el uso lúdico es el que genera la controversia.

Dentro de muchas cosas, yo destacaría que uno de los principales argumentos se centra precisamente en el uso lúdico. Quienes están a favor aseguran que legalizar la cannabis podría ayudar a combatir el narcotráfico, en lugar de atacarlo con armas, y así podría haber un cambio pragmático para disminuir la violencia generada por los cárteles, así como poder crear más empleos en la industria del cultivo e incentivar al sector farmacéutico para producir nuevos medicamentos que puedan combatir enfermedades.

No coincido. Si revisamos información de los países en donde se ha legalizado la mariguana, el narcotráfico no disminuyó ni un ápice. Las drogas como la cocaína y el cristal incluso crecieron en zonas legalizadas de mariguana. Los adictos por la legalización crecieron de forma exponencial.

Desgraciadamente, con el paso del tiempo suele pasar que las apariencias se desdibujan, las palabras y frases rimbombantes en el debate se olvidan, los asuntos morales quedan de lado y los grandes objetivos planteados se disipan. Y lo único que queda son los resultados, los números.

Y es lo único que realmente termina importando, si no, pregúntenle a Uruguay, que después de legalizar la mariguana, más de la mitad de los consumidores de mariguana sigue comprándole al narcotráfico.

Este último dato proviene de un estudio francés: Cannalex, del Instituto de Altos Estudios de Seguridad y Justicia y del Observatorio Francés de Drogas y Toxicomanía (OFDT), que analizaron como le fue con la regulación a Uruguay y a los estados norteamericanos de Washington y en Colorado, que en 2012 fueron los primeros en legalizar la mariguana. ¿Y saben que concluyó el estudio? Legalizar la mariguana contribuye a aumentar su consumo.

Lo dejo de tarea.

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es un documento que contiene provisiones de derechos humanos y fue proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea en el año 2000 en Niza.

Una versión revisada de la Carta fue proclamada posteriormente en diciembre del 2007 en Estrasburgo, la Carta de los Derechos Fundamentales es legalmente vinculante para todos los países con excepciones de Polonia y Reino Unido. La versión actualizada de la Carta fue firmada por el presidente del Parlamento Europeo, Hans-Gert Poettering, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, y el primer ministro portugués José Sócrates, presidente del Consejo Europeo en ese entonces. La carta no forma parte del Tratado de Lisboa (estaba previsto que formara parte de la Constitución Europea, pero al no aprobarse esta, se modificó la previsión), pero por la remisión en el Artículo 6 del Tratado de la Unión Europea tras la reforma de Lisboa se hace vinculante para todos los estados, con excepciones para los dos citados.

Además de la Carta propiamente dicha, la Convención que la elaboró redactó también unas Explicaciones que detallan el origen de cada precepto, y sirven como guía para la interpretación de la misma. Hasta ahí vamos bien.

En Coahuila, la Constitución en su Artículo 194 establece a partir de una reforma hecha en 2005, que las Cartas de los Derechos Fundamentales Locales y demás leyes fundamentales locales, serán parte de la Ley Suprema Coahuilense. Este bloque de la constitucionalidad local se conformará y modificará bajo el mismo procedimiento, previsto en el Artículo 196 de esta Constitución.

Lo que no sabemos, es ¿que motivó a aquellos legisladores de Coahuila a modificar el Artículo 194, de la Constitución Local para darle cabida a esta expresión de las cartas de los derechos fundamentales? Quizás haya sido un “fusile” de las Cartas de Derechos de la Unión Europea, que en ese caso específicamente, al no aprobarse una sola Constitución para los países que conformaron dicha unión, ahí si, a través de las famosas Cartas de Derechos, lograron un rasgo útil, necesario y distintivo de unión de esos países que hoy integran la comunidad Europea.

Incluso en alguna ocasión allá por 2007 en el Congreso local, fue motivo de debate este tema y algo que en su momento, Horacio del Bosque quien fuera diputado del PRI, dijo en tribuna que se había dado a la tarea de revisar, de analizar y de estudiar con seriedad la iniciativa de reforma que presentaron en aquel entonces los tres poderes, y que se podían dar cuenta de que en la exposición de motivos jamás se hacía referencia o análisis a la figura de las cartas de los derechos fundamentales; “nunca se razona, nunca se pondera, nunca se evalúa en la exposición de motivos de esta iniciativa suscrita por los tres poderes en relación a esa especie de ‘chipote’ que fue la inclusión de la Carta de los Derechos, más allá, si revisamos el dictamen, que se deriva de esa iniciativa de reforma, suscrita por los tres poderes, y analizamos y revisamos detalladamente los considerandos, nunca vamos a encontrar una referencia directa, otra vez, a la modificación del Artículo 194 de la Constitución”.

Y agregó “en ese sentido, en el derecho parlamentario elemental, nos encontramos con un vicio oculto, con un vicio y con una intencionalidad en donde nunca vamos a saber realmente cuál fue el espíritu que motivó al autor o a los autores de esta iniciativa a promover tal reforma al 194 y yo tengo la sospecha, personalísima, que nunca se quiso entrar a este debate. Yo creo que si bien es cierto, la figura existe actualmente, en el 194 Constitucional, también tenemos que reconocer que es una figura que no está sustentada, que no está razonada y si hubiese la necesidad de entrar a un litigio no entenderíamos, ni conoceríamos cuál fue el espíritu, la intencionalidad o la motivación del legislador, es un asunto muy serio y muy grave, porque un cambio tan radical a la Constitución, no motivarlo, no fundamentarlo, no sustentarlo pues, queda simple y sencillamente al garete...”.

Lo cierto, además de los argumentos ya señalados, es que las cartas fundamentales no tienen cabida en nuestra estructura jurídica y legislativa, no forman parte de la jerarquía de las leyes que establece el 133 constitucional, cuyo texto dispone:

“…Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas”.

Para tal efecto, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ratificado y definido los alcances de este dispositivo constitucional en diversos criterios en materia constitucional. Otros problemas, además los constitucionales que nos plantean las cartas fundamentales, es que terminan siendo un despropósito legislativo, ya que no tiene caso colocar en estos textos lo que ya existe en leyes formales vigentes y en las constituciones locales como en la federal.

Y por ende se genera sobre legislación; lo que se puede plasmar en una sola ley, o en un solo apartado, termina supra desarrollado innecesariamente y plasmado en textos diversos, como en este caso, las Cartas Fundamentales. No existe la concreción ni la abreviación legislativa, tan necesaria para hacer accesibles las leyes a los ciudadanos.

Por todas estas consideraciones, consideré más que justificado, que la figura de las “Cartas Fundamentales” sea removida de nuestro texto constitucional. Por ello, presenté una reforma para modificar el Artículo 194 y eliminarla de la redacción.

Creo que por sobre todas las cosas, se debe respetar y hacer respetar la supremacía constitucional y evitar a toda costa reformas pretenciosas y redundantes que solo buscan simular arte de vanguardia.

México tiene una ley muy importante para la regulación y manejo del presupuesto federal; una ley que impide que un Presidente haga y deshaga a su antojo con los recursos de la nación, que los maneje discrecionalmente o que su capricho decida en qué y cuándo gastarlos. Es la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Sin embargo, el Presidente de la República no acata esta ley ni sigue el orden que la misma dispone, por un lado, presume finanzas sanas, ahorros, dice él, por más de 500 mil millones de pesos por combate a la corrupción y por austeridad republicana, sin embargo, en los hechos, y de forma totalmente discrecional, está echando mano de todos los recursos financieros a su alcance, con el pequeño detalle de que son recursos destinados a otras áreas que son sensibles y prioritarias, nos referimos a los fideicomisos que ordenó desaparecer por conducto de sus grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión, con el objeto de contar con más de 68 mil millones de pesos para invertirlos con total discrecionalidad donde él considere. Tal y como lo ha hecho con otros recursos de los que ha dispuesto en las mismas condiciones de total opacidad.

Las preguntas son obvias: ¿para qué arrebatar los 68 mil millones de los fidecomisos si él cuenta con 500 mil millones en ahorros? ¿Para qué donar su aguinaldo para la lucha contra el Covid, y además ordenar recortarlo a todos los altos mandos de la Administración federal con el mismo fin, si cuenta con 500 mil millones en ahorros?

Entre los fideicomisos extinguidos figuran: El Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología, Fondo de Innovación Tecnológica de la Secretaría de Economía, Fondo Sectorial Conacyt-Secretaría de Energía, Fondo de Desastres Naturales, Fondo de Financiera Rural, Fideicomiso Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), Fondo Sectorial para la Innovación, Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. De igual manera, en el listado figuran: Fondo Institucional del Conacyt, Fondo Sectorial de Investigación Ambiental, Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, asimismo, el Fondo Metropolitano, entre otros.

El Presidente dice que los fideicomisos debían desaparecer porque eran manejados con corrupción y falta de transparencia; curioso el argumento, ya que, de ser el caso, la solución más simple y práctica era dotar a los mismos de un mecanismo de transparencia y ya. Pero no, el Presidente se entrampa en sus dichos y decide desaparecerlos.

Señala el Presidente que, en lo sucesivo, para el año que entra dichos recursos serán aplicados con total transparencia, pero sabemos que no es verdad, como no lo ha hecho con ningún recurso actualmente. Ni él ni su secretario de Hacienda han promovido la creación de controles de transparencia del presupuesto, ni han promovido reforma alguna a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ni a los demás ordenamientos fiscales y financieros del país en materia de transparencia en el ejercicio de los recursos del erario; por lo que es dable suponer que todo es una farsa, una mentira más, una promesa más que jamás cumplirá el Jefe del Ejecutivo, mientras áreas sensibles como salud, Insabi, seguridad pública municipal, desastres naturales, ciencia y tecnología, deporte y prevención de la violencia se quedan sin recursos para cumplir sus metas y objetivos más esenciales.

Como legisladores locales y siendo nuestro Poder Legislativo parte del Constituyente, debemos hacer todo a nuestro alcance para impedir y revertir estos atropellos al erario nacional que se conforma con las contribuciones de todas y todos los mexicanos.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.

Vamos por pasos. El Pacto Fiscal no es como se cree erróneamente, un pacto por medio del cual los estados de México se mantienen unidos como nación. Y contrario a lo que se supone, salirse del Pacto Federal, no significa que el que se sale se convertirá en una nación independiente, libre y soberana, y que sus ciudadanos deberán usar pasaporte para ir a los demás estados.

No, el Pacto Federal, que refieren los medios de forma errónea, es en realidad el Pacto Fiscal Federal, se refiere al pacto celebrado de forma política y jurídica entre los estados y la Federación para manejar y llevar adelante el sistema tributario nacional, el manejo y sustentabilidad del PIB, y la distribución de la riqueza. El Pacto Fiscal Federal es el acuerdo entre los estados y la Federación para unificar algunas atribuciones y mantener otras de manera autónoma. En términos presupuestarios, el pacto se rige particularmente por la Ley de Coordinación Fiscal.

Es importante distinguir entre Pacto Fiscal y Pacto Federal. El primero supone -como lo dijimos- únicamente la cesión voluntaria de potestades tributarias a la Federación y el segundo es la cesión de una parte de la soberanía de las entidades a otro ente general llamado Unión o Federación. En ese sentido, la salida de una entidad federativa del Pacto Fiscal de ninguna manera supondría su salida del Pacto Federal.

Este marco normativo tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal, y dar las bases de su organización y funcionamiento.

Como resultado de esta coordinación fiscal, la Federación ha acumulado un conjunto de facultades y atribuciones para imponer contribuciones y atraer, así, la mayoría de los ingresos potenciales, como el Impuesto Sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, entre otros, con lo que se emplaza a las entidades a depender financieramente del Gobierno central, según un análisis de Movimiento Ciudadano.

El tema de una posible salida del Pacto Federal de algunas entidades, incluida por supuesto Coahuila, surgió debido a que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2020 se observa que los recursos previstos para los gobiernos locales, que se integran por participaciones, aportaciones, convenios de coordinación en materia de descentralización y reasignación, así como subsidios, suman 1.97 billones de pesos, menor en 0.5% real con relación al presupuesto aprobado para el 2019.

La propuesta de Morena argumentaba que existen 2 mil 300 delegaciones y subdelegaciones del Gobierno federal en las 32 entidades de la República y que se debía “conservar exclusivamente las necesarias, generando ahorros y dotando al ciudadano de certeza al acudir a realizar distintos trámites”.

El resultado salta a la vista dos años después: las dependencias federales en los estados están pulverizadas, hay colapso de servicios, las personas en estado de indefensión, no hay oficinas por ejemplo de Profeco locales, etcétera.

El Pacto Federal en su versión de federalismo fue vulnerado de forma amplia por esta reforma y por la creación de las superdelegaciones, un ejercicio de centralismo del poder como no se había visto antes. Los gobernadores de 12 estados en concreto, hoy se duelen de la disminución de sus recursos y participaciones para el ejercicio fiscal 2020.

Ante los recortes en sus participaciones y asignaciones que van desde los mil 500 hasta los 5 mil millones de pesos, gobernadores del país amenazan con salirse del Pacto Fiscal Federal. Para concluir, me parece que entre las ventajas más significativas de la salida del pacto, está:

I.- Que los estados recuperarían el control de todos sus recursos, y...

II.- Que podrían establecer planes presupuestales de largo plazo, conociendo de antemano los que recaudarán.

Al tiempo, hoy se trata de cerrar filas, por supuesto en nuestro estado, pero principalmente en todo el país, para que el federalismo se haga respetar.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.

Ahora durante el pasado proceso electoral en el que tuve a bien participar como candidato del Partido Accion Nacional, la agrupación Metrópoli Laguna me solicitó vía Twitter mis propuestas en materia metropolitana. La Laguna es un área metropolitana importante, principalmente en lo que se refiere a la economía, ¿pero qué se hace actualmente desde el Poder Legislativo para fortalecer la relación –ademas de económica– en materia de seguridad, de desarrollo urbano, movilidad, agua o sustentabilidad?

La visión metropolitana en centros poblacionales como lo es la Comarca Lagunera, donde sus habitantes comparten problemáticas similares y retos de toda índole semejantes, es impostergable. En Coahuila, tenemos un claro ejemplo de coordinación en trabajo conjunto y de coordinación metropolitana, en el rubro de la seguridad pública, bajo el modelo de un Mando Único Metropolitano de La Laguna, el cual ha dado resultados buenos, de ahí, que este sea el momento más idóneo y oportuno para realizar las adecuaciones a nuestro marco normativo, para crear jurídicamente esas instituciones que permitan gobernabilidad metropolitana, bajo acuerdos, convenios y reglamentos que consoliden el desarrollo económico, territorial, de uso de suelo, mejora regulatoria, de salud, educación, de movilidad, distribución de agua y de todas aquellas políticas públicas que puedan ser compartidas bajo la óptica de construir una Gobernanza Metropolitana de La Laguna.

Para ello deberemos detectar, en coordinación con la ciudadanía todas las áreas de oportunidad con las que contamos, y así se eviten tomar decisiones fragmentadas que inhiban el desarrollo de nuestras comunidades, consolidando una agenda común bajo la premisa de ponderar las que sean las más apremiantes, haciendo obligatoria la coordinación entre los entes gubernamentales, mediante la armonización legislativa correspondiente, y bajo los mejores parámetros y estándares de calidad en el servicio público.

Por ello, de entre mi plataforma electoral para este pasado proceso electoral resaltaré aquellas con visión metropolitana principalmente:

1. Una sola tarifa del transporte público para estudiantes en la zona metropolitana de La Laguna.

2. Reformas a la Ley de Transporte del Estado, para que las rutas del transporte público garanticen que los centros poblacionales o instituciones y educativos, tengan fácil acceso a las líneas del transporte público metropolitano.

3. Otro tema importante que se necesita retomar y que mi compañero diputado a Fernando Izaguirre lo hizo, es la realización de encuentros periódicos entre diputados locales de Coahuila y Durango, por comisiones, para atender las problemáticas comunes de La Laguna relacionadas a los servicios públicos básicos.

4. De estas reuniones interinstitucionales con los legisladores de ambos estados, deberá diseñarse una fuerte campaña de cultura y cuidado del agua metropolitana. Es decir, las reformas que se hagan en materia de “asentamientos humanos” u “ordenamiento territorial” deberán regionalizarse y homologarse para optimizar el servicio de agua.

Es muy importante señalar que para una verdadera gobernanza metropolitana necesitamos adecuar las leyes y marcos regulatorios de ambos congresos estatales. Esa sería la clave del éxito para que se gobierne con perspectiva metropolitana, sin embargo hay otro elemento clave: la voluntad política. Sin este elemento, de poco servirán las reformas que se implementen en la materia. Me parece que es tiempo de actuar y comenzar a tener una visión metropolitana que nos fortalezca intermunicipalmente.

Los órganos de control o contralorías tienen, entre otras atribuciones, las de combatir la corrupción en los términos de las facultades que les confiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás ordenamientos aplicables; así como supervisar las compras y pagos de la administración pública con base en las leyes de adquisiciones y arrendamientos, y tutelar todo los referente a las responsabilidades objetivas de los servidores públicos, siendo los encargados de los procesos sancionadores en sus ámbitos de competencia. En su momento, el 10 de julio de 2018, presentamos ante esta soberanía una proposición con puntos de acuerdo que versaba sobre “iniciar los trabajos necesarios para dar cumplimiento a la armonización y creación del marco legislativo en materia de responsabilidades administrativas del estado”, en concreto, la designación de los contralores de los organismos públicos autónomos del estado.

El resultado es conocido y este Poder Legislativo dio paso a los trabajos correspondientes para que, previa convocatoria pública, designar a los contralores de cada organismo autónomo. Sin embargo, persiste un problema y es el siguiente: al revisar las leyes orgánicas de cada uno de estos organismos, en unas se reconoce a los contralores autonomía técnica y de gestión, lo que les permite trabajar sin presiones de los titulares de cada organismo para impedir que realicen los procesos anticorrupción que establece la ley. Mientras que otras leyes no dicen nada de la autonomía técnica y de gestión, es decir, no la poseen.

Resulta claro que el hecho de que sean designados por mayoría calificada del Congreso no les garantiza su autonomía técnica ni la libertad de trabajar sin presiones de los titulares de cada organismo autónomo. Creemos que se trata de un faltante muy importante en la materia.

Y si bien algunos podrían proponer que entonces se modifiquen una a una las leyes de cada organismo; lo cierto es que la autonomía técnica y de gestión debe estar garantizada desde la Constitución y en su caso, ratificada en las leyes orgánicas de cada organismo autónomo. Actualmente, de acuerdo con la revisión que hicimos de sus leyes orgánicas, algunos organismos como la Comisión de Derechos Humanos; la Comisión de Arbitraje Médico e incluso la UAdeC, poseen contralorías sin autonomía técnica y de gestión.

Otro detalle muy importante, es que, entre contralorías de unos y otros, en algunos casos no tienen atribuciones señaladas, mientras que en otros casos sí, pero, difieren en atribuciones entre ellos. Contralores sin independencia para trabajar jamás podrán cumplir a cabalidad con los extremos del sistema anticorrupción ni con los de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por eso son necesarias reformas profundas a la ley y por lo pronto presenté en esta pasada sesión del Congreso de Coahuila, una reforma a la Constitución para que los órganos internos de control de los Organismos Públicos Autónomos contaran con autonomía técnica y de gestión.

Esto ayudará a que este importante departamento no se supedite al titular del organismo, contando con independencia real, de modo tal que ayude a combatir de mejor forma y sin simulaciones, el combate a la corrupción.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.

No debemos confundir la educación en casa o “Homeschooling”, como se le conoce también, con otras formas de educación, como lo es la educación a distancia o virtual o el sistema mixto que combina clases presenciales y virtuales, justo como se hace ahora que enfrentamos la pandemia generada por la Covid-19.

La educación en casa es un derecho al que los padres pueden apelar si desean educar a sus hijos en el seno del hogar, y no tiene relación con actividades clandestinas o con la evasión de la responsabilidad de educar a los hijos en el nivel básico como lo establece la Constitución federal. Nada de eso. Es un derecho, una opción, un camino y una forma que los padres o tutores de los niños pueden elegir.

Mucho antes de la pandemia, hablamos del año 2017, se calculaba según datos conocidos, que existían más de 5 mil familias en México que practicaban la educación en casa; de ese universo, más de 50 en Coahuila.

Educar a los hijos en casa, de acuerdo con las experiencias recabadas, puede hacerse de distintas formas, siendo la más tradicional, que los padres, ambos o uno de los dos, se encarga de apoyar, instruir y supervisar la educación que reciben sus hijos, desde el nivel preescolar hasta la secundaria e incluso
el bachillerato.

No es un acto de rebeldía, ni de rechazo al sistema oficial o incluso el privado. Es solo una opción que los padres pueden elegir para educar a sus hijos en un entorno y circunstancias que consideran más favorables para ellos, o que, por motivos de seguridad para sus hijos lo consideran apropiado.

Si bien el aspecto económico puede jugar un papel a la hora de optar por la educación en el hogar, esto es relativo, pues los niños y adolescentes educados de tal forma deben adquirir libros, cuadernos y todo el material didáctico que solicita una escuela convencional, incluso, en muchos casos, se realizan gastos mayores en material didáctico que en un sistema tradicional, por ende, el aspecto económico en cuanto a libros y material escolar no guarda relación con la decisión de educar a los hijos en casa.

No se trata de un juego, los gobiernos siguen teniendo el derecho de tutelar que los padres que optan por este sistema, en verdad cumplan con educar a sus hijos en casa y que estos obtengan las certificaciones correspondientes.

En mis recorridos como legislador, me he topado con gran cantidad de padres de familia que preguntan por la educación en casa, por su legalidad y su viabilidad, para la mayoría, incluso en sus mentes creen que es una utopía, algo que no existe. Y muestran un enorme interés en explorar este método de educación.

Como ya se aclaró, las dos dudas principales han quedado resueltas: la educación en casa es un derecho constitucional de los padres y los niños. Y segundo; los estudios realizados en casa se validan antes las autoridades educativas mediante las evaluaciones que estas acuerden con los padres o grupos de padres que practican la educación en casa.

Debemos garantizar desde nuestra Constitución este derecho para bien de todas y todos los coahuilenses.

El 17 de diciembre de 2018, en esta tribuna se dio lectura al dictamen que derivó en diversas reformas a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza. De acuerdo con las exposiciones de motivos de las iniciativas que comento, los argumentos expuestos, de manera breve, se refieren a problemas como los siguientes:

I. Que (las bolsas de plástico) tardan entre 150 y mil años para desintegrarse en el ambiente.

II. Que únicamente 1% de las bolsas son recicladas.

III. Que son fabricadas principalmente a base de petróleo, el cual no es renovable y es muy costoso: inclusive utiliza grandes cantidades de este combustible, generando emisiones de gases efecto invernadero.

IV. Que cuesta 100 veces más reciclarlas que producirlas.

V. Las bolsas no recicladas se convierten en basura que terminan en el drenaje o en costas y mares, ocasionando inclusive la muerte de gran diversidad de especies, al confundirla con comida.

VI. Algunas de las partículas que emiten las bolsas al desintegrarse son tóxicas, como es la tinta para su diseño.

VII. La cantidad en la que se producen comparada con la cantidad eliminada, no es sostenible y si muy perjudicial, no solo para el ambiente, sino también para los seres humanos.

En México, concretamente en la Ciudad de México, se prohibió la entrega de bolsas plásticas al consumidor final, que no estén sujetas a los criterios y normas para la producción y el consumo sustentable, según su Ley de Residuos Sólidos.

Otro caso es el de Baja California, donde se aprobó en su Ley de Protección al Ambiente, la prohibición a los establecimientos comerciales de proporcionar bolsas de plástico de forma gratuita, advirtiendo que el costo deberá correr a cargo del consumidor final.

En similares términos aprobó el Ayuntamiento de Querétaro, el 13 de diciembre de 2017, su Reglamento de Protección Ambiental y Cambio, en el que prohíbe proporcionar a los consumidores cualquier tipo de plástico desechable para el acarreo de productos, ya sea en forma gratuita u onerosa.

Uno de los principales problemas de la contaminación en nuestros días, lo constituye el uso indiscriminado de plásticos creados a partir del petróleo y sus derivados. Esta situación se explica en razón de que dicho elemento, al ser un material procesado de alta resistencia, cuenta con un grado de degradación que se puede extender hasta por 300 años.

Esta circunstancia ha impulsado al reciclado de los productos fabricados con plásticos; pero, el reciclado tiene limitaciones, además de que, en el proceso es necesario utilizar procedimientos que generan una mayor contaminación al medio ambiente.

En los transitorios de la Ley que aprobamos, se estableció un periodo de 12 meses para la plena entrada en vigor de la prohibición, y una periodicidad gradual para que los distintos tipos de comercios puedan cumplir en plazos más que razonables con esta obligación. Es decir, hubiera iniciado la prohibición definitiva el pasado 15 de septiembre, ¿pero porque no fue así? Explico.

Las leyes siempre son perfectibles, más aún cuando se trata de reformas innovadoras que modifican un paradigma histórico. En relación con estas reformas que hemos comentado, han surgido diversas inquietudes expresadas por los distintos actores involucrados en el proceso, desde los clientes afectados, hasta los dueños de las tiendas y comercios, y de las fábricas de las bolsas, que guardan relación con los aspectos siguientes:

I.- La falta de especificación de los materiales que deben o pueden ser usados para la fabricación de bolsas ecológicas o reciclables.

II.- La falta de especificación para los tipos de materiales que deben o pueden usar. Por ejemplo, los negocios de comida, aquellos que entregan sus productos envueltos en materiales plásticos.

III.- Las atribuciones de las autoridades municipales.

IV.- La forma en que se apoyaría a los negocios que fabrican bolsas de plástico y recipientes de unicel, ante la eventual afectación económica y pérdida de empleos que resentirán por la prohibición.

Atendiendo a los argumentos expuestos, el diputado Jaime Bueno, presentó una reforma a la misma ley, que da marcha atrás a la prohibición definitiva de bolsas plásticas y poliestireno expandido, para buscar mejor la culturización a partir de la promoción de uso de bolsas reutilizables o ecológicas y no afectar a la industria y a miles de empleos. Esta reforma ya se aprobó el pasado mes de julio.

Sin embargo, consideré pertinente realizar algunas otras adecuaciones a la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de nuestra entidad, en lo que referente a las bolsas de plástico y demás productos similares, para hacer más claro, preciso y eficiente su contenido, y de esta manera evitar confusiones.

Una de las principales adecuaciones tiene que ver con la intervención de la autoridad municipal para dar seguimiento, multar, supervisar que se respeten las normas técnicas y la otra para que el Estado apoye con recursos a la industria de bolsas plásticas y estos materiales, para que logren la transición hacia productos naturales como palma, nopal, caña, etcétera, y que sus costos de producción y venta no sean ya elevados, cuidando la generación de empleos, pero además el medio ambiente.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.

Si bien Coahuila tiene una Ley de Transporte y Movilidad Sustentable que establece las bases y las reglas para la movilidad, lo cierto es que gran parte de la movilidad recae en los municipios, pues estamos hablando de calles, avenidas, bulevares, y en general infraestructura que es más de competencia municipal que estatal. Y, muchos municipios ni siquiera han creados sus reglamentos de movilidad sustentable.

La experiencia internacional dice que no se logra la movilidad creando más y más puentes, más pasos a desnivel; se debe fomentar el uso de transportes alternos como la bicicleta y la motocicleta, se deben establecer horarios y rutas para la carga pesada, nuevas reglas de tránsito y en generar medidas.

Los trenes ligeros, el metro, y desde luego, el transporte público, pero aquel conformado por unidades en perfecto estado mecánico y con una planeación de rutas e itinerarios que permita al usuario la comodidad y la eficiencia en su transportación diaria.

La mala planeación de las vialidades es otro factor que incide en una mala movilidad de las grandes ciudades; los especialistas apuntan incluso a factores que en el pasado, cuando las ciudades aún no crecían mucho, no fueron previstos por las autoridades competentes; entre otros: calles estrechas, falta de puentes o pasos a desnivel, construcción de miles de viviendas sin cochera o con opción a un solo auto por unidad habitacional, la inexistencia de ciclovías, la falta de planes y acciones para invertir en medios de transporte ecológicos y eficientes, la falta de estacionamientos públicos y pensiones en las áreas de mayor concentración de autos, etcétera.

Propongo la creación de una Ley de Movilidad Sustentable que solo regule esta materia y no sea mixta como la vigente que regula además el transporte. Además, el Congreso debe apoyar legislativamente a los municipios que no cuentan con reglamentos de movilidad sustentable.

Debe ser una obligación legal que, en lo sucesivo, todos los planes de desarrollo urbano y los que son exclusivamente habitacionales, conlleven la movilidad sustentable en sus integraciones, de tal suerte que no tengamos más calles estrechas, calles donde nadie se puede estacionar, casas sin cochera, ausencia de pasos peatonales, y ausencia de ciclovías.

En México, como en muchos países, el crecimiento de la población, y por ende de la mancha urbana, ha traído desde hace más de 15 años nuevos y complejos problemas que las autoridades, en muchos casos, deciden no enfrentar y pasan por alto, dejando a grandes grupos humanos en riesgo de sufrir cuantiosas pérdidas materiales, daños a la salud y la pérdida de la vida misma. Nos referimos a los fraccionamientos construidos en zonas de alto riesgo de inundación, deslaves y derrumbes del suelo. Fraccionamientos que, para su edificación y en apariencia, sus desarrolladores cumplieron con todos los requisitos de la ley y de la reglamentación municipal para ser construidos. Pero no es así, no hubo cumplimiento sino simulación, no existió apego a derecho y formalidades de parte de las autoridades, solo corrupción simple y llana.

Los factores que han llevado al grave fenómeno de la construcción de fraccionamientos en zonas de alto riesgo, prohibida por la normatividad es compleja y simple de entender a la vez, en primer lugar, tenemos el crecimiento acelerado de las ciudades, especialmente de las más grandes en cada estado, aunque el fenómeno no es ajeno a municipios más pequeños. Luego tenemos la migración constante de las zonas rurales y de otras ciudades a las grandes urbes en busca de una mejor calidad de vida de parte de jóvenes en busca de empleo, y de familias enteras que huyen de la pobreza, de la falta de oportunidades, de la inseguridad de sus regiones o simplemente, deciden emprender la aventura de probar suerte en otro lugar.

Si bien, analizar los aspectos ambientales, hidrológicos, de mecánica de suelos y los relacionados con el cambio climático resulta esencial, estamos hablando de todos los trabajos previos, estudios y análisis que se deben hacer de parte de las autoridades y los desarrolladores para llegar a la parte final que nos interesa del proceso: La autorización de un nuevo fraccionamiento que, se supone, fue permitido en zona segura, sin riesgo de inundaciones, deslaves o hundimiento de suelos… ¡Pero en los hechos no fue así!

Las razones para que se construyan fraccionamientos en zonas de alto riesgo o prohibidas confluyen todas en una sola: corrupción. El desarrollador quiere ganar dinero vendiendo o rentando sus viviendas, la autoridad municipal quiere hacer lo mismo allanando el camino y las “dificultades” al desarrollador. En otros casos, la corrupción se da entre quienes hacen los estudios previos de riesgo, de mecánica de suelos, de factores hidrológicos, etcétera, falsificando los resultados, ocultando la verdad a cambio de jugosas cantidades de dinero. Cualquiera sea el caso, las autoridades que otorgan las licencias y permisos finales cargan con toda la responsabilidad, con toda la culpa, pues tienen el deber de verificar todo, de revisar el atlas de riesgo, de pedir opinión a los comités competentes, de analizar los antecedentes de la zona y de verificar que se cumplan todos los requisitos de ley.

Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia de la República enarbolando diversas banderas sociales: paz, seguridad, servicios médicos de primer mundo para todos, crecimiento económico del 6% anual, disminución de los precios de los combustibles y de la energía eléctrica, y la principal de todas: combate frontal a la corrupción, incluyendo el someter a procesos legales a los expresidentes aún con vida.

Al momento, ¿que promesa ha cumplido? Ninguna. Y no solo hay incumplimiento total, sino que las situaciones que prometió solucionar están peor que nunca, peor que con su predecesor, que fue considerado incluso por AMLO como un Gobierno totalmente fracasado en todos los rubros sociales más apremiantes.

Si entramos a las cifras, a los datos reales, aquellos brindados por las mismas instituciones que ahora él comanda, como el Inegi, el IMSS, la Secretaría de Salud, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Segob, y otras dependencias y organismos que a diario lo desmienten, lo hacen quedar mal, no acabaríamos, este pronunciamiento se extendería por una docena de cuartillas o más. No es el caso, nos centraremos en un solo tema: la corrupción:

Al Presidente le gusta repetir con frecuencia que la corrupción se ha terminado en su Gobierno gracias a su santa voluntad, y a que él –debemos entender– ha ordenado que la corrupción se acabe. Como si fuese una herida que se atiende con un curita y una aspirina.

“El Presidente del combate a la corrupción” ha establecido cifras y récords históricos, que lamentablemente no son para presumir en una placa en una pared: Ha llevado a cabo el mayor número de adjudicaciones directas y discrecionales de contratos de obra, adquisiciones y servicios de la historia, desdeñando los controles y la transparencia que se obtienen bajo los procesos de licitación establecidos en la ley.

Otro caso es el de las empresas y casas de Bartlett, fue el primero de una larga lista de fracasos que pusieron en evidencia que para él (y su Gobierno) el combate a la corrupción es un tema de agenda política personal, de distracción, y sobre todo, de simulación.

El caso de los Ackerman y sus millonarias propiedades, el de Ana Guevara, los autoperdones de impuestos de altos mandos de su Gobierno, etcétera, sumaron un ramillete de evidencias de que estamos ante un Gobierno que no planea ni quiere combatir la corrupción, vaya, ni siquiera pretende en verdad ajustarle las cuentas a quienes considera sus enemigos. Solo pretende el Presidente lo que en política se llama “acalambrar”, asustar un poco, forzar negociaciones con sus enemigos, pero nada que represente un cambio para México en materia de
transparencia.

Lozoya es un ejemplo de ello, lo convirtió desde el primer día en que ya no pudo ocultar el fracaso económico y en materia de seguridad de su Gobierno en su distractor favorito, y seamos honestos, eso es Lozoya para AMLO; ¿quién se puede creer que, de todos los funcionarios de Pemex, solo uno sea perseguido y procesado? Por qué no a Deschamps, por qué no a los subdirectores, por que no al exsecretario de Energía, por qué no a los financieros dentro de Pemex? O, como dicen los especialistas, ¿Acaso en todo el Gobierno de EPN, solo en Pemex hubo corrupción? No. Cuando existe un solo perseguido, en realidad tal persona es una moneda de cambio, es un factor de presión política, es un peón para manda un mensaje, pero no un mensaje de honestidad y combate a la corrupción, sino de un mensaje político electoral, y, además, mantener distraída a la opinión pública.

Ya casi no hay mexicanos que crean en el falso combate a la corrupción del Presidente, pues en el colmo del cinismo, ahora pretende que creamos que se “autoinvestigarán él y los suyos”. El Presidente y su Gobierno han dividido a los mexicanos, han debilitado a las instituciones, se ha jugado y se ha burlado la fe que fue depositada en él como persona y como Presidente; se ha ofendido la inteligencia del pueblo que lo eligió de la manera más burda que se pueda hacer.

Es hora de llamar a la concordia nacional, a la seriedad, al respeto al estado de derecho, a poner fin a la simulación y a dejar que las instituciones funcionen correctamente, dejando de lado la idea de que un hombre que habla todas las mañanas por la televisión dice la verdad, y además tiene todas las soluciones para México, cuando en realidad, nuestra nación se cae a pedazos.

*Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.

El regreso a clases, con mínimas diferencias en las entidades federativas y de acuerdo con la política federal marcada por la Secretaría de Educación Pública, será de manera virtual. Sin embargo, hablando de educación virtual, este programa ya demostró sus graves deficiencias durante la cuarentena, propiciado porque existe un gran porcentaje de la población sin acceso a internet y sin aparatos para recibir la señal (como celulares, laptops y tabletas), la falta de planeación y de logística, y las limitaciones de los grupos vulnerables.

Si bien es verdad que con el uso de la señal de televisión se puede cubrir a casi el 94% de la población, en realidad esta es la única ventaja destacable, pues las desventajas son muchas, a saber, endosando porque en la televisión no existe interacción alguna maestro/alumno y es imposible aclarar dudas o hacer preguntas. Los especialistas apuntan a dos cosas: el sistema televisado ya se ha probado en áreas rurales en el pasado, y si bien funciona parcialmente, arroja resultados educativos muy pobres para el educando, siendo superados ampliamente por sus similares que acudieron a educarse en un sistema tradicional.

Pero esto es lo de menos -por lo pronto-, existen otros problemas que deben afrontarse con el sistema virtual y el televisivo, como el caso de las madres solteras y jefas de familia. En México, siete de cada 10 mujeres trabajadoras son madres. Para 2018, de acuerdo al INEGI, 28.9% de los hogares mexicanos estaba encabezado por una mujer, es decir, una jefa de familia.

Las políticas erróneas del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador además pulverizaron el sistema de guarderías mexicano, que era y es una demanda del sector desde hace lustros y que, con problemas y todo, se había traducido en una realidad esencial y necesaria para la supervivencia de los hogares. Luego, debemos sumar a esto los hogares donde ambos padres trabajan, ya que el ingreso de uno solo es insuficiente, otra vez el problema es: ¿quién se hace cargo de los hijos durante las jornadas laborales?. Estas consideraciones, además de su servidor, son compartidas por muchos especialistas.

Desde luego no se trata de regresar al sistema presencial a fuerza y con todos los riesgos que implica, pero sí se trata de enfrentar la realidad con soluciones analizadas por expertos, con recursos, con tecnología y, sobre todo, atacando los problemas que impedirán aún más el adecuado aprendizaje de los niños, como la falta de guarderías, de planes para madres jefas de familia, para padres donde ambos trabajan, de planes para niños con problemas de aprendizaje, etcétera.

El regreso a clases propuesto por el Gobierno federal es una idea floja, carente de planeación y totalmente ajena a la realidad; y nuestros hijos e hijas merecen un sistema educativo que atienda el riesgo de la pandemia, pero a la vez, erradique y solucione los problemas que habrán de enfrentarse en millones de hogares en materia educativa.

En pasada sesión de la diputación permanente del Congreso del Estado de Coahuila, solicité a la Secretaría de Salud federal, a los titulares del IMSS y del ISSSTE, y por supuesto a la Secretaría de Salud del estado de Coahuila a que, conforme a sus atribuciones, consideren la implementación –lo antes posible– de un protocolo de apoyo y seguimiento de los pacientes de Covid-19 que son dados de alta. La implementación de un protocolo de estas características, que de seguimiento a los pacientes de coronavirus luego de recibir el alta hospitalaria, para apoyarlos y ayudarlos, más allá por supuesto de solo saber si el paciente se siente bien o ha recaído, por medio de llamadas telefónicas, es una medida que urge para llegar al siguiente nivel en cuanto al combate de este virus.

En lo personal, he recibido quejas y reportes de ciudadanos que son familiares de pacientes que por fortuna han sobrevivido al Covid-19, luego de estar internados, algunos de ellos muy graves y que, finalmente, de acuerdo con el criterio y experiencia médica son dados de alta y enviados a sus casas a terminar de recuperarse.

En este sentido considero que debemos plantearnos dos supuestos: el primero, quienes son dados de alta en relativo buen estado de salud, y además en condiciones físicas y mentales suficientes para que incluso puedan valerse por sí mismos y realizar sus actividades esenciales como: preparar comida, asearse, tomar sus medicamentos, autoevaluar sus signos vitales y demás actividades, y el segundo supuesto, aquel grupo de personas que, generalmente, son de la tercera edad, y son dados de alta, pero sus condiciones debido al daño generado por el virus, sumado a enfermedades crónico degenerativas como la hipertensión, diabetes y otras, o bien, problemas relacionados con trastornos mentales, no permiten valerse por sí mismas y necesitan, por lo menos durante un tiempo prudente, de apoyo médico o asistencia especializada, hasta estar en mejores condiciones.

En otros países como España, se crearon protocolos precisos para el seguimiento de los pacientes dados de alta; como el denominado, Seguimiento de Pacientes con Covid-19 tras el Alta Hospitalaria. Documento para Atención Primaria, en el que se establecen las condicionantes para dar a un paciente de alta, incluyendo pruebas adicionales de coronavirus y dependiendo de los resultados, se dispone una serie de medidas a seguir con el alta, incluyendo periodos adicionales de aislamiento en casa, cuando las condiciones particulares y familiares de cada caso lo permiten.

En los otros donde el paciente no tiene quién lo auxilie en el hogar o este no puede hacerlo por sí mismo, se establece que sean enviados a centros especiales para su cuidado por parte del estado y las instituciones médicas.

En nuestro país, simple y sencillamente no tenemos los mecanismos o medidas para los casos antes señalados, y los pacientes y sus familias están sufriendo. Urge que se creen protocolos para atender este tipo de casos, y que las altas se den bajo entornos y condiciones más éticas, profesionales y razonadas para que cada situación en particular, sea atendida con sus características propias y se ofrezca a los pacientes y sus familias todos los apoyos necesarios.

El tema de la “exoneración” de Humberto Moreira lo ha traído el presidente López Obrador porque ha querido culpar al Gobierno de su acérrimo rival electoral, Felipe Calderón, sin embargo, esta información es falsa.

Para empezar, la exoneración te la da un juez y Humberto no fue sometido a un proceso penal, simple y sencillamente el Ministerio Público ante una investigación derivada de denuncias anónimas determinó que no encontró elementos que acreditaran los hechos que se le vertían en ese entonces, lo cual no quiere decir que ya la libró. Por supuesto que Moreira todavía puede pagar por sus delitos, y lo explico a continuación.

Se confunden dos temas: la PGR puede llevar adelante tres tipos de investigaciones: investigaciones rápidas con base en denuncias con poco sustento o anónimas; puede también abrir una carpeta de investigación con base en denuncias presentadas por una autoridad y además denuncias aglutinadas, que es cuando se juntan denuncias para investigar un determinado tema.

En el caso de Moreira, y de esta denuncia, ya se había aclarado que fue una denuncia con base en dos correos que se enviaron diciendo que Moreira se había enriquecido ilícitamente, entre otros delitos, por lo tanto se solicitó en aquel entonces que de manera exprés se cruzara información con la Comisión Nacional Bancaria, y entonces se basaron en comparar sus declaraciones patrimoniales.

No quiere decir que se haya hecho una investigación a fondo, por lo tanto no es que se le haya exonerado, simplemente no se encontraron los elementos que se le señalaron en los correos anónimos en esa investigación, porque no era una carpeta formal.

Esto no quiere decir que ya no se le pueda hacer nada, que Humberto sea intocable, que es lo que ha tratado de decir AMLO para culpar a Calderón. En la actualidad, todavía existen las dos averiguaciones previas que en su momento presentó PGR y Federico Döring cuando era senador, ambas siguen abiertas y por su puesto en cualquier momento, cuando Estados Unidos envíe requerimientos al Gobierno mexicano, o elementos para que abran una investigación, lo van a tener que hacer.

Con Jorge Torres López pasó igual. Todos en el Gobierno en aquel momento dijeron que no había elementos y que su fortuna era legítima, tan es así que se llegó a manejar que en una investigación hecha en Coahuila, lo absuelven en los hechos y en lo moral, ¿y dónde está ahora? En la cárcel.

Desde luego desde la 58 Legislatura del Congreso de Coahuila y las que le siguieron, en reiterados puntos de acuerdo se ha pedido en forma directa a la Fiscalía General de la República que nos entreguen versiones públicas de las carpetas abiertas por la deuda o contra su artífice, Humberto Moreira.

Por supuesto, la constante ha sido que esos puntos fueron votados en contra o enviados a la congeladora. Y en otras ocasiones, cuando hemos pedido que esto se solicite por medio de la Fiscalía General del Estado, igual todos han sido votados en contra por las fracciones afines a aquellos gobiernos. En fin, aún hay mucho por hacer, pero de que Humberto no la ha librado, no la ha librado.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.

Diversas organizaciones ciudadanas, por conducto de los medios de comunicación, manifestaron un tajante posicionamiento durante varias semanas ante la posibilidad de que Luis Fernando García Abusaíd contendiera como candidato a ocupar la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), ya que incumplía con varios de los requisitos que establece la ley, además de que el aspirante se colocaba en una situación de conflicto de interés evidente puesto que había sido miembro de la Comisión de Selección del SEA, situación que lo inhabilitaba por haber sido parte el proceso de integración del Consejo de Participación Ciudadana (CPC).

Además, se le señalaba por formar parte de actividades relacionadas con el quehacer gubernamental. Entre otros: de 2009 a 2011, Luis García fue coordinador de Asesores y Proyectos Estratégicos del Ejecutivo estatal, y de 2005 a 2008 fue secretario técnico del Ejecutivo estatal durante la administración de Humberto Moreira.

La función del Sistema Estatal Anticorrupción tiene como objeto “establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de los entes públicos en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Asimismo, es la instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política en la materia, estableciendo bases de coordinación para homologarse con el Sistema Nacional”, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 6 de la ley que lo regula.

Es obvio que, por ende, el secretario técnico debe reunir un perfil de neutralidad a toda prueba, ser ajeno a compromisos de, o con el Gobierno estatal y sus autoridades y funcionarios; y, como lo establece la Ley del Sistema Anticorrupción, contar con “experiencia verificable de al menos cinco años en materias de transparencia, evaluación de políticas públicas, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la
corrupción”.

Y a final de cuentas cómo lo comenté, generaba mucha polémica el hecho de que Luis Fernando García había sido parte de los gobiernos de Humberto Moreira y Jorge Torres.

Y dicho y hecho, al final la unión de las organizaciones de la sociedad civil, que alzó la voz al unísono, fusionándose con la madurez del mencionado aspirante, me parece logran un gran triunfo, no solo para la ciudadanía, que se debe motivar a participar aún más en estos organismos, si no para el propio sistema, que se llena de una dosis –pequeña– de credibilidad.

Todo cambio de régimen político afecta a millones de vidas, removiendo las emociones, que van desde el miedo hasta la esperanza. Pero los hechos en sí, son en realidad el término de un proceso largo, un cambio que ha ido evolucionando a lo largo de un periodo más o menos prologando. La pregunta sería: ¿es posible construir un modelo que describa el proceso de la caída de una democracia que contribuyera a comprender mejor, qué la ocasionó y cómo fue su dinámica?

Los problemas de estabilidad y ruptura de los sistemas políticos han sido el tema de muchos estudiosos desde hace mucho tiempo, desde la quiebra democrática hasta su estabilidad. La mayoría de los estudios a lo largo del tiempo han sido más enfocados a la correlación entre las características sociales, económicas y culturales de un país, que en la dinámica de los procesos de crisis y caídas de los regímenes existentes o la consolidación de otros nuevos.

Al tiempo que esto ocurría, los historiadores han proporcionado datos de los sucesos y cambios sociales, económicos y políticos que produjeron esos drásticos momentos que llevaron a Castro, Putin, Fujimori, Mussolini, Hitler, Trump o López Obrador al poder, o como en Francia, que provocaron un cambio de rumbo en la batalla por la supervivencia de la democracia.

Esos análisis, escritos y memorias son una diente muy importante para comprender estos procesos políticos. Por lo tanto, para entender la situación que hoy guarda nuestro país, es útil combinar el conocimiento de los sucesos que proporcionan los relatos de los historiadores mundiales y los informes de los politólogos y sociólogos que estudian tanto causas comunes y cierta secuencia de acontecimientos que expresan esta conciencia en actitudes de enojo, tragedia o hartazgo.

En México, como en la mayoría de los países de Latinoamérica, la manera de entender los cambios estructurales que ha sufrido -para mal- nuestra democracia, parten del análisis de las características sociales e infraestructura socioeconómica, que actúan limitando o restringiendo la elección de los actores políticos.

Sosteniendo que el proceso de derrumbamiento democrático está suficientemente explicado por las grandes desigualdades sociales y económicas, la concentración del poder económico, la dependencia económica hacia otros países y la inevitable defensa de los privilegios que terminan con las instituciones democráticas. ¿Pero qué pasa cuando estos cambios se dan en Europa o como ocurrió en 2016 con la llegada de un autócrata como Trump, en los Estados Unidos?, ¿qué dio lugar a que se colara en el sistema un extremista?, ¿quién se relajó? O ¿quién no alzó la voz?

Para entenderlo tendríamos que analizar a profundidad cada caso y tomar en cuenta la idiosincracia de cada nación, la realidad, es que una vez que ocurren estos cambios drásticos, el comportamiento de los gobernantes para matar la democracia siempre es igual.

López Obrador es un buen ejemplo de esto, pero no solo de hoy, si no desde 2006. Este comportamiento cada vez es más claro en su discurso: el rechazo a las reglas democráticas del juego, la voluntad de no acatar las disposiciones que la ley confiere, negarse a aceptar resultados electorales declarando fraude (hasta la fecha lo repite) o autoproclamándose guardián de los procesos electorales (denostando al INE).

Pero eso no es todo, el comportamiento de autócrata del Presidente es repetitivo y se refleja también en el contenido de cada una de sus “mañaneras”, al describir a sus adversarios políticos como contrarios a “su orden constitucional”, afirmando en todo momento que sus rivales constituyen una amenaza para la seguridad nacional o equilibrio del país, sin tener argumentos, también opta por describir a la oposición como un grupo de delincuentes conservadores, es poco tolerante a la crítica y busca en todo restringir las libertades de los medios de comunicación. Sí, todo eso ocurre en México y no nos hemos dado cuenta.

La quiebra democrática avanza en silencio, sin que nos demos cuenta, pero se encuentra en constante crecimiento. Es tiempo de actuar, el 2021 será una gran oportunidad para luchar por nuestra democracia!, de lo contrario, podríamos lamentarlo por mucho tiempo. No exagero, basta analizar diariamente el discurso oficial y analizar la historia del mundo.

Se puede, si lo conseguimos, que no me queda duda que así será, Mexico será una patria todavía más grande!

Las cifras más recientes nos ofrecen un panorama negativo: México, cuarto país con más muertos por Covid-19, con 35 mil fallecidos.

Como una absoluta mentira, como en muchas otras cosas, recordaremos la frase inicial de AMLO, cuando aún no llegaba el virus a nuestro país: “aquí sí vamos a manejar bien la situación, aquí no tendremos que andar usando cubrebocas como en otros gobiernos” (haciendo alusión a 2009, cuando el Gobierno federal recomendó el uso de cubrebocas con motivo de la influenza); y posteriormente cuando nos alcanzó, su famoso: “ya domamos la pandemia”.

Y ni qué decir de Hugo López-Gatell y el “pico máximo de la pandemia” que asegura, desde hace meses, llegará la “semana siguiente”, y la siguiente, y la siguiente.

El encargado del Gobierno federal de mantener informado al país diariamente del avance del Covid-19, ha fallado en todo y de manera amplia, sus cuentas y estadísticas se han derrumbado por sí solas ante el fracaso de una estrategia que desde el inicio presentó serios errores, como lo señalan los expertos, para empezar no se contuvo al turismo internacional desde los primeros contagios, los sistemas de salud carecían y siguen careciendo de los insumos, materiales, medicinas y aparatos necesarios para hacer frente a la enfermedad y a sus síntomas más agresivos, así como para proteger al personal de salud que ha presentado docenas de fallecidos, prueba irrefutable de las pésimas condiciones en que se encuentra el sistema sanitario nacional y además nunca se realizaron suficientes pruebas de detección del Covid-19; las proyecciones ofrecidas por el subsecretario López-Gatell respecto al “aplanamiento” de la curva también fallaron completamente.

Pero sobre todas las cosas y pifias, es increíble que el Gobierno federal recargara toda la toma de decisiones en los estados, abandonándolos a su suerte y a sus limitados recursos para contener la pandemia y sus consecuencias. De esta manera, el regreso a la actividad se hizo con total ausencia de estudios y análisis serios sobre su viabilidad, teniendo como consecuencia que los contagios se han disparado.

Y para mayor mal, ante la evidencia, Hugo López -Gatell decide tratar de salvarse de lo que resulta inevitable: es decir, el descontrol de la pandemia y un eventual escenario muy negativo para el país, culpando absurdamente a los gobernadores. Esto lo hace justo cuando varios estados de la República, como Baja California Sur, han anunciado el colapso de sus hospitales, algo que el “gobierno de la Cuarta” y López-Gatell aseguraron que jamás sucedería.

En fecha 11 de julio, se dio a conocer que el subsecretario Hugo López-Gatell tiró la toalla, dejó “congelado” el semáforo sanitario y echó la responsabilidad a los gobernadores, a quienes acusó de deficiencias en la atención sanitaria y sus consecuencias, así como por la falta de información oportuna.

“Decidimos hoy no presentar el semáforo porque identificamos que la información que se transfiere para evaluar el semáforo no es consistente en todos los estados”, dijo el también vocero del Gobierno federal en su conferencia nocturna. Fin de la cita. El presidente Andrés Manuel López Obrador sale al quite, y afirma que “la pandemia de Covid-19 va a la baja, pero persiste la del “alarmismo de la prensa conservadora”. Es decir, enfrenta la realidad como siempre lo hace, negando la verdad y afirmando lo contrario de forma temeraria e irresponsable.

Es preocupante que en voz del subsecretario López-Gatell, se tenga la evidente intención de culpar a los gobernadores de los estados de los rebrotes y del fracaso en todas las proyecciones y cálculos que estimó la Federación por medio de él mismo. No cabe duda que, al gobierno “de la grilla”, encabezado por López Obrador, se le fue de las manos la oportunidad de ser un gobierno de verdad, un gobierno que tomara el control de la situación. Lejos de eso, es un gobierno que no solo en este tema, sino en todos, echa culpas, se queja y reniega “del país que le dejaron los conservadores”, que dicho sea de paso, hoy muchos de ellos, son figuras en su Gobierno. En fin, mucho circo y poco gobierno.

Seguramente todos nos hemos preguntado si las decisiones que se han tomado por las autoridades a raíz de la pandemia por Covid-19, tanto en la Federación (principalmente), entidades federativas como en los municipios han sido las correctas.

Si el confinamiento era después y no en marzo, que si se precipitaron en reactivar la economía, que si la solución eran los toques de queda o la multa a quien no respetara las medidas, etcétera. La verdad es que estamos ante un escenario distinto, al que nunca nos habíamos enfrentado como sociedad y obviamente como Gobierno.

Aun así, a todos nos queda el sinsabor de “si efectivamente sirvió encerrarnos, de si sirvió de algo que cerraran empresas, que se detuviera la actividad y que miles de hogares se quedaran sin sustento si hoy, que se reanudó parcialmente la economía, los contagios se dispararon”. Las preguntas concretas son: ¿Valió la pena confinarnos dos meses, si al final de todas formas nos contagiaríamos de forma exponencial?, ponderando, ¿Cuál ha sido el costo-beneficio de la reactivación?

Lamentablemente la Covid-19 ha obligado a todas las naciones afectadas a una decisión contrastante: ¿salud o economía? La cuarentena derrumbó las economías, más en países como el nuestro, donde el Gobierno federal fue incapaz desde un principio para enfrentar la pandemia y sus consecuencias. Pero, la apuesta era superar la crisis sanitaria, vencer al virus y erradicarlo de nuestro suelo; un sacrificio enorme debimos hacer todas y todos los mexicanos.

El sacrificio nos llevó a la parálisis de la economía que de por sí ya estaba afectada por las malas decisiones del Gobierno encabezado por AMLO. Vino la pérdida de millones de empleos, la reducción de salarios a la mitad, el cierre de miles de micros, pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas cerraron para siempre. Se contrajo drásticamente el consumo, los mexicanos se llenaron de deudas impagables, y los gobiernos, federal, estatales y municipales vieron reducidos sus ingresos ordinarios en forma alarmante.

Ahora el problema es que con la reapertura tenemos dos males: la pandemia no fue controlada, sino que sigue creciendo a paso veloz y la economía nacional y local enfrenta una crisis sin precedentes; soportada por un Gobierno federal indolente y ciego, que se comporta como si no pasara nada.

El temor es uno solo, y lo compartimos todos: ¿Qué va a pasar con la pandemia y con la economía? ¿Cuándo finalmente terminará esto? ¿Acaso debemos prepararnos para un escenario mucho peor? La información veraz y oportuna es nuestra mejor arma para conocer la situación real, por lo menos de nuestro estado, y saber cuáles son los pasos que debemos dar hacia el futuro inmediato.

La “nueva normalidad” trajo un alza notable en las confirmaciones de contagios y decesos en el país, pero a nivel estados el incremento es más pronunciado. Hasta el 30 de mayo –cuando terminó la Jornada Nacional de Sana Distancia– la Ciudad de México, el Estado de México, Baja California, Tabasco y Veracruz eran los estados que se encontraban en el top cinco con más registros.

A un mes de eso, Baja California salió de este grupo y entró Puebla. Los estados que porcentualmente hablando registran el alza más pronunciada son Nuevo León y Jalisco. Cómo saber a estas alturas qué hubiera sido lo mejor, la tardanza del Gobierno federal en reaccionar y las acciones anquilosadas se suman al sinsabor de la ciudadanía. Sin embargo, eso es toro pasado, el hubiera no existe. Lo que los gobiernos, empezando por el federal, deben hacer es poner en una balanza las decisiones tomadas y en coordinación absoluta con las entidades ver que se amolda mejor a cada una, salvaguardando principalmente la salud de los mexicanos, pero buscando cómo no afectar la economía.

Se dice fácil, pero de que se puede salir mejor librado, se puede.

El carbón sirve para la generación de electricidad, producción de acero y la fabricación de cemento. También los subproductos son parte de jabones, aspirinas, disolventes, colorantes, plásticos y fibras, como el rayón y el nailon. Siendo la energía eléctrica y el acero las principales.

De acuerdo con el documento Panorama Minero del Estado de Coahuila, realizado por el Servicio Geológico Mexicano, de la Secretaría de Economía, Coahuila produce 97.46% del carbón del país. En 2017 se sacaron de las minas de su territorio 7 millones 280 mil toneladas, con un valor de más de 4 mil millones de pesos.

No obstante, debemos señalar, que esa cifra fue disminuyendo año con año por lo menos desde 2013, cuando ascendió a más de 5 mil millones de pesos. En Coahuila hay dos regiones mineras: la de la Cuenca de Sabinas y la Cuenca de Colombia-San Ignacio.

Sin embargo, esta industria atraviesa por una grave crisis, al menos en 20 años, productores de carbón en Coahuila aseguran jamás haber vivido una crisis por la nula venta. Decenas de empresas en la Región Carbonífera se dicen víctimas de una “crisis política”, luego de tres meses de no ser adquirido el mineral por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De la minería, dependen alrededor de 30 mil familias, 10 mil de ellas tienen empleo directo, el resto es indirecto. Con la nula compra del carbón por parte del CFE, dejaron de circular entre 30 y 40 millones de pesos por semana en esta región y la economía prácticamente se detuvo.

Y todo porque “otra vez la burra al trigo” el Gobierno de la 4T detectó “malas prácticas”, “corrupción” y “monopolios” –uso el entrecomillado por que fueron los argumentos que se dieron–. Y entonces siendo el objetivo combatir estos vicios, al más puro estilo de la 4T quebraron de tajo la industria y dejaron a miles sin empleos. No crearon una estrategia para acabar con estos males que argumentaron aquejaban a la industria, si no que optaron por paralizarla (si le suena conocida esta historia lo mismo pasó con el combate al huachicol y lo mismo con la transición de seguro popular al Insabi).

A ver, todos estamos de acuerdo en que se haga justicia contra la corrupción, lo cierto es que en el caso de AHMSA pueden ser castigados quienes tengan que ser castigados sin que la empresa sufra, y permitir que esta siga funcionando a cabalidad, sin pérdidas y sin afectar a sus proveedores que son también generadores de empleos.

El odio del Presidente contra los que considera aliados de sus enemigos naturales, lo ha llevado a una política sin sentido, donde no le importa dejar en el desempleo y la pobreza a miles de coahuilenses, que dependen de AHMSA, de sus proveedores, de Micare y de la industria del carbón.

Es también el reflejo de un Gobierno que no sabe ni entiende lo que son las inversiones, la economía y el empleo.

De acuerdo con la Constitución federal, el Estado mexicano debe proteger, alentar y fomentar el desarrollo económico y, a la vez, asegurar la permanencia y vigencia de los elementos que conforman el motor de la economía nacional.

Si bien es verdad que los estados tienen libertad y autonomía legislativa para redactar sus constituciones locales, lo cierto es que deben apegarse a la Carta Magna federal en aspectos como principios, división de poderes, estructura básica de la administración pública, atribuciones de los poderes legislativos, judiciales y ejecutivos; constitucionalidad de las leyes, atribuciones de las autoridades emanadas por elección popular, etcétera.

Con el pasar de los años, los estados de la República adoptaron dos modelos principales de constitución local: el que se basa en reproducir grandes apartados de la Constitución federal, y redactando además lo que por lógica corresponde al ámbito local en los términos y condiciones que impone la Constitución General; y el que se limita solo a establecer que se respetará y se acatará todo lo dispuesto por la Carta Magna en materia de derechos humanos y garantías individuales, redactando el resto de sus contenidos con cierta libertad creativa e independencia.

Estos dos modelos o formas, los podemos encontrar en un porcentaje medianamente equilibrado entre todas las constituciones locales del país, incluyendo la de la Ciudad de México. Los estados tienen deberes en materia económica, pues esta no es una atribución exclusiva de la Federación.

Entre las atribuciones de los estados en materia económica, están las de garantizar el crecimiento sustentable de las actividades económicas; la de promover y apoyar la creación de nuevas empresas y negocios; la de proteger la actividad económica existente, en el entendido de que es la fuente de empleos, impuestos y generación de riqueza; la de estimular las inversiones nacionales y extranjeras, y proteger a la industria local, especialmente la mediana y pequeña, de los vaivenes de la economía, para evitar el cierre.

La pandemia que ha sufrido el país por causa del Covid-19 nos ha dejado muchas lecciones a los mexicanos, una ellas, la que nos interesa para los fines de la presente reforma, es que ni el Estado mexicano ni los estados de la República y la Ciudad de México estaban preparados para enfrentar las graves, extensas prolongadas afectaciones económicas generadas por este fenómeno sanitario.

Nuestra constitución local es de las que, justamente, no tienen casi referencias con la economía y el deber del estado de fomentarla y protegerla, como las entidades que ya hemos señalado.

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, anunció la conformación de una alianza con el Partido del Trabajo y el Partido Verde para “respaldar al Presidente de la República y las propuestas que intenta impulsar en el Congreso de la Unión” es decir, el próximo año se convertirá en una coalición electoral, pero de momento anuncian que su agenda conjunta será impulsar las locuras del Presidente. De hecho así lo dijo Ramírez Cuéllar: “más que anunciar una coalición electoral”, el objetivo es apoyar las reformas legislativas que se planten en ambas cámaras legislativas para concretar la denominada cuarta transformación.

El objetivo de los tres partidos políticos es “reiterar ese compromiso para defender la estabilidad política y social”, estabilidad que dicho sea de paso se han encargado de eliminar, buscando en todo momento dividir y polarizar al país. Pero bueno, ellos así le llaman.

Como todos sabemos, octubre será el mes de arranque para la contienda electoral de 2021 en el que se decidirá la conformación de la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y 29 congresos locales. A un año de que se lleven a cabo estas elecciones intermedias, el panorama político está profundamente dividido, en gran medida por los constantes señalamientos de López Obrador a las actividades de los líderes de oposición y organismos que no concuerdan con su visión de gobernanza, si esto le suena familiar, quizás lo sea, lo mismo hicieron Hugo Chávez en Venezuela, Fujimori en Perú, Putin en Rusia y hasta Trump en Estados Unidos. Descalificar a la oposición, desconocer las instituciones, señalar conspiraciones y echar culpas a los anteriores gobiernos es parte de la agenda de los autócratas.

El pasado 9 de junio, López Obrador presentó un documento, la verdad bastante “chafa”, en el que supuestamente se revelaba una estrategia para impulsar un Bloque Opositor Amplio (Boa) con el objetivo de la oposición de ganar la mayoría en la Cámara de Diputados en las elecciones de 2021 y retirarlo de la Presidencia a través de la revocación de mandato en 2022. A ver, en primer lugar dejar en claro que dicho documento lo más seguro es que no exista, ni mucho menos una conspiración armada y estructurada en lo “oscurito” para desestabilizar al país o dar un golpe de Estado, sin embargo, tanto ha polarizado al país el Presidente, tanto ha buscado dividir a la sociedad entre “chairos” y “fifís”, entre ricos y pobres, entre arquitectos y “maistros”, entre doctores y enfermeras, entre liberales y conservadores, que la sociedad ha comenzado a cansarse, a exigir resultados y a pedir gobernar más y grillar menos, y por supuesto que de forma natural; pero desde las instituciones, desde la sociedad y por supuesto desde los partidos, se ha formado un frente que no quiere que este Presidente mantenga mayoría en la Cámara y por supuesto que no permita ni por asomo reformas que le permitan perpetuarse en el poder o simplemente a Morena gobernar otro sexenio, porque sería la quiebra democrática de México.

Así lo hicieron, Chávez, Castro, Fujimori, etc.

Así pues, 2021 es el año en donde se definirá el futuro de México, no exagero, es el año en donde o retrocedemos o vemos hacia adelante, será el año que recordemos o como la consolidación tramposa, antidemocrática y antiinstitucional por varios años del régimen populista y extremista de López Obrador o el año en el que la democracia triunfó desde las instituciones para seguir construyendo una patria más grande y una vida mejor y más digna para todos.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es Diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.

El servicio de energía eléctrica es proporcionado -como todos sabemos- por la Comisión Federal de Electricidad (CFE, por sus siglas). Este servicio, junto con el del agua potable, el drenaje y el alcantarillado, forma parte del grupo de servicios esenciales que todo mexicano debe tener en su hogar, sea propio o arrendado.

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, abrogó a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que antes regulaba el desempeño de esta empresa estatal. Del contenido del artículo 4, se destaca que en “la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional”.

En primer lugar, debemos resaltar que estas disposiciones no se cumplen a cabalidad por la CFE y no existe transparencia financiera en el organismo. Mientras el Presidente de la República ha mencionado en diversas ocasiones que el organismo está bien, los datos oficiales apuntan a otra cosa. Pero lo que más nos preocupa y ocupa, es que no existe legalidad, certeza ni transparencia en la creación y modificación de las tarifas del servicio de energía eléctrica. Tan es así que incluso esta ley a la que hemos hecho referencia, no dedica ni un solo artículo al tema de las tarifas, ni uno solo. Todo su contenido es más que nada de tipo orgánico y en relación con las atribuciones de sus órganos, comités y unidades.

Desde el 2014, los mexicanos, desde los más pobres, hasta los empresarios, han debido enfrentar la discrecionalidad e impunidad de la CFE en materia de tarifas, debemos decir, con la complicidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En 2016, la Profeco dio a conocer que la CFE estaba en la cima de los prestadores de servicios con más quejas, para un total de 24 mil 403 en el periodo comprendido entre julio del 2015 a junio del 2016. Sin contar aquí las miles de quejas que los usuarios tramitaron directamente ante la CFE. En 2017, tan solo en el periodo de enero a febrero de ese año, la Profeco registró 2 mil 862 expedientes en contra de la CFE, otra vez, con el “privilegiado” primer lugar en quejas de entre los organismos prestadores de servicios; el 95% fue por abuso en las tarifas. En el 2018, la Profeco nuevamente coloca a la CFE en la cima de quejas; y de hecho admite que se le aplicaron sanciones, las cuales además, el organismo no paga. 2019 no fue la excepción.

El problema es que tenemos una constante, real, medible, cuantificable: todo indica que CFE abusa de modo sistemático, planeado y doloso de los usuarios para capitalizarse, ya que aumenta de modo arbitrario el costo en los recibos, sabiendo que no todos los ciudadanos van a reclamar. Se calcula que de cada cinco afectados, solo dos presentan reclamos, los otros tres se aguantan y se quedan así. A los que reclaman se les regresa una parte del cobro excesivo, no todo. Y de todos modos la empresa sale ganando. En el caso de que los incrementos no sean muy altos, el usuario resistirá sin quejarse, hablamos de montos de entre 30 y 80 pesos para usuarios de bajo consumo, y de 100 a 150 pesos para los de consumo medio y alto. De tal suerte, el robo hormiga de alto impacto está garantizado para el organismo. A esto se llama “aumentos invisibles”, que han sido “normalizados” ante el silencio del usuario. La ganancia para la empresa es de cientos o miles de millones al año, obtenidos ilegalmente.

Lo peor del caso, es que a muchos usuarios se les mantiene el aumento arbitrario como parte de una “nueva tarifa”, pero completamente ilegal. El único medio de prueba para defensa del usuario es el recibo, pero no existe medio de defensa formal, ni mecanismo que asegure el reclamo y su agilidad. Además, como señalan los expertos, los usuarios no tendrían por qué acudir cada dos meses a reclamar, siendo el caso que, además, la empresa, dolosamente, le apuesta al agotamiento del quejoso, a que se rinda tarde o temprano. Lo que más duele es que en este 2020, y durante el gobierno de “Primero los pobres”, nos topamos con que en plena pandemia, la CFE aumentó las tarifas del servicio, y si bien trató de desmentir esto, en realidad admitió el aumento, (no del 4% como señalaron los medios, fue un 1%, pero aumento al final). Cuánto daño le hace al país tener un solo proveedor de este servicio, que si bien -hay que decirlo- da un buen servicio, la zona de confort de ser los únicos y buenos (pero no honestos), los ha hecho abusar de las y los consumidores. Este problema solo se resolverá con una ley que establezca mecanismos de cobro legales, transparentes, verificables, auditables y eficientes.

El 31 de agosto de 1993 se publicaron en el Periódico Oficial del Estado dos decretos: el 296 que crea el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón (Simas Torreón) y el 301 que crea el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento Torreón-Matamoros (mejor conocido como Simas Rural). Y no es sino hasta el 9 de enero de 1998, que se publica el decreto 99 que crea el Simas Matamoros.

Los tres organismos tienen el mismo objeto: administrar, operar, conservar y mantener, el sistema de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales correspondientes a cada municipio. También pueden fijar cuotas y cobrar por dichos servicios.

La Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila establece que los servicios de los Simas estarán a cargo de los municipios y que puede ser a través de tres figuras: órganos descentralizados como Simas Municipal, entidades paramunicipales, o particulares concesionados como es el caso de Aguas de Saltillo. Adicionalmente se puede coordinar la prestación de servicios con un Sistema Intermunicipal, a lo cual en enero del 2015 se creó la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS), quien supervisaría las operaciones del Simas Torreón- Matamoros, mejor conocido como Simas rural.

Esto deja a los tres Simas (Torreón, Matamoros y Torreón-Matamoros) en una relación compleja respecto a su operación, ya que, si bien los tres están facultados para operar en su límite territorial, la sobreposición de un organismo intermunicipal difumina los limites en los que operan los otros dos organismos, considerando que la expansión de la población de ambos municipios ha hecho imperceptible la división no solo entre ellos, sino entre lo rural y urbano.

De acuerdo con la Conagua, el Simas Torreón-Matamoros cuenta con 17 títulos de derechos de agua de los cuales 12 se encuentran en la mancha urbana de Torreón, atendiendo a 38 mil 527 hogares de los cuales el 82.83% están en Torreón.

En la práctica, 27 años después de celebrado el decreto que daba lugar al famoso Simas Rural o Simas Torreón-Matamoros, actualmente en Torreón existen colonias o fraccionamientos perfectamente urbanizados en aquel territorio que alguna vez fue rural, el problema es que el desordenado crecimiento de Torreón ha ocasionado que un fraccionamiento o colonia sea vecino de un ejido y en algunos casos ocurre que el primero –en temas de agua– es administrado por Simas municipal y el segundo por Simas rural. Efectivamente, dos organismos distintos, con autonomía y dependientes de distintos órdenes de Gobierno, se encargan de este importante servicio.

La polémica se desata cuando vemos las capacidades de uno u otro organismo, el municipal si bien arrastra problemas desde hace años por los malos manejos, se defiende como gato “panza arriba” otorgando un servicio más pronto y expedito (para muestra las últimas semanas en donde se repararon varios de los pozos de distintos fraccionamientos del municipio y que hoy ya gozan de un servicio normal), mientras tanto –y sobre todo en ejidos de Torreón– tenemos la otra cara de la moneda, poca o nula presión y ciudadanos desesperados porque el Simas rural no resuelve.

Y es que los activos del Simas Rural ascienden a poco más de $74 millones de pesos, de los cuales, 83% están financiados por pasivos, que al final de 2018 sumaron $62 millones de pesos. Para este último periodo, su patrimonio total es de $12 millones de pesos, resultado de restar al patrimonio contribuido de $66 millones, un patrimonio generado de -$54 millones, compuesto de las pérdidas acumuladas de $38 millones en resultados anteriores y los $15 millones para el último año.

En comparación, el Simas Torreón cuenta $1,768.2 millones en activos, 23 veces más que el Simas Rural. De estos, solo 11.30% es representado por deuda. Estos activos generan nueve veces más ingresos, al contabilizar $680.7 millones en 2018, con un resultado del ejercicio positivo de $26.6 millones.

Una mejora considerable respecto al 2017 en donde se tuvieron pérdidas por $12.10 millones. El estrés financiero al que se enfrenta el Simas Rural no le permite mantener el objeto de su creación, situación que se agrava con el traslape en el servicio que ofrece con los otros organismos municipales, ya que mientras Simas Torreón tiene la capacidad operativa y financiera para atender a la ciudadanía, en la actualidad no están bien definidos los límites territoriales en los que debe operar cada organismo, haciendo necesaria una redefinición del esquema de trabajo.

El Simas rural presenta graves deficiencias en su servicio, que afecta de manera constante a la mayoría de los usuarios, principalmente de ejidos, sin posibilidad alguna de soluciones ni en el corto ni en el mediano plazo. Se encuentra rebasado en capacidad y recursos, y su existencia ya no tiene sentido alguno.

Siendo lo mejor para todos que sus funciones en el área que corresponda al territorio torreonense las realice el Simas Torreón. Imagínese estimado lector el día a día de la gente principalmente de ejidos, en plena contingencia, sin poder llevar muchos recursos que les permitan sobrevivir y además sin tener acceso –más que por pipas que van y llenan botes o cisternas– al vital líquido. Tenemos que hacer algo y pronto. La pregunta es, y toda esta gente ahora ¿Qué más debe aguantar?

La suspensión de nuevos proyectos de energías limpias o sustentables en nuestro país provocará la salida masiva de inversiones y la pérdida de la posibilidad de convertirse en un líder mundial en el sector. La suspensión al momento de nuevos proyectos de energías renovables sin duda abre la puerta a consecuencias irreversibles para los compromisos que se habían adquirido a nivel internacional. Y no solo eso, creo que se aleja la posibilidad para México de convertirse en una potencia mundial en energías renovables, ya que por su posición geográfica, la rentabilidad en este sector es muy alta. También se corre el riesgo de que al cerrar la puerta a los inversionistas de capital privado, estos los lleven hacia otros mercados.

Lo que también molesta es que el Gobierno de México, encabezado por López Obrador se “agarró” de la pandemia generada por el coronavirus para justificar la imposición de nuevas reglas que reducirán el papel de las energías limpias, como la solar y la eólica, otorgándole de esta forma “tiempo de compensación” a las viejas plantas de combustibles fósiles del Estado. Haga de cuenta que subieron al país a una máquina del tiempo y nos fuimos algunas décadas para atrás. El decreto emitido hace unos días por supuesto desató indignación entre expertos, clase política e inversionistas locales y extranjeros, a estos últimos incluso se les había permitido vender su energía a la red operada por el Gobierno. Asociaciones de la industria indicaron que la medida afectará a 28 proyectos solares y eólicos que ya estaban listos para entrar en operaciones, y a otros 16 en construcción, con una inversión total de 6 mil 400 millones de dólares, en su mayoría de compañías extranjeras.

En nuestro país la memoria del colectivo suele ser de corto plazo, hace tiempo ya se vislumbraban propuestas que generaban encono entre el presidente Andrés Manuel López Obrador (promotor de la industria petrolera paraestatal y opositor a los proyectos de energías renovables) y del sector privado. Desde que asumió el puesto en diciembre de 2018, llegó a cancelar una licitación planeada para la exploración petrolera privada y además forzó a compañías privadas a renegociar contratos de oleoductos. Las nuevas reglas “a merced” de los intereses de este régimen garantizan el ingreso para el proveedor de energía eléctrica del Gobierno, impulsan el consumo de las reservas gubernamentales de combustibles, reducen el papel de los generadores privados de energía, y evita las interrupciones en el suministro del viejo e inadecuado sistema de transmisión energética del Estado.

Es imposible no recordar a Ricardo Anaya –en la carrera presidencial– cuando en su plataforma electoral proponía dar prioridad a la agenda de sustentabilidad para desplegar políticas públicas que sean transversales para garantizar el desarrollo sostenible. En su propuesta, por supuesto también contemplaba dotar de una lógica ambiental a las políticas económicas, productivas, energéticas, educativas y culturales. Las cuatro propuestas incluían hacer que las energías limpias llegaran incluso a los hogares mexicanos, fijar límites de contaminación en las empresas, impulsar la movilidad de la gente de manera no motorizada y eléctrica mediante estímulos financieros, y buscar que al menos un tercio de las pequeñas y medianas empresas contaran con energía solar mediante un estímulo fiscal.

El plan de Anaya era que para 2024 las energías limpias representaran ya el 40% de la matriz energética (energías eólica, geotérmica, hidroeléctrica y solar).

En la actualidad, este tipo de energía representa el 20 por ciento. Con la decisión del Presidente no solo se estancará sino que comenzará a disminuir gradualmente. Como dato adicional la Ley de Transición Energética, publicada en 2015, establece que para 2024, México debe tener un mínimo del 35% de participación de energías limpias en el proceso de generación de electricidad. Que lejano parece todo esto después del anuncio dado por el Gobierno de México que a su más puro estilo autocrático, se aprovechó de la crisis sanitaria y además argumentó que había corrupción en el medio y que los contratos realizados a la fecha eran leoninos. Parece que el lema de la 4T es “para atrás para todo y hasta para agarrar vuelo”.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es Diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.

El pasado 15 de mayo se dieron a conocer algunas estimaciones referentes al impacto económico que tendría el Covid-19 en México. Para empezar, una contracción del 8% del Producto Interno Bruto y una caída del empleo formal de un millón 200 mil plazas. Bank of América estima que la mayor parte de los empleos perdidos han sido permanentes, y solo 3.6% eventuales. La apreciación del salario general indica que las pérdidas de empleos en los pasados marzo y abril ocurrieron en los sectores de más bajos salarios, como el comercio minorista, alojamiento y servicios de alimentos, construcción y manufactura. En ese contexto se prevé que al cierre de 2020, el saldo de un millón de empleos eliminados pase la factura a plazas permanentes y en el sector servicios. Se cree que el desempleo para finales del año ronde el 6%, una cifra récord.

En Coahuila, el Gobernador del estado ha admitido la pérdida de más de 22 mil empleos; sin embargo, las afectaciones económicas no se pueden medir solo por la pérdida de empleos, sino que se deben tomar en cuenta una serie de factores, como el cierre de micro, pequeñas y medianas empresas, que no podrán reabrir por la falta de recursos o por no poder enfrentar sus pasivos con proveedores y deudas con el fisco; la afectación que sufrió el sector turístico y de servicios, en especial hoteles y restaurantes, que por la misma crisis no tendrán la misma cantidad de clientes que antes de la cuarentena, pues el consumo se contraerá al existir desempleo y prioridad en el gasto familiar. Y por supuesto, el incremento en las necesidades de las personas que se ubican en pobreza y pobreza extrema y la afectación que sufrirán los padres que regresan a trabajar y no tienen con quien dejar a sus hijos, y mucho menos quien los apoye con las clases en línea.

Estados como Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Durango, Nayarit, Querétaro y Quintana Roo han lanzado planes de reactivación económica con gran aceptación de parte de los empresarios y la sociedad, planes realistas y de impacto medible como créditos amplios para capital de trabajo con intereses bajos y plazos largos para pagar; apoyos para pagar las nóminas por hasta tres meses; plazos amplios para el pago de impuestos estatales a las empresas; descuentos y estímulos fiscales directos para empresas y para la población; apoyos financieros por desempleo; apoyos alimentarios; estímulos a la industria turística; programas de empleo temporal y estímulos amplios para la apertura de nuevos negocios.

Coahuila, como todas las entidades federativas, necesita de un plan de reactivación económica integral, que atienda las necesidades de todos los afectados, sin descuidar las necesidades alimentarias y de servicios básicos de los grupos más vulnerables, es por ello que en la pasada sesión del Congreso de Coahuila, insté al Ejecutivo del Estado a que, de acuerdo con su capacidad presupuestal y en coordinación con los municipios, implemente cuanto antes un plan integral de acciones para reactivar la economía, que atienda por supuesto a todos los sectores económicos. En circunstancias como estas es cuando los gobiernos demuestran verdaderamente de lo que están hechos, y más importante aún, sus acciones le recuerdan a la gente para qué están ahí.

Hace tiempo escribí en este mismo espacio acerca de lo terrible que sería para nuestro país el hecho de que la denominada “Ley Bonilla” hubiera procedido, sin duda hubiera significado la quiebra democrática de nuestro país. Para recapitular: el Congreso de Baja California en octubre de 2019, luego de una “consulta ciudadana”, donde solo participó el 1.9% del electorado del estado, decidió reformar la constitución para que el candidato a gobernador de Morena el “estadunidense” Jaime Bonilla, que había resultado ganador para ocupar la titularidad del Ejecutivo estatal por solo 2 años (se decidió en la última reforma electoral aprobada en aquel estado que esa gubernatura que sería elegida en 2019, con la finalidad de empatar todos los procesos electorales a partir de ese momento, duraría tan solo dos años, la siguiente en 2021 sería normal de seis) durara mejor cinco años.

Los resultados de aquella “consulta” fueron beneficiosos para Bonilla: 82% de los pocos que participaron dijeron que era buena idea pasar de dos a cinco años, mientras que el resto dijo que no. Y de ahí agarraron valor para violentar la Constitución. En resumen, por ley se establecía que esa gubernatura sería solo de dos años y los ciudadanos votaron en ese entendido, pero de pronto algo sin precedentes ocurrió y “decidió alguien” utilizar BC como laboratorio electoral y así reformar arbitrariamente la Constitución de aquel Estado, es como si usted votara por un Presidente sabiendo que va a durar seis años pero resulta, que ese presidente tiene mayoría a favor en el congreso o bien compró algunos diputados para hacerse de esa mayoría de votos y deciden reformar la Carta Magna para que en lugar de seis la presidencia dure 12 o hasta 18 años. ¡Pero si yo voté por un Presidente de 6! No importa, alguien diría, hicimos una consulta en la que participó el 1% de la ciudadanía y eso es suficiente para violentar y generar efectos retroactivos a la Constitución. ¡Imagínese tan burda acción!, pues sí, eso quisieron hacer en aquella entidad.

La ley ya había sido discutida por el Congreso local en medio de sesiones extraordinarias, donde legisladores aprobaron en tan solo 30 minutos la reforma al Artículo Octavo Transitorio del Decreto 112 de la Constitución del estado, aprobando los cinco años de mandato. El Gobernador electo de Morena, Jaime Bonilla Valdez, tomó posesión como Mandatario número 15 de Baja California en noviembre de 2019. Sin embargo después de unos meses, el pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró el pasado lunes, por unanimidad de 11 votos, la inconstitucionalidad de la llamada “Ley Bonilla”. La Suprema Corte consideró que la reforma que dio origen a dicha ley resultaba un “gran fraude” postelectoral y a la Constitución, además de que representa un ilícito atípico maquinado desde el Congreso de Baja California mediante un efecto corruptor que manipuló la Carta Magna y los principios de la democracia. Los ministros además señalaron que la reforma impulsada por el partido Morena en el Congreso de Baja California resultó un “atropello” a los derechos electorales como votar y ser votado, así como a los principios de la democracia en México.

Además este hecho pone de manifiesto un verdadero fraude a la Constitución, como lo dijo atinadamente el ministro presidente Arturo Zaldívar, “un efecto corruptor de rango constitucional que se llevó a cabo con toda una maquinación a través de la cual se pretendió burlar la voluntad popular usando la 'Constitución para violar la Constitución' y usando las herramientas de la democracia para minar la democracia, corrompiendo de manera tajante el principio democrático.” Además, Zaldívar aseguró que la reforma entraña una violación al voto público, a la soberanía popular, y al principio democrático y que alterar las condiciones por las cuales se llevó a cabo una elección constituye un verdadero fraude poselectoral, pues, aunque se contaron los votos, se modificó el efecto que estos deberían tener, conforme a las reglas del juego previamente acordadas, lo que vulnera la esencia misma del proceso democrático como forma y limitación del poder. Más claro y contundente imposible.

La intentona de Morena deja al descubierto que quisieron utilizar Baja California como laboratorio, en la más grave (de varias) acciones para reformar leyes para transformarlas a modo y en silencio comenzar a matar la democracia mexicana. Basta echarse un clavado en lo que llegó a hacer Hugo Chávez, Evo Morales, Fujimori y otros extremistas a lo largo de la historia del populismo en Latinoamérica, para darse cuenta de lo que Morena, encabezado por su presidente López Obrador, están intentando reformar “a la sorda” para no compartir el poder. El freno que los ministros acaban de ponerle a esta “corrientada” no es poca cosa, esa sentencia nos recuerda que en nuestro país, se dará la pelea para mantener una democracia sana y madura.

Son muchas las peticiones que como legisladores nos ha tocado recibir de parte de la ciudadanía en el sentido de que en los denominados retenes o filtros sanitarios implementados por el Gobierno estatal –y según sea el caso, los ayuntamientos– para que se refuerce la presencia de personal de la Secretaria de Salud en los filtros, pero que además, se cuente en estos, con protocolos de actuación concretos y no se permita en ningún momento la discrecionalidad y la ocurrencia, situación que mucha gente teme que podría desembocar en abusos a las garantías individuales y derechos humanos. Me parece que hacerlo, beneficiaría a todos: ciudadanos y por supuesto a las mismas autoridades responsables de los filtros, y por supuesto que hacerlo bien significaría cumplir mejor los objetivos finales que son: la prevención y contención del coronavirus.

Sé que la intención de establecerlos es buena, pero en medio de un atropellado y polémico decreto, las buenas intenciones no bastan, y mucho menos las medidas accidentadas, ocurrentes o azarosas cuando se implementan estos filtros sin la organización debida, no digo que en nuestro estado no se haga o hayan sido omisos, lo contrario, pero es importante reforzar y cuidar todos los flancos, porque de no hacerlo solo quedaría en el clásico: “hacer como que se trabaja, como que se cumple”, con tal de curarse en salud y “cacaraquear” que se tomaron las medidas necesarias.

Es importante reforzar las medidas sanitarias ya existentes, estoy de acuerdo y hasta cierto punto con todo y todo apoyo las ya implementadas, porque primero está la salud de todas y todos, pero estas medidas siempre deberán ser: constitucionales, respetuosas de los derechos humanos, accionadas y operadas principalmente por personal de Salud debidamente capacitado y, sobre todo, apoyadas en protocolos profesionales que otorguen certeza, funcionalidad, legalidad y eficacia a todos las medidas implementadas y por implementar. Por su puesto que la Secretaría de Seguridad Pública puede coadyuvar, y también coordinar y acordar el cierre de carreteras estatales o algunos tramos de ellas, así como restringir o no permitir la circulación de vehículos cuando se ponga en riesgo la salud de las personas por la posible propagación del coronavirus en el estado, con absoluto respeto a los derechos humanos, debiendo dar aviso de ello con anticipación a la población y manteniendo la información actualizada de manera constante.

En el “amparado” decreto se establecen las disposiciones relativas a la movilidad de las personas en la entidad durante la contingencia por coronavirus y en su Artículo 3, establece lo que ya todos conocemos, respecto a que la movilidad de las personas dentro del territorio de la entidad solo podrá llevarse a cabo por los siguientes supuestos:


I. Para el desempeño de actividades laborales o actividades esenciales.
II. Para la asistencia a instituciones de salud.
III. Para el desempeño de labores de defensores de derechos humanos, periodistas, sindicatos y servicios sociales que brindan asistencia humanitaria.
IV. Para la atención de situaciones de emergencia.
V. Por situaciones especiales justificadas.


Por su parte el Artículo 4, establece que las autoridades estatales y municipales, y en su caso las federales, podrán acordar de manera conjunta, establecer filtros de control sanitario con la finalidad de fortalecer todas las áreas y puntos de colindancias de las zonas conurbadas y en los accesos a los municipios, para evitar la dispersión del contagio en el estado. En el decreto mencionan que será el personal responsable de los filtros de control sanitario, quienes deberán medir la temperatura, formular preguntas relacionadas con los síntomas del coronavirus y verificar el cumplimiento de las medidas de prevención establecidas por las autoridades federales y estatales, entre otras que la autoridad sanitaria acuerde, con el objeto de contener la propagación de dicha enfermedad. En el papel se lee bien, pero imagine que una persona en pleno control sanitario presente algunos de los síntomas, ¿cree usted que los cuerpos policiacos –y no por denostarlos, pero zapatero a sus zapatos– sepan cómo reaccionar y actuar en el supuesto caso? Por eso considero la importancia de cuidar todos los frentes, si ya los gobernadores de la mayoría de los estados y por supuesto Coahuila, implementaron la aplicación de estos filtros, estos deberán ser perfectamente operados, respetando las garantías de los ciudadanos, cuidando su integridad y apegándose a los derechos humanos. La formalidad en tiempos de coronavirus cuenta, y cuenta mucho.

Me voy a permitir mencionar varios apuntes que hacen Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su bestseller Como Mueren las Democracias porque es un libro que estoy leyendo a fuego lento, justamente en estos tiempos de confinamiento, y digo a fuego lento porque tiene momentos y ejemplos épicos, como para justificar la posibilidad de dar reversa y/o detenerse en la lectura para hacer apuntes y reflexionar. Es un libro que amplía el panorama de lo que por definición entendemos como dictadura, autocracia y
extremismo.

En la actualidad como dice el libro, los golpes militares y otras acciones para usurpar el poder por medios violentos son poco frecuentes, las quiebras democráticas ya no las provocan generales o soldados, si no los propios gobiernos electos. En la actualidad, el retroceso democrático comienza en las urnas.

Los autócratas como AMLO mantienen un disfraz de demócratas, pero en cada una de sus acciones, lo que hacen es poco a poco destripar la democracia hasta dejarla sin contenido y quienes los critican desde la oposición o grupos de ciudadanos y empresarios son descalificados como exagerados y alarmistas.

El estudio que hacen los autores del libro, de otras democracias en crisis nos permite entender mejor los retos y la situación actual que afronta la democracia mexicana. El enfoque comparativo que se realiza en el libro revela cómo los autócratas y extremistas de distintas partes del mundo emplean estrategias asombrosamente similares para subvertir las instituciones democráticas, ya sea llenándolas de perfiles afines, instrumentando los tribunales, desdeñando los organismos públicos autónomos y reescribiendo las reglas de la política para inclinar el terreno de juego en contra de sus adversarios.

“La paradoja trágica de la senda electoral hacia el autoritarismo es que los asesinos de la democracia utilizan las propias instituciones –o poderes– de manera gradual, sutil e incluso legal –con reformas a la ley– para liquidarla”.

Todo esto sale a colación, por la reforma que el presidente López Obrador plantea realizarle a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para que el Artículo 21 permita la reordenación del gasto público en caso de emergencia económica.

Este asunto, plantea una serie de conflictos comenzando porque las previsiones para emergencias económicas ya existen en esta Ley, pero es atribución del Poder Legislativo y la propuesta de AMLO busca invadir la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión para atribuirse esta decisión.

Además, la reforma carece de legalidad, certeza y seguridad jurídica, porque no determina los alcances de lo que debe ser considerado emergencia económica, ni las autoridades o parámetros que la determinarán.

Actualmente la ley establece que las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos podrán prever un déficit presupuestario. En estos casos, el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, al comparecer ante el Congreso de la Unión con motivo de la presentación de dichas iniciativas, deberá dar cuenta para efectos de su aprobación de los siguientes aspectos:

1.- El monto específico de financiamiento necesario para cubrir el déficit presupuestario;

2.- Las razones excepcionales que justifican el déficit presupuestario, y

3.- El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho déficit sea eliminado y se restablezca el equilibrio presupuestario.
Sin embargo, a pesar que en la ley contempla dicha acción, el Presidente quiere por sobre todos los medios tener el poder de decidir qué hacer con el dinero de todos los mexicanos, sin dar parte al contrapeso legislativo.

Ojo, este tema cobra especial importancia porque las acciones del Presidente en medio de la crisis demuestran una estrategia que ya ha sido utilizada por extremistas a lo largo de la historia política del mundo, ya que los autócratas como AMLO suelen usar crisis económicas, desastres naturales, y sobre todo amenazas a la integridad y salud para la adopción de medidas antidemocráticas.

Y es que ante situaciones de esta índole siempre es más probable que la ciudadanía tolere medidas autoritarias, sobre todo, porque temen por su propia protección. “Para un demagogo, que se siente asediado por la crítica –como AMLO– y cautivo de las instituciones democráticas, las crisis abren una ventana de oportunidad para silenciar a la crítica y hacerse de poder absoluto”.

Ruego porque esta reforma no se llegue a dar, seguramente no será la única de estas características y que busque desarticular los poderes y contrapesos, pero paso a paso, quienes creemos en la democracia debemos desmantelar y señalar dichas acciones. “La combinación de un autócrata en potencia y una grave crisis, puede por ende, ser letal para la democracia”.

Coahuila, como todos sabemos, arrastra una megadeuda desde hace varios años, a la que se destinan miles de millones de pesos antes pagos de capital e intereses, lo cual significa un atado de manos automático para que la inversión pública productiva no sea la ideal en la entidad, así como otros rubros de gran importancia que se ven afectados de manera directa por dicha situación.

Por tal motivo, en el Congreso del Estado de Coahuila, la bancada panista hemos sido consistentes en solicitar a las autoridades correspondientes agoten las investigaciones y metan a la cárcel a los responsables de dicho fraude.

¿Por qué no dejamos de insistir? Muy sencillo, porque por ese megafraude el estado no ha crecido como debiera crecer y los ciudadanos tenemos que pagar por ello, tal acción –la de robar miles de millones– la pagarán en vida o bien, el de allá arriba seguramente les dará un castigo ejemplar, porque tomar dinero público es corrupción y es pecado. Bueno, eso creo yo.

Para ir al meollo del asunto. Hoy en México y Coahuila vivimos una etapa complicada en materia sanitaria y económica, –que por decirlo de algún modo, apenas comenzamos– es por ello, que previendo tal situación, tomando como ejemplo la realidad de cientos de hospitales, y clínicas del IMSS e ISSSTE, que ni siquiera tienen los insumos necesarios para salvaguardar la integridad de sus pacientes, médicos y enfermeras, y considerando que la cuarentena ha quebrado miles de micronegocios, medianas empresas y sometido a una terrible crisis a las grandes, hoy debemos hacer cosas extraordinarias para mitigar tal efecto.

Y en Coahuila una puerta debe ser que se analice la posibilidad y viabilidad de celebrar un convenio modificatorio de la deuda con los bancos, para que durante todo el periodo que dure la emergencia sanitaria y económica que está provocando en el estado la pandemia del virus denominado Covid-19, se omitan los pagos de las mensualidades pactadas, así como sus respectivos intereses, sin ninguna penalidad o acumulación de dichas prestaciones, porque dadas las circunstancias actuales que padecemos los coahuilenses, este apoyo resulta necesario e indispensable para atemperar las graves condiciones que se avecinan.

Creo que es el momento para que esos bancos sean solidarios con nuestro pueblo, en aras de que esos recursos, en lugar de irse a pago de interés y capital de la deuda, puedan ahorrarse y se destinen específicamente al apoyo del sector salud y productivo de nuestra entidad. ¿Qué se necesita? Enseguida lo justifico: la voluntad de hacerlo.

Al respecto, resulta oportuno destacar que celebrar y realizar un convenio de este tipo es totalmente viable y legítimo. Para comenzar el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresamente dispone que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

En ese mismo sentido, el Artículo 25, establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

En ese sentido, y conforme al texto Constitucional y sus leyes reglamentarias, es pertinente destacar que el Banco de México, toda vez que dé conformidad con el Artículo 78 del Código de Comercio, en donde establece que en las convenciones mercantiles cada parte se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados, como ocurre con las reestructuras, que es el estado quien decide en qué momento celebrarlas.

¿Se necesita una reforma federal a la Ley de Disciplina Financiera? No, con los simples argumentos mencionados y voluntad, podemos hacer la solicitud a la banca y redistribuir esos recursos que hoy más que nunca lo necesitan ¡los coahuilenses!

Se anunció y apareció en varios medios de comunicación que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), investiga casos de “robo hormiga” de insumos médicos, abusos y corrupción tanto a las empresas que fabrican estos insumos, como de los que venden pruebas y medicamentos falsos y del personal del IMSS e ISSSTE.

La dura realidad nos demuestra tres escenarios posibles a considerar, los tres graves. El primero, la corrupción que podría estar imperando en ambas instituciones sanitarias, la segunda, la falta de controles anticorrupción del Gobierno federal y tercero, las posibles mentiras de un Gobierno federal que afirma haber enviado insumos suficientes, cuando la realidad pudiera ser que no.

Pase lo que pase, la realidad es que contrario a lo que dicen las autoridades federales, existe un gran desabasto en materiales de primera necesidad para clínicas y hospitales poniendo diariamente en riesgo la vida de pacientes, médicos y enfermeras.

En el primer escenario, de que la corrupción esté dentro de estas instituciones, los supuestos apoyos extraordinarios que llegaron –y digo supuestos porque no sabemos si se enviaron y si se enviaron, nadie los ve– para apoyar la contingencia en las dependencias mencionadas pudieran estar siendo interceptados con fines de especulación y lucro, incluso con miras a venderlos en un mercado negro, que dicho sea de paso, mercado que de la noche a la mañana apareció saturado
de estos productos.

Es decir, a quienes no debería faltarles no lo tienen, pero nos encontramos con que en el mercado hay gran oferta.

El segundo escenario también es de preocuparse, ya que desde hace tiempo se ha señalado que el gran problema del Sector Salud es la corrupción, es más, no nos vayamos tan lejos, fue tema hace unos meses cuando se abrogó el Seguro Popular y se creó el Insabi.

Propios y extraños señalaban que para mejorar dicho programa de salud –que había funcionado– no había necesidad de destruirlo para dar lugar a uno completamente nuevo, sino reforzar las medidas de vigilancia y crear un sistema anticorrupción interno, porque como todos sabemos es lo que –perdón por la expresión– le ha dado en la madre al sistema de salud de nuestro país.

Entonces si sabemos cuál era el mal, y tomando en cuenta que el discurso del Presidente fue, ha sido y será “combatir la corrupción”, cómo es posible que hoy en medio de la contingencia salgan al cuarto para las 12 a decir que están investigando (qué bueno que lo hagan) casos de corrupción al interior de ambas instituciones. A esto se le llama “crónica de un fracaso anunciado en el combate a la corrupción”, y es muy grave.

El tercer escenario es que el Gobierno federal, como consta en las primeras “mañaneras” del presidente López Obrador trató de aminorar en todo momento la crisis sanitaria y trató de aguantar hasta el final la apariencia de que todo estaba controlado y que México estaba preparado, hasta que no se pudo.

Esa reacción tardía generó problemas tales, como subdiagnósticos, falta de atención y preparación de los insumos necesarios para hacerle frente al Covid-19, y ante esta posibilidad, los recursos tardaron en liberarse, propiciando la problemática de desabasto en comento.

Ante ello y para curarse en salud, Santiago Nieto, el titular de la UIF, informó que ante la emergencia sanitaria y el desabasto de insumos, se han ampliado las revisiones a todas esas vertientes, pues el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, ha informado que posiblemente “hay robo hormiga en las propias bodegas del IMSS e ISSSTE”.

Estimado lector ¿no le da rabia, desesperanza y tristeza a la vez, esta situación? ¿En manos de quiénes estamos? El propio titular de la UIF aseveró que este tema “lo tenemos que compartir para tener solidaridad y evitar estas prácticas”.

Además, Nieto comentó que se prevé hacer una revisión a todas las compras relacionadas con insumos para hacer frente al coronavirus, dado que, por la urgencia de realizarlas, se han exentado algunos de los procedimientos administrativos, y yo agregaría que también de transparencia. Como dato, decidí buscar en la página de transparencia, información de proveedores y de las adquisiciones realizadas, y no he encontrado información alguna que sustente dichas compras.

Así pues la situación al momento, me parece que si el Gobierno federal se pone las pilas en este tema y evita la rapiña, debería ser el Ejército quien trasladará y resguardará todo material de utilidad para hacerle frente a la pandemia y garantizar la salvaguarda de pacientes y personal de ambas instituciones y demás hospitales
en el país.

Pero que no se nos olvide algo, la corrupción debe castigarse, las investigaciones deben dar con los culpables en caso de comprobarse el robo de insumos y pagar con creces por ello, también el Gobierno federal que encabeza López Obrador debe entender de una vez por todas que la demagogia tarde o temprano deja de funcionar y el combate a la corrupción deberá de dejar de ser solo un discurso para pasar a la acción.

Con el dinero de los mexicanos no se juega y menos, mucho menos en tiempos en donde la salud es el valor más preciado que tenemos. Cualquiera que sea el escenario, creo que el Gobierno federal no saldrá bien librado de esta.

Nunca, le voy a desear que le vaya mal a un gobernante, al contrario, ojalá a todos les fuera bien y tomaran las decisiones correctas, pero es que, al actual Gobierno federal de López Obrador, desde hace rato se le veía relajado ante el problema, como si no hubiera prisa para reaccionar ante la pandemia del Covid-19, y las críticas no se hicieron esperar.

Ante la falta de infraestructura y la reacción tardía del Gobierno federal, así como el afán por hacernos creer que la situación estaba controlada, se alcanzaba a la distancia a ver que algo no andaba bien con las cifras de contagio.

Resulta, que como lo dijo López-Gattel –que ha salido a dar la cara por las pifias del actual Gobierno, y hay que decirlo, medio las ha corregido– que de 3 mil 181 casos, pasamos de la noche a la mañana a aceptar que en realidad serían 26 mil 519.

Evidentemente en su momento la falta de pruebas, negligencia en algunos casos e incluso de cultura y conocimiento de la enfermedad, propiciaron conteos incorrectos y ocultamiento de cifras, producto de subdiagnósticos, demostrando el gran fracaso del Gobierno de México y de López Obrador ante la crisis sanitaria.

O quién no ha leído de casos en los que llegaron pacientes a consulta y fueron regresados a sus casas porque se les negó la prueba de coronavirus; esto es uno de los factores que generaron el problema que comento.

Hace una semana apenas, su servidor escribió en este espacio, que era fundamental que se implementara un Sistema de Información Nacional para dar un seguimiento puntual a los casos de neumonía atípica y otras enfermedades con síntomas similares al Covid-19, y lo dije en su momento por temor a que por la falta de pruebas a realizar, el Gobierno comenzara a “echar casos de Covid-19 a distintos costales”.

En este sentido, expuse, que las autoridades sanitarias deberían, cuando se desata una pandemia, estar preparadas con protocolos, infraestructura y medicamentos suficientes para hacerle frente. Lamentablemente, si esto no sucede, si no se está preparado se opta por subdiagnosticar, medida utilizada para “cubrir el expediente” y hacernos creer que se tienen control de la situación.

El ajuste sincero de las cifras de infectados por Covid19 del Gobierno de López Obrador, demuestra, y lo digo con franqueza y objetividad, cinismo, falta de control y temor ante la realidad; con la salud de los ciudadanos no se juega.

Los diagnósticos erróneos en un escenario donde el virus ha cobrado vidas por haber negado una prueba, genera además responsabilidades legales para los doctores e instituciones de salud, que van desde las de carácter penal, hasta por actividad irregular del estado, dando lugar a cuantiosas indemnizaciones para familiares de las víctimas. Ojalá pronto esta proyección de casos sea un dato confirmado y oficial, solo de esa manera se podrán realizar de manera eficiente todas las acciones para hacer frente a esta pandemia.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.

En la experiencia internacional y nacional, es de sobra conocido que cuando se desata una epidemia, las autoridades sanitarias deben estar preparadas con protocolos, infraestructura y medicamentos suficientes para hacerle frente.

Lamentablemente, si esto no sucede, se debe enfrentar una crisis sanitaria con escasez de recursos en la que se opta por una práctica muy conocida: La subdiagnosticación o diagnósticos erróneos hacia los pacientes; todo en aras de “cubrir el expediente” y hacer como que se cumple.

Esto genera desinformación, cifras falsas y una errónea percepción de la realidad, mientras la pandemia avanza sin controles eficientes por las regiones de un país. A la fecha presente, diversos actores políticos y partidos, han manifestado su preocupación de que el Gobierno federal esté maquillando las cifras de infectados por el Covid-19, en un claro intento de aparentar que no pasa nada y que todo está bajo control.

Sin embargo, cuando se trata de enfermedades respiratorias, es relativamente fácil para las autoridades sanitarias optar por dar diagnósticos distintos y falsos a los pacientes, con tal de mantener un “alentador cuadro estadístico”.

Subdiagnosticar o dar diagnósticos falsos a los enfermos de Covid-19, en un afán de control político-estadístico, para ocultar el fracaso de un Gobierno, es una acción que vulnera derechos múltiples, individuales y colectivos.

Ofrecer diagnósticos falsos importa además responsabilidades médico-legales para el personal y para las instituciones, que van desde las de carácter penal, hasta las de actividad irregular del estado, dando lugar a cuantiosas indemnizaciones para los familiares de las víctimas.

Solo un eficiente sistema de información sanitaria, que en tiempo real refleje la verdad de todo, nos permitirá como país, como estado, poder realizar en tiempo real y de manera eficiente todas las acciones para hacerle frente a esta real, trágica y temerosa pandemia.

El 26 de octubre de 2016, el Senado de la República aprobó reformas a la Ley de Ingresos de la Federación para liberar el precio de gasolina y diésel de acuerdo con el mercado internacional. Medida que sería replicada en diversos decretos y acuerdos de la SHCP para los años siguientes, y hasta la fecha presente.

En su campaña, Andrés Manuel López Obrador prometió, como tantas cosas que no ha cumplido, bajar el precio de la gasolina apenas tomara posesión, promesa que hizo, como es su naturaleza, sin tener el más mínimo conocimiento de la situación fiscal y financiera del país y sin conocer las reglas del mercado internacional y los movimientos de los precios del petróleo.

Hoy, ante la crisis petrolera mundial, generada por la guerra de producción entre Arabia Saudita y Rusia, los precios de los combustibles han bajado considerablemente en países como Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, el Presidente de las promesas incumplidas sale al paso, y en un acto por demás penoso y paupérrimo, se atribuye la disminución de los precios de combustibles, como un acto de Gobierno y “solidaridad” con los mexicanos. Una auténtica burla a la inteligencia de todas y todos nosotros.

El razonamiento es simple, la gasolina ha bajado en Estados Unidos y Canadá. ¿Eso también es obra de AMLO? No. No lo es. En México la gasolina ha bajado por la crisis entre Rusia y Arabia Saudita y sus consecuencias. Algo que se llama banda fluctuante del mercado.

En el sitio web TEC.MX (Tecnológico de Monterrey) se brinda una explicación de expertos, acerca de por qué bajó el precio de combustibles en México, y es la siguiente: “La guerra petrolera entre Rusia y Arabia Saudita mantendrán los precios del petróleo en niveles bajos volviendo más accesible el precio de la gasolina durante el corto plazo

Desde el pasado 9 de marzo, los precios internacionales del petróleo cayeron, lo que ocasionó que el costo de la gasolina en México se devaluara. El precio del combustible bajó debido a que a nivel internacional existió una reunión entre los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y Rusia. En dicha reunión, se tenía por objetivo disminuir la producción de petróleo y con ello hacer frente a una menor demanda del hidrocarburo ante los efectos del Covid-19.

“Sin embargo, Rusia consideró que esta disminución en la producción iría en contra de sus intereses y favorecería a compañías petroleras privadas, principalmente de origen estadunidense, por lo que decidió incrementar su producción”.

“Esto a su vez provocó una reacción de Arabia Saudita incrementando su producción. De esta forma, al aumentar la oferta de petróleo, el precio del hidrocarburo ha tendido a disminuir y con ello el de todos sus productos derivados, particularmente el de la gasolina”, explicó Héctor Magaña profesor de contabilidad y finanzas de la escuela de negocios del Tecnológico de Monterrey campus Edomex.

Este evento ha permeado en el país de manera que en algunas entidades ya se observa que ciertas gasolineras han comenzado a despachar litros con un precio inferior a los 20 pesos. Ahora, la polémica radica en que apenas bajaron los precios por la crisis petrolera, y ante su evidente y urgente necesidad de tener éxito en algo, se cuelga la medalla, diciendo que bajó los precios de los combustibles como medida de Gobierno, lo cual me parece una verdadera ofensa para México.

No dudo, que cuando termine la crisis petrolera y los precios del crudo se estabilicen, y los combustibles vuelvan a subir, AMLO saldrá al paso, y dirá que “él no tuvo nada que ver, que son los conservadores, los neoliberales”, y se lavará las manos una vez más.

Vamos, ¿qué se puede esperar de un Presidente que sale a decir que nos protegeremos del coronavirus con estampitas religiosas?, De un Presidente que dice que las protestas feministas son ataques de los conservadores.

Una pandemia es la afectación de una enfermedad infecciosa a lo largo de un área geográficamente extensa. A lo largo de la historia ha habido distintas pandemias, que generalmente han llegado por la domesticación de animales, por ejemplo la viruela, difteria, gripe y tuberculosis u otras como la fiebre tifoidea, la peste bubónica, la peste negra, el cólera, entre otras. Por lo que no es la primera vez que la humanidad se enfrenta a un problema de insalubridad, sin embargo, se ocupa de la colaboración de todos, sociedad y Gobierno. (Wikipedia)

La Covid-19 ha afectado principalmente a la población de China, aunque como todos saben ha habido brotes en otros países. La mayoría de las personas infectadas presenta síntomas de una enfermedad leve y se recupera, pero hay casos en los que se puede tornar más grave, por ello es importante adoptar medidas de higiene, como lavarse las manos con desinfectante a base de alcohol o agua y jabón, porque mata el virus si este está en las manos. Cuando vayamos a toser o estornudar debemos cubrirnos la boca y nariz con un pañuelo o flexionando el codo, esto evita la propagación de gérmenes y una vez que eso ocurra, lavarse las manos. Es importante, sobre todo en menores, concientizarse y estar al pendiente de que estos eviten tocarse ojos, nariz o boca con manos contaminadas, porque las manos al estar en contacto con superficies pueden transferir el virus a uno mismo. Y sobre todo, evitar ir a reuniones, es decir, mantener distanciamiento social, como lo ha recomendado la OMS, mantener al menos un metro de distancia con las demás personas, sobre todo si estornudan o tosen.

Por supuesto que la información es importante, por esa razón es fundamental mantenerse al tanto de las recomendaciones que se vayan emitiendo por parte de las autoridades. Pero, ¿qué hacer cuando tenemos un Gobierno federal que ha sido omiso e irresponsable ante el problema?, ¿Qué hacer cuando el presidente AMLO, al ser cuestionado, en lugar de dar una respuesta contundente o certidumbre del actuar de las autoridades en materia de salud, muestra escapularios diciendo que con eso basta y sobra para protegernos de la pandemia? Ojo, no desestimo el poder de la fe, soy católico y yo también he cargado y cargo escapularios, pulseras u otro tipo de imágenes sagradas, que me dan seguridad, soy creyente. Pero creer y tener fe en determinada religión es muy diferente a dar una solución clara y cifras precisas respecto a un problema que nos afecta a todos, ya no solo en salud, también económicamente.

Entiendo el objetivo del “Presidente de la maroma y el teatro”, busca ser “empático” con la mayoría de los mexicanos que somos religiosos, pero se ha excedido. No por nada México aparece ya en la lista de países de América Latina y el Caribe con mayor rezago en la implementación de acciones de cara al Covid-19. De acuerdo con la fundación Directorio Legislativo, en nuestro país solo se ha tomado una medida normada para prevenir y controlar el virus: la suspensión de clases en las escuelas.

En 15 naciones se ha tomado la decisión de implementar cuarentena obligatoria para viajeros del exterior en casos confirmados o sospechosos; en 14, la restricción o cierre de lugares abiertos al público y actos masivos; en 12, la suspensión de clases, y también en 12, el control de fronteras. Otras acciones realizadas por otros países y que México no ha adoptado son, por ejemplo, el cierre de fronteras, la creación de líneas telefónicas para consultas, licencia de trabajo obligatoria, licencia laboral optativa, reducción de horas de trabajo y regulación del mercado de productos de higiene y limpieza personal. Sí, algunas empresas ya lo han adoptado, pero como medida propia, no como un plan de contingencia en donde el Gobierno intervenga.

Además, se han tomado medidas como la restricción de la actividad económica (incluidas tiendas y centros comerciales), restricción de transporte aéreo, marítimo, fluvial y terrestre; recomendaciones para el sector privado, subsidio por enfermedad, cobertura obligatoria y subsidios para empresas, exenciones fiscales y financiación. Estas tres últimas medidas, importantísimas para prevenir un desplome económico en todos los niveles. Por ello preocupa ver un Gobierno federal ausente, lejano y omiso ante la contingencia mundial. Apenas hoy viernes que estoy redactando este artículo, se dio a conocer que en conversación entre Mike Pompeo y Marcelo Ebrard se planteó la posibilidad de que Mexico prohíba vuelos provenientes de Europa y zonas afectadas por el virus, sí, apenas. Es por ello que la mayor responsabilidad recae en los ciudadanos, en cuidarnos unos a los otros, siendo disciplinados y cautelosos, atendiendo las medidas de nuestros gobiernos municipales y estatales, para salir pronto de esta “pandêmon nosêma”.

El aseguramiento de bienes y cuentas bancarias de una persona física o moral es una medida que utilizan las autoridades de procuración de justicia y fiscales en su lucha para combatir los delitos relacionados con la delincuencia organizada, esto en el primer caso, la extinción de dominio, léase, despojar a los delincuentes de los bienes muebles, inmuebles y dinero mal habido.

En el segundo caso, las autoridades fiscales, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, utilizan el bloqueo o aseguramiento provisional de las cuentas bancarias como parte de su estrategia para combatir, especialmente, los delitos con recursos de procedencia ilícita, así como el terrorismo. Todo esto explicado en su forma más simple, sin necesidad de detallar cuestiones técnicas o jurídicas más allá de lo que es evidente y comprensible para todos.

En nuestro país, de acuerdo con la Constitución General de la República y los tratados suscritos por México, todos gozamos de diversas garantías esenciales relacionadas con el actuar de las autoridades; entre otras, la presunción de inocencia; el derecho al debido proceso; la garantía de audiencia; el derecho a no ser molestado en nuestros bienes y propiedades, si no es por causa fundada y motivada, y con apego a derecho; la seguridad jurídica; el derecho a la propiedad y el derecho de acceso a la justicia.

Estas garantías nos permiten a todos los mexicanos gozar de la tranquilidad de poder disfrutar nuestros bienes, dinero y todo lo que sea producto de nuestro trabajo honrado sin restricción alguna. Nos permiten el acceso a una vida mejor por medio de la superación, el esfuerzo, el ahorro; por medio de emprender negocios legítimos y participar en inversiones amparadas por la ley. Todo esto forma parte del derecho a la propiedad privada, del derecho a mejorar las condiciones de vida de nosotros y de nuestros hijos y del derecho a poseer bienes, servicios, productos y toda clase de satisfactores.

Nadie puede estar en desacuerdo con que el Estado realice todas las acciones a su alcance para prevenir, castigar y despojar de los bienes mal habidos a la delincuencia. Todos apoyamos estas medidas. En resumen, si el bloqueo de cuentas corresponde a nacionales, debería observarse el debido proceso y la presunción de inocencia en favor los afectados, de tal suerte que para poder asegurar las cuentas se realice un proceso legal y se obtenga la orden de aseguramiento de un juez.

A raíz de los hechos ya señalados, en fecha 6 de noviembre de 2019, y luego de ser aprobada por mayoría en el Senado, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, para que la UIF pueda congelar cuentas bancarias bajo un procedimiento que si bien pretende establecer garantías a favor de la persona que sufre el aseguramiento, en los hechos resulta controversial, iniciativa original del senador Ricardo Monreal. El dictamen se aprobó con 308 votos a favor, 141 en contra y 10 abstenciones.

Los especialistas en la materia, en su inmensa mayoría señalan que es una reforma inconstitucional, porque vulnera los principios ya mencionados: la seguridad jurídica, el derecho a la propiedad y el derecho de acceso a la justicia y la legalidad. Entonces ¿estamos en un estado de derecho nulo, en donde se aplica la Ley de Herodes, en donde si el Estado decide congelarte las cuentas o asegurarte bienes sin prueba alguna, lo pueda hacer? Vale la pena reflexionarlo.

Lisístrata es una famosa comedia de Aristófanes, creador de novelas con un gran interés histórico y literario. El autor protestó con frecuencia contra la guerra. En su obra Lisístrata, se plantea una huelga sexual de las mujeres. Una huelga sexual, es una huelga en la que una o varias personas de distinto sexo, generalmente mujeres, se abstienen de mantener relaciones sexuales con sus cónyuges o parejas para alcanzar ciertos objetivos políticos o sociales. Las huelgas sexuales de las que se tiene noticia han sido realizadas por mujeres que han negado a sus compañeros o maridos la práctica de relaciones sexuales con el objeto de presionar para la resolución de un conflicto, lograr una reivindicación o conseguir la paz en una guerra.

Tras la creciente ola de feminicidios registrados en lo que va del año en el país, colectivos feministas comenzaron a escribir su Lisístrata contemporánea y convocaron a la protesta nacional #UnDíaSinMujeres.

Así, quienes viven en México “desaparecerán” un día del país; pues no saldrán a trabajar, ni a las calles, ni a comprar, ni a las escuelas.

La protesta nacional se llevará a cabo este 9 de marzo, un día después del Día de la Mujer (8 de marzo), en donde también se espera que millones de mujeres salgan a las calles para protestar contra la violencia de género.

Los colectivos feministas que organizaron este paro, lo hacen con el objetivo de que se reflexione sobre el importante papel que juegan las mujeres en la sociedad mexicana. Tengo entendido que la propuesta original surgió de un colectivo feminista de Veracruz llamada Brujas del Mar, que, mediante una publicación en su Twitter, convocaron a un paro nacional de mujeres el 9 de marzo, que se viralizó en redes sociales y chats. Por supuesto que las marchas además, son un llamado a las autoridades para que estas asuman su responsabilidad y hagan lo necesario para erradicar este terrible problema. ¿Y qué soluciones o políticas públicas se pueden implementar para combatir el feminicidio?, preguntará más de uno, muy sencillo: políticas que fomenten la cultura de la denuncia, empezando por información oportuna que las alerte para detectar conductas sospechosas y peligrosas en sus parejas sentimentales, en sus pretendientes y en el hogar, la cultura de la igualdad y por supuesto castigos ejemplares para quien incurra en un homicidio de estas características. Pero, ¿por qué catalogarlo como feminicidio, si al final lo que ocurre es un homicidio y además, por qué tanto “alboroto” si matan a más hombres que mujeres? Por lo siguiente:

La violencia de genero existe y los supuestos están estipulados en el Código Penal Federal. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1.- La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo.

2.- A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia.

3.- Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima.

4.- Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza.

5.- Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima.

6.- La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida.

7.- El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

Si bien las causas del feminicidio son multifactoriales, y apuntan a elementos de descomposición social y a problemas de conducta y emocionales de los sujetos activos, lo cierto es que es un tema que puede definirse de manera estructural y para ello las estadísticas aportan información valiosa: La mayoría de los feminicidios son cometidos por la pareja sentimental actual de la víctima o por su expareja. En menores casos lo cometen pretendientes rechazados y ofensores sexuales que no tenían relación previa con la víctima. Otro elemento común en muchos feminicidios es la reiteración y las señales previas de la violencia que el sujeto activo cometió contra la víctima, antes de llegar al acto final: el asesinato con saña y brutalidad. Esto implica abusos físicos, verbales y sexuales. Los celos son un componente presente en casi todos los casos donde el feminicida es pareja o expareja de la víctima.

La violencia contra la mujer es ya un fenómeno generalizado en este país, y la violencia feminicida, así como los feminicidios van en aumento de forma alarmante ante la indolencia y la indiferencia de un Gobierno federal al que no le importa la seguridad ni los derechos humanos de los mexicanos. Por otra parte, apuntan los especialistas que, muchos feminicidios pudieron evitarse si las autoridades hubieran actuado de manera eficiente y oportuna cuando la mujer denuncia la violencia de que es objeto e incluso advierte de que su vida corre peligro. Como se ha demostrado en la actualidad, muchos feminicidios fueron o eran prevenibles, al tratarse de casos donde la víctima acudió oportunamente a las autoridades en busca de justicia y protección, pero estas no actuaron, no hicieron nada.

Hoy se requiere la unidad de todas y todos, y hacer un replanteamiento de todas las leyes e instituciones creadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. El feminicidio y la violencia contra la mujer requiere, como en su planteamiento original, de medidas y soluciones integrales, no solo de la investigación eficiente y oportuna de los delitos de parte de las autoridades de procuración de justicia, sino también de las acciones preventivas, que comprenden desde la información y la capacitación oportuna en las escuelas, a modo de establecer las formas en que la violencia de este tipo puede ser detectada a tiempo por las familias y las mujeres de cualquier edad, así como un sistema de protección a las víctimas que sufren violencia en el hogar de parte de sus parejas o exparejas, que sea eficiente, que funcione en tiempo real, que dé seguimiento a las órdenes de protección y restricción.

¡Bien por las mujeres que se manifiestan! Es momento de ser solidarios con ellas y contribuir en la medida con nuestras atribuciones como sociedad a la erradicación de la violencia de género.

Las Mañaneras, son un programa que utiliza tiempos oficiales y el espectro radio eléctrico nacional, es decir, un programa que pretende ser institucional e informativo. Y según el Presidente AMLO, un “ejercicio de transparencia y rendición de cuentas”.

En los hechos no es ninguna de esas cosas ni cumple ninguno de los objetivos señalados, ni los establecidos de manera verbal por el Presidente, ni los que señala la legislación constitucional y electoral.

En primer lugar, la mañanera, no es un ejercicio de transparencia ni de rendición de cuentas, toda vez que el Presidente se dedica a descalificar cifras y datos oficiales, con su ya mundialmente famosa frase: “Yo tengo otros datos”. Datos y fuentes que jamás ha citado ni demostrado alguna vez; por ende, un ejercicio de opacidad y mentiras sí es. ¡Comprobado!

Es también un ataque formal a las instituciones del país, como el Inegi y el IMSS, ataque que no le está permitido a un gobernante y menos al Presidente.

No es un ejercicio de transparencia porque en combate a la corrupción, las mañaneras se utilizan para descalificar actos de corrupción atribuidos a personas como Manuel Bartlett, el expresidente EPN, y otros funcionarios, donde el Presidente pasa por encima de lo que diga la FGR y la Función Pública, para afirmar con atribuciones que no les corresponden, que tales personas son inocentes y no hay nada contra ellos.

No es un ejercicio de rendición de cuentas por que jamás en ese programa se transparenta o muestran los documento que a diario requieren los medios de comunicación sobre diversos temas nacionales.

Por el contrario, el Presidente usa el espacio para generar la polarización política y social del país, atacando a sus opositores, descalificando a todo el que no piense como él, o no le crea. Atacando a organizaciones civiles y movimientos sociales legítimos, lo que vulnera de manera evidente el 42 constitucional, e incluso ameritaría sanciones de parte del INE.

Sus dichos, ataques y descalificaciones inciden de forma directa en las preferencias políticas de la población, estableciendo inequidad electoral.

Finalmente, el programa Las Mañaneras, mucho menos se usa para informar cuestiones educativas, de salud o por urgencias de protección civil como lo establece la normativa que ya hemos expuesto. Es por ello que el pasado miércoles presenté como diputado una proposición con punto de acuerdo para solicitarle al Presidente que suspenda en Coahuila e Hidalgo Las Mañaneras, por las razones que ya les expuse. Desgraciadamente PRI y Morena votaron en contra, sí, en contra de una disposición que ya fue efectuada el año pasado en los procesos electorales.

En esta definición la palabra clave es comunidad. La comunidad es un grupo de personas que viven en un área geográfica específica y cuyos miembros comparten actividades e intereses comunes, donde pueden o no cooperar y si lo hacen pueden hacerlo formal o informalmente, para la solución de los problemas
colectivos.Una vez que tenemos identificado y desglosado el concepto de comunidad, el paso siguiente es entender la importancia y lo que comprende la participación ciudadana y como este, influye en el desarrollo comunitario y a su vez el significado de la palabra desarrollo nos hace pensar siempre en crecimiento o progreso.

Cuando el desarrollo se refiere a los hechos sociales, hablamos de un movimiento que toma en cuenta, no solo al aspecto económico, sino a todo lo relacionado en los ámbitos de la cultura, identidad, valores, elevar el nivel de vida mediante la organización y la participación de la comunidad.

Así, desde la década de 1950, se comenzó a definir al “desarrollo de la comunidad” como el proceso donde el propio pueblo participa en la planificación y la realización de programas que se destinan a elevar su nivel de vida, para lo cual es necesaria la cooperación entre el Gobierno y la ciudadanía, permitiendo expresiones de cambio más autónomas y efectivas. Este concepto es la clave para entender todo lo que abarca la participación ciudadana, ya que estamos acostumbrados a pensar en que la participación ciudadana solo es ir a votar en las elecciones por algún candidato para determinado puesto, pero esa solo es una manera de participar, de muchas.

La participación además es un legítimo derecho de los ciudadanos. Este derecho se consagra en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su Artículo 27 proclama que “toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. Para facilitar la participación ciudadana se requiere de un marco legal y de mecanismos democráticos que propicien las condiciones para que las personas y las organizaciones de diversos sectores de la sociedad hagan llegar su voz y sus propuestas a todos los niveles de Gobierno.

La participación se entiende hoy como una posibilidad de configuración de nuevos espacios sociales o como la inclusión de actores sociales en los movimientos sociales, en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, o como la presencia en la esfera pública para reclamar situaciones o demandar cambios. En la medida que nos involucremos como sociedad desde cualquier trinchera, podremos ser parte de las decisiones de Gobierno, y cuando somos parte de las decisiones de Gobierno, se ven representadas aquellas soluciones a la verdadera necesidad de los ciudadanos y cuando esto ocurre, se logra una máxima social que ayuda a crear la corresponsabilidad: el sentido de pertenencia.

Hoy en día y más que nunca es importante la participación de la sociedad en una vida pública que cada día carece más y más de credibilidad, esta idea se fortalece cuando vemos a un Presidente de la República que se ha encargado de disminuir catastróficamente el discurso público. Hoy más que nunca está en manos de la sociedad elevar por sobre todos los medios el actuar público, desde cualquier trinchera, la sociedad civil, los grupos y comités vecinales o las cámaras empresariales. Estamos en una “nueva era” la era de las y los ciudadanos.

La principal arma que tiene un Poder Legislativo es la posibilidad de que lo que ocurre dentro del Congreso se convierte en una caja de resonancia que retumba en un estado o país. En ocasiones, suele haber confusión respecto a las verdaderas funciones del legislador que como su nombre lo dice “legisla”, es decir hace leyes, las modifica o las abroga.

Sin embargo, su función fiscalizadora y el uso de la voz para criticar o denunciar irregularidades tienen un gran peso, y más cuando existe pluralidad al interior de la confirmación de un Congreso.

Hace unos días la Fiscalía Anticorrupción dio a conocer que existía orden de aprensión contra el secretario general de la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), José Luis Ponce Grimaldo, y de la secretaria de Finanzas, Maricela Soledad Cota González, para que estos respondieran por los delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones, relacionados con un fraude por 55 millones de pesos al fondo de ahorro de los trabajadores.

Dicho sea de paso, en Coahuila el peculado se castiga hasta con ocho años de cárcel y el ejercicio indebido de funciones hasta con cinco. La investigación fue iniciada con base en una denuncia penal interpuesta por profesores afectados y otra de la Auditoría Superior del Estado (ASE). Por supuesto que esto prendió el ánimo y hubo varios pronunciamientos exigiendo la misma justicia con el caso de la Sección 38.

Y precisamente ayer salió a la luz que la Sección 38 del SNTE se encontraba bajo investigación de la ASE y que cuenta con 16 denuncias penales y un monto de mil 300 millones de pesos en irregularidades detectadas. El auditor superior, Armando Plata Sandoval, incluso señaló que las denuncias se dividen en cinco diferentes fondos, que corresponden cuatro al Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación, otras cuatro al Seguro de los Trabajadores de la Educación, tres a la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, cuatro denuncias más contra el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, y la última contra el Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración para el Programa de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Coahuila.

A lo que voy es que efectivamente la presión que hemos hecho los propios diputados y por supuesto los ciudadanos en general, los partidos y ¡claro! los profesores, cuentan. No podemos alzar las campanas al vuelo, ambos temas sin restarles importancia, son un pequeño dulce comparado a los principales actos de corrupción que hemos vivido en nuestro estado –ustedes saben cuáles–.

Por ellos repito, los diputados no quitaremos el dedo del renglón de estos temas, porque en un estado cada vez más plural, la presión funciona.

¡Es cuánto!

*Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.

Si algo me queda claro es la capacidad del Presidente de la República para marcar la agenda nacional, pero detengámonos un poco: O el presidente y su equipo lo están haciendo bien o quienes somos detractores a la mayoría de los temas que sube a la agenda nacional no lo estamos haciendo tan bien, quizá una mezcla de las dos, pero lo que es un hecho es que el objeto de esa agenda nacional es distraernos de lo verdaderamente importante, por dar un solo ejemplo: la terrible crisis en materia de salud, y cuando digo terrible, es porque en realidad lo es. A ese efecto que logra el Presidente al “hablar de rifas de aviones y eliminación de puentes”, se le llama cortina de humo.

Una cortina de humo es un conjunto de hechos o circunstancias con los que se pretende ocultar las verdaderas intenciones o desviar la atención de los demás. Todo aquello que sirva para evitar que la gente sepa o vea lo importante, constituye una cortina de humo. La cortina de humo es un tipo de distracción para encubrir una acción. De esa manera se disimula la verdad en forma intencional. Las cortinas de humo están diseñadas para engañar, confundir o distraer a los demás. Estas técnicas han sido empleadas a lo largo de la historia por los gobiernos. Como se consigna en el origen de la palabra, proviene de una antigua táctica militar que consistía en generar humo para que el enemigo no pudiera ver.

Lo más triste, es que hoy en día la agenda nacional se debate entre cachitos de lotería para rifar el avión presidencial y el “diablito que le habla al Presidente para hacer enojar a la oposición”, y eso sin duda ha contribuido a disminuir el nivel del discurso público para entrar en una especie de recesión ideológica e intelectual, que no es otra cosa que un retroceso, que por lo que hemos visto le conviene mientras dure, a un Presidente que no ha logrado mitigar el problema de inseguridad, que no ha podido implementar una sola política pública exitosa en lo que va de su Gobierno, que creó una Guardia Nacional que terminó siendo Border Patrol, que tiene al país con un crecimiento del 0.1% y que ha sumido al país es una crisis en materia de salud, de dimensiones populistas.

Hace unos días, se dio a conocer información del Instituto Mexicano del Seguro Social, que exhibe la dimensión real de la crisis actual por el desabasto de medicamentos, las múltiples quejas de los derechohabientes por el pésimo servicio y los funcionarios alarmados por culpa de un Gobierno que ha minimizando esta crisis que está costando vidas. Qué razón tenía Germán Martínez en su carta de renuncia al IMSS cuando advertía una fuerte crisis en la materia. En dicho informe, publicado el 6 de febrero en la columna de Carlos Loret, llamado, Informe de Quejas y Gestiones por Negativa de Medicamentos, realizada por la Unidad de Atención al Derechohabiente, dos gráficas contradicen la versión oficial de “que no hay tal crisis en el sector salud”. Las gráficas muestran mes a mes, desde enero de 2018 y hasta diciembre de 2019, dos indicadores: quejas de servicio y gestiones. Para no transcribir, vale la pena que busquen la columna mencionada, titulada, Falta de Medicinas Crece 1000% y Esconden el Documento Oficial que lo Dice.

Sin embargo, el problema al que se enfrenta el sistema de salud mexicano va más allá. Existen cientos de pacientes, niñas, niños y adultos, que no reciben sus terapias y tratamientos completos. Lo que pone no solo en riesgo su vida, si no que vulnera la situación financiera de sus familiares que en el mejor de los casos se ven obligados a gastar todos sus ahorros, provocando incertidumbre y desesperanza. Esta situación, sumada a la fallida transición del Seguro Popular al Insabi tienen a México al borde de una crisis de salud pública, y esto no lo digo yo, lo ha informado el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

México es un país que ocupa el último lugar de la OCDE en varios rubros en materia de salud. Tener acceso a servicios médicos y medicinas de manera digna y suficiente parece en este momento un futuro lejano para las familias mexicanas, por ello es importante que el Presidente deje de vacilar y se haga responsable del país que gobierna, que dirija sus esfuerzos a construir un sistema de salud sólido, para que esta deje de ser privilegio de unos cuantos y se convierta en un derecho de todos.

La Constitución y la Ley General de Salud precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: servicios públicos a la población general, servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, servicios sociales y privados y otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los estados, el Distrito Federal –hoy Ciudad de México– y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de este sea limitante para acceder a dicho sistema, como lo era el Seguro Popular, hoy Insabi.

Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que esta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados.

El derecho a la salud es un derecho humano ampliamente tutelado por los estados democráticos, forma parte de los derechos básicos de toda persona reconocidos por los tratados internacionales y por las constituciones nacionales y sus leyes secundarias. En nuestro caso, como lo hemos citado, se encuentra garantizado en nuestra Ley Suprema y en la Ley General de Salud, así como en las leyes locales de la materia. Incluso, el desarrollo de este derecho en México ha sido tal, que forma parte de los supuestos considerados como “actividad irregular del Estado”, para efectos de realizar los reclamos de indemnización establecidos en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Para ilustrarlo, en dicha ley se establecen las formas y condiciones en que los ciudadanos podrán reclamar al Estado Mexicano por causarles daños o perjuicios no justificados legalmente, o por actuar de forma contraria a derecho. Daños que el ciudadano no tenía obligación legal de resentir. Las acciones, omisiones y actos de negligencia o corrupción que afectan el derecho a la salud de los mexicanos, forman parte de lo que se puede considerar actividad irregular del Estado, y al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado.

El Artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la configuración de la reparación de los daños causados por una actividad administrativa irregular a través del procedimiento establecido en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado; es la vía administrativa, de ahí que como la citada actividad irregular comprende la deficiente prestación de los servicios de salud, es la vía idónea para demandar al Estado la reparación de los daños derivados de la actuación negligente del personal médico que labora en los institutos de seguridad social del Estado. Es pues la salud un derecho constitucional amplio, protegido por nuestro derecho constitucional vía el amparo, y por medio de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial.

Lo que extraña a todos, en el marco de esta crisis en el Sector Salud, generada por la falta de medicamento y por el deficiente proceso de creación y entrada en vigor del Insabi, es el silencio total de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el tema. Antiguamente, la CNDH actuaba de oficio en aquellos asuntos que vulneraran los derechos humanos de grandes sectores de la población; cuando apenas se daban a conocer, ya estaba fijando la comisión una postura para iniciar con las investigaciones de rigor. Hoy no, Rosario Piedra guarda silencio total, ante una crisis sanitaria de enormes proporciones por las causas señaladas, fallas que están costando daños a la salud y vidas, sin que el Gobierno federal haga nada, más que lo único que sabe hacer: negar todo, buscar culpables inexistentes y pintar un país “feliz”, que no se cree ni el presidente AMLO.

Mi compañera diputada Gabriela Garza presentó en la sesión de la Diputación Permanente de este pasado miércoles, un punto de acuerdo para exhortar al presidente López Obrador, al secretario de Hacienda, a la secretaria de Bienestar de la Federación y a la comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados, a que reformulen la distribución de recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social del Ramo 33. Explico por qué: históricamente Coahuila y sus municipios han tenido una alta dependencia de los recursos federales, bajo este principio se debe entender que los municipios y el Estado requieren de estos recursos para poder cumplir con operaciones que se reflejen en beneficios para los ciudadanos, y es que el fondo III del Ramo 33 (FAIS: Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social) tiene por objetivo el financiamiento de obras, acciones sociales e inversiones que beneficien directamente a la población que se encuentra en la extrema pobreza. Este fondo se divide en 2: en un 12.12 % que ejerce el ejecutivo estatal y un 88.88% que es ejercido por los municipios.

En términos generales, el año pasado los recursos destinados para este fondo representaron un monto de 83 mil 98 millones de pesos, para este año se incrementó un 3.21% alcanzando los 85 mil 768 millones de pesos. Respecto a lo que le corresponde a Coahuila, para el ejercicio fiscal 2020, tuvimos una reducción de 70 millones de pesos, es decir, en 2019 nos cayeron 805 millones 489 mil pesos y este año se etiquetaron 725 millones 606 mil pesos, en términos generales, entre la reducción del fondo y el no crecimiento a la par del mismo, significa un 13.13% menos, que en pesos son 105.8 millones de pesos. ¿Qué acaso el hecho de que Coahuila represente el 2.47% de la población del país, de que aportemos el 3.70% del producto interno bruto nacional, y del fondo del FAIS, no es motivo suficiente para que nuestro estado reciba más de un austero .97% del Fondo para estos rubros? Sin lugar a dudas, y coincido con lo que expuso de manera textual mi compañera diputada en su punto de acuerdo, “...consideramos que es una injusticia, porque el combate a la pobreza no cuesta solo mejorar dichos indicadores, si no, mantenerlos en niveles muy inferiores a la media nacional, por lo tanto, reducir estos apoyos van en detrimento de generar bienestar a los coahuilenses.

Es por ello que urge replantear el pacto federal y realizar un análisis formal, serio y actual, priorizando en la valoración de la continuidad de la coordinación fiscal, en los nuevos términos de ejecución de la actual Administración federal, con reglas claras de equidad y justicia, privilegiando el manejo solidario y subsidiario, para fortalecer de forma equitativa la distribución de importantes recursos.

Por otro lado, en la misma sesión mi compañera María Eugenia Cázares presentó un igual de importante punto de acuerdo, aunque de consecuencias totalmente distintas y enfocadas al manejo financiero estatal. Resulta que durante las discusiones para elaborar el Presupuesto 2020, no se nos informó a los legisladores de los créditos a corto plazo contratados durante noviembre y diciembre del 2019, y por supuesto que desconocemos los motivos por los que se tuvo que recurrir a dichos préstamos y por obvias razones el destino de estos recursos; ojo, la ley permite al Ejecutivo estatal disponer de este tipo de créditos para hacerle frente a alguna emergencia financiera con tal de que se liquiden en los 12 meses siguientes. Sin embargo, me parece que se abusa de esta situación, o bien, se le pudiera dar manejo distinto, para explicarme mejor. Tanto la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, establecen que la información pública de oficio debe actualizarse una vez al mes y que se deberá tener un registro congruente y ordenado de cada operación, en tiempo real, además de que serán materia de registro y valuación las provisiones que se constituyan para hacer frente a los pasivos de cualesquier naturaleza, con independencia de que estos sean clasificados como deuda pública.

En este sentido, así lo expresa el punto de acuerdo, se destaca que el Informe de Deuda correspondiente al mes de noviembre del 2019 fue presentado hasta enero y no en diciembre como por ley debería ser. Posteriormente el 6 de noviembre se firmó otro contrato para solicitar un crédito a corto plazo que no se dio a conocer, siendo que 24 días después, el secretario de Finanzas estuvo ante el Congreso entregando el paquete económico del Ejecutivo estatal y, por último -a pesar de que mi compañera diputada María Eugenia Cázares preguntó si habría más créditos, siendo la respuesta NO-, sí se solicitó un nuevo crédito el día 3 de diciembre, pero como no se informó ni se puso en conocimiento del Poder Legislativo, la cantidad para pagar este último crédito a un año, que es de mil millones, no se consideró dentro del Presupuesto de Egresos. De esto se deriva el siguiente análisis.

Efectivamente la ley permite a los ejecutivos estatales recurrir a este tipo de créditos, que dicho sea de paso, no tienen nada malo, lo que me parece que se pudiera evitar a toda costa es la polarización de este tipo de asuntos, que quizás, tienen un fin legítimo financieramente hablando, como el de hacerle frente a una momentánea falta de liquidez, a pagar proveedores o cualquier otra situación que la emergencia lo amerita. A lo que voy es que en tiempos modernos la discrecionalidad se antoja un acto por demás vulgar y que da pie a pensar en lo peor. Un servidor, advirtiendo este tipo de escenarios, presentó el año pasado una reforma al Artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, para obligar a los ejecutivos a Informar a las legislaturas los motivos que generaron la falta de liquidez y los rubros o necesidades que serán cubiertas con el crédito a corto plazo solicitado, consciente estoy que tratándose de una reforma a una Ley General, el camino suele ser un poco largo, se debe aprobar por la Legislatura local, para enviarla al Congreso de la Unión y entonces sí que siga su curso legislativo normal. Pero créanme, esta reforma evitaría la discrecionalidad y el hecho de transparentar, legitimaría a los gobiernos sus acciones financieras y se evitaría grandes críticas, que dicho sea de paso, están perfectamente bien justificadas.

Así pues, dos buenos temas en la sesión a los que habrá de dar seguimiento, porque cada uno en el ámbito de su importancia, ayudarán a construir un mejor Coahuila.

La Unidad de Inteligencia Financiera fue creada en el año 2004 durante el sexenio de Vicente Fox. La UIF, por sus siglas, es una instancia que depende de la Secretaría de Hacienda, que tiene como finalidad prevenir y combatir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita como el lavado de dinero, y hoy en día, con las reformas impulsadas en materia fiscal, también contempla el financiamiento al terrorismo.

Las funciones de este organismo según la página oficial de internet son: Recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables; analizar las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada; y diseminar reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero (LD) o el financiamiento al terrorismo (FT), y en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente.

Las principales tareas de la Unidad de Inteligencia Financiera consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones, que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los siguientes delitos previstos en el Código Penal Federal: Operaciones con recursos de procedencia ilícita (Artículo 400 bis); financiamiento al terrorismo (Artículo 139 quáter)

Su misión es contribuir exitosamente a la consecución de los fines del Estado Mexicano dirigidos a impedir la realización de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Hace unos días se anunció que Coahuila contará con una Unidad de Inteligencia Financiera –no somos los primeros, por ejemplo Tamaulipas y Jalisco ya cuentan con la suya– que operará, al menos así lo supongo, desde la Secretaría de Finanzas y la Fiscalía del Estado, con el objetivo primordial de combatir el lavado de dinero, el terrorismo y la corrupción, así como en el intercambio de información y documentación para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones relacionados con recursos de procedencia ilícita.

De hecho, la creación de esta unidad se dejó venir con fuerza, porque se han ido celebrando convenios entre los gobernadores del país y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP del Gobierno de la República, Santiago Nieto.

Al respecto, entiendo la importancia de las tareas que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera a nivel nacional, del papel que juega en la estrategia de seguridad que es de principal interés para las entidades, en la agenda y lucha contra la corrupción que como siempre lo ha dicho un servidor, es uno de los males más complejos y lacerantes que afecta nuestro país, sin embargo hay dudas respecto a su conformación, ¿en qué ley se va crear dicho organismo, o a poco primero dieron la nota y luego se va a adecuar el marco normativo?, ¿Quién va a nombrar al titular? Que dicho sea de paso todo parece indicar que la propuesta será el exalcalde lagunero Jorge Luis Morán, el mismo que en 2012 renunció al cargo frente a la Secretaría de Seguridad Publica, por no pasar los exámenes de confianza, además de que durante su ejercicio se le fugaron 131 reclusos del penal de Piedras Negras; ¿Qué atribuciones tendrá dicho organismo? Me refiero a las reales, en la práctica, ya que solo la SHCP, puede brindar y con ciertos requisitos, el secreto bancario, que es la clave para rastrear todo tipo de cuentas.

Una unidad local a mi entender, dependería en todo de la federal.

Me explico, la clave para rastrear empresas fantasma u operaciones con recursos de procedencia ilícita, es acceder a las cuentas bancarias, y eso solo lo puede hacer el fisco federal, y eso, con ciertas limitaciones según lo ha establecido la suprema corte de justicia. En teoría y como ha funcionado hasta ahora, la Fiscalía General del Estado, si desea rastrear recursos de este origen, se coordina con la Unidad de Inteligencia federal y solicita toda la información necesaria. Entonces, la pregunta sería, ¿es necesaria la creación de un nuevo organismo, que generará elevados costos? o simplemente el Gobierno federal busca, al igual como ocurrió con la creación del Sistema Anticorrupción, “legitimar” la lucha contra este mal, aunque no haya resultados. Solo el tiempo podrá respondernos, y no me gusta ser negativo, simplemente es que el que con leche se quema, hasta al jocoque le sopla.

A través de los medios de comunicación se ha dado a conocer en las últimas semanas que la Fiscalía General del Estado ha solicitado y obtenido de la autoridad judicial una orden de aprehensión en contra de Javier Villarreal por el delito de enriquecimiento inexplicable.

De acuerdo a la información dada a conocer, resalta lo siguiente: 

“…Entre los elementos aportados por el Ministerio Público estaría un dictamen pericial contable, fechado el 1 de abril de 2019, según el cual existe una “discrepancia” de 160.5 millones de pesos en los depósitos realizados a las cuentas bancarias de Javier Villarreal cuando fungió como funcionario.

“Una vez efectuado el análisis contable respecto a los depósitos bancarios efectuados a las cuentas personales de Héctor Javier Villarreal Hernández, en relación a las percepciones económicas declaradas y recibidas por concepto de sueldos y demás prestaciones durante el periodo comprendido del uno de diciembre de 2005 al 15 de agosto de 2011 existen discrepancias respecto a las mismas”, señala el documento judicial.

Lo que es importante señalar es que si revisamos en los archivos del Diario de los Debates de las legislaturas 58, 59, 60 y la presente, el Partido Acción Nacional ha ordenado más de 120 proposiciones con puntos de acuerdo relacionadas con exigir justicia y el castigo para los responsables de la megadeuda, sin embargo la mayoría de ellas fueron congeladas por siempre; y las pocas aprobadas, sin respuesta alguna de parte de las autoridades locales y federales.

Consta también, durante las legislaturas mencionadas y la actual, cómo en las comparecencias de los exsecretarios de finanzas, de fiscalización y rendición de cuentas y del entonces exprocurador General de Justicia, las y los diputados del PAN exigieron siempre conocer todos los pormenores del caso, los nombres de todos los implicados, y las acciones legales que se llevarían a cabo para castigarlos y recuperar lo robado; todas estas peticiones sin respuesta alguna.

Desde luego, que nos alegra como legisladores y como coahuilenses esta determinación de la Fiscalía, pero de ninguna manera echamos las campanas al vuelo, Javier Villarreal no se robó 160 millones de pesos, en realidad hurtó mucho más que eso de las arcas coahuilenses, las mejor prueba son las cuentas multimillonarias que le incautaron en Estados Unidos, así como los inmuebles de alto valor en dólares.

Así que, esto es apenas un pequeño paso en un gigantesco bosque de corrupción. Es mucho lo que tienen que hacer y demostrar las autoridades de Coahuila para que podamos creer que se hará justicia de forma imparcial, objetiva y plena.

Al tiempo.

El 18 de septiembre de 2018, mi compañero diputado Juan Carlos Guerra, en conjunto con el grupo parlamentario de Acción Nacional, presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua y esta, a su vez fue dictaminada el 17 de diciembre de 2018, para ser aprobada en el Pleno del Congreso y posteriormente publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Dicha reforma a la ley me parece que era muy necesaria, ya que como la exposición de motivos de la iniciativa suscribió, la Organización de Naciones Unidas (ONU) exhortó el verano de 2018 a todos los países tomar medidas contra el uso de bolsas de plástico, como parte del desafío global por reducir y acabar con la contaminación de los océanos que se ha venido incrementando cada año, esta petición fue hecha a pocos días que se celebrara el día Mundial del Medio Ambiente, ya que como resultado del consumo excesivo de plásticos de un solo uso y de la mala gestión de los residuos, cada año se vierten en el océano 13 millones de toneladas de plásticos, advirtiendo que si los patrones actuales de consumo continúan, en 2030 la producción anual de plástico será de 619 millones de toneladas a nivel global.

América Latina y el Caribe fueron las primeras regiones que reaccionaron ante este llamado, ya que son dos de las regiones más biodiversas del mundo, con 16 millones de kilómetros cuadrados de mar, que son fuente de 24% de la pesca global.

Por ejemplo, Chile prohibió el uso de estos productos a partir de 2019, convirtiéndose en el más reciente país que asume una decisión frontal contra las bolsas plásticas. Colombia prohibió también en 2016 la circulación de bolsas plásticas de pequeño tamaño y en 2017 aplicó un impuesto a bolsas de mayor tamaño.

Ecuador se unió en 2018 a la corriente contra el plástico y dictó medidas para restringir el uso de sorbetes, bolsas y botellas desechables en las islas Galápagos. Mientras tanto, Perú inició también en el seno de su parlamento el debate para prohibir las bolsas y crear un proyecto de ley para tal efecto.

En América Central, la ofensiva contra los plásticos la impulsó Panamá, que devino a inicios de este año en el primer país del Istmo en prohibir por ley la bolsa de plástico. Costa Rica lanzó de su lado una estrategia para reducir el uso en un lapso de tres años, en 2021.

Dicho de otro modo la contaminación por plástico es un problema de salud, que también afecta a nuestro país, –ojo, considerando que el plástico es necesario y útil en muchas aplicaciones, como medicina, automoción, etcétera–.

Sin embargo, la legislación a nivel mundial apuntala hacia los usos innecesarios y controlables atribuidos a este material de “usar y tirar”, que al final de cuentas son los que están generando serios impactos ambientales y económicos, por lo tanto, se antojaba urgente modificar el modelo actual de producción, consumo y gestión de los residuos plásticos y unicel para evitar un desastre ambiental aún mayor del que existe en la actualidad.

En México, Veracruz, Querétaro y Baja California Sur, fueron los primeros en legislar en la materia para prohibir el uso de bolsas plásticas, popotes y todo aquello con fines de envoltura, transportación y carga o traslado de alimentos y bebidas, a estos se les sumaron Nuevo León, Sonora, Durango, Jalisco y la Ciudad de México.

La contaminación en Coahuila es grave, aunque cada día, existen más empresas dedicadas al reciclaje, hacía falta impulsar acciones de reciclaje y más centros de confinamiento para tratar y reciclar, es por ello, que resultaba impostergable que nuestra Legislatura adecuará el marco jurídico de nuestro estado, para regular el uso de bolsas plásticas y contenedores de poliestireno –expandido para fines de envoltura, transportación, carga o traslado de alimentos y bebidas, así como de popotes plásticos, pues significan un foco de contaminación por plástico– originando así un problema de salud pública.

Ante este panorama, era indispensable tomar consciencia de la importancia de reducir nuestro consumo de productos plásticos, creando con ello el andamiaje legal para que el Estado y municipios, en coordinación con las cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil y la sociedad en general, instrumentarán estrategias y campañas de promoción y concientización ciudadana sobre el uso, reutilización, reciclaje y destino final de los productos plásticos.

Para ello se propuso que la entrada en vigor de la iniciativa fuera dentro de los 12 meses siguientes, contados a partir de la fecha de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, al considerarse como tiempo suficiente para sustituir las bolsas, empaques y popotes no reciclables o no biodegradables, así como para que las empresas que actualmente producen las bolsas, empaques y popotes de plástico, puedan adecuar sus tecnologías y obtener las materias primas necesarias y acordes con lo establecido en la presente iniciativa.

De hecho, cabe señalar que este artículo lo voy escribiendo justo después de haber ido a hacer el mandado con Claudia, mi esposa, y con mucho gusto me pude percatar que efectivamente, todo el material de poliestireno y plástico se está actualmente rematando a muy bajo costo y paulatinamente sustituyendo por materiales biodegradables.

De igual forma, ya no se expiden bolsas de plástico para cargar con el mandado sino que a precio bastante accesible, se ponen a la venta bolsas reutilizables o ecológicas para cargar con todos los productos. ¿Que si esto va a salvar el mundo de la contaminación? No, claro que no, pero es una aspirina que lejos de hacer daño, contribuirá a mejorar nuestro medio ambiente.



En resumen:

Me han preguntado que cuáles son esos productos que sí podrán ser usados y como saberlo a ciencia cierta, simple, la ley los enuncia: Biodegradable(s), que son productos hechos a base de sustancias (macromoléculas o polímeros) susceptibles a degradación por actividad biológica.

Se entiende por degradación a la pérdida progresiva de las características ya sean físicas y/o químicas de una sustancia. El proceso de biodegradación depende de la cantidad de oxígeno, el grado de humedad y de la temperatura, y puede ser descompuesto por microorganismos.

¿Cómo opera la prohibición? Para empezar, toda persona física o jurídica que infrinja lo establecido en la presente ley será acreedor a las sanciones que se prevén. La entrega en vigor de la restricción definitiva de venta, facilitación y obsequio de bolsas plásticas y contenedores de unicel para envoltura, y traslado, así como popotes plásticos, se ajustará a la gradual idea siguiente:

a) En supermercados, farmacias, mercados, restaurantes y similares, en un plazo de 8 meses a la entrada en vigor del decreto –la entrada en vigor es a partir del 15 de enero del 2020– al igual que en establecimientos dedicados a la venta al mayoreo y menudeo de los productos señalados.

Esto quiere decir que la fecha fatal para no volver a ver en stands ni en los oxxos estos productos, que dicho sea de paso, deberá ser supervisado y ejecutadas las sanciones a las que haya lugar por la autoridad municipal, será el mes de septiembre del presente año.

La pluralidad se refiere a un gran número o multitud de cosas, opiniones y personas que coexisten en un mismo espacio. También indica la cualidad de plural, es decir, de ser más de uno. La palabra pluralidad deriva del latín “pluralĭta”, y entre los sinónimos que se pueden emplear con respecto a este término están variedad, diversidad, colectividad o multitud. Lo contrario a pluralidad es singularidad.

La pluralidad es un término que puede ser empleado en diferentes áreas del desarrollo humano, en general, suele ser positivo y aportar beneficios ya que, permite tomar en cuenta a todas aquellas personas que forman parte de grupos minoritarios y que también necesitan ser escuchados, además se complementa con otros significados como el de libertad de expresión, libertad de elección, igualdad de derecho, respeto, solidaridad, reconocimiento, etc. Estos términos también abarcan conceptos aún más amplios y complejos como en la política, para ser más exactos como debieran ser los congresos, es decir los Poderes Legislativos.

En los Congresos, llámese Senado de la República, Cámara de Diputados y/o congresos locales, se acostumbra a emplear el término pluralidad cuando las opiniones a las múltiples expresiones y representaciones políticas que hay en un estado, partido, etc y, con las que se identifica cada grupo social.

La pluralidad también hace referencia a los diferentes grupos étnicos, de mayor o menor número de integrantes, así como, de la mezcla heterogénea que enriquece y hace particular diversas costumbres y tradiciones populares.

Está también la pluralidad de creencias religiosas, las cuales forman parte de las múltiples expresiones culturales con las cuales se identifican grandes, medianos o pequeños grupos de personas.

En fin, cuando estas ideologías, todas tienen un real y determinado peso, ocurre lo que sucedió esta última sesión del 27 de diciembre en el Congreso de Coahuila. Quién se iba imaginar –en aquellos tiempos de mayorías calificadas del PRI en Coahuila– cuando prácticamente los legisladores eran tapetes del Gobernador y aprobaban a diestra y siniestra temas, por dar un ejemplo, la megadeuda que fue contraída mediante decretos falsos, hoy en Coahuila gane el consenso y el debate parlamentario, que dicho sea de paso, tanto bien le hace a Coahuila y al país (lamentablemente en el Congreso de la Unión no es así, viendo cómo la mayoría aplastante de Morena nada bien le está haciendo a México).

Para muestra un botón: aprobamos que el plaqueo sea cada cuatro años y no tres, o que la expedición de la licencia de conducir sea opcional entre dos y cuatro años a costos considerables; o quién imaginaría que con consenso lograría el Congreso local aprobar la profesionalización de los elementos de seguridad en los municipios, gracias a la implementación de protocolos, o bien, la obligatoriedad de los contralores municipales a presentar un informe cuatrimestral ante el Cabildo, o el hecho de implementar incentivos a las empresas que contraten adultos mayores o jóvenes recién egresados, si! Todo esto es una realidad en las leyes de Coahuila y se logró con consenso. Se logró gracias a la pluralidad. Hoy mi querido lector, no ganó el Gobernador, ni los diputados, hoy ganaron los coahuilenses.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.

El documento denominado: Modelo Óptimo de la Función Policial, que habla sobre las Policías Preventivas de las Entidades Federativas, elaborado por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece que los integrantes de las instituciones de seguridad pública deberán operar conforme a los protocolos mínimos que les permitan desempeñarse de manera adecuada en sus funciones.

En este sentido, las entidades federativas deben acreditar la capacitación de sus elementos en los seis protocolos mínimos:

1. Protocolos para la Función de Prevención o Reacción

2. Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género

3. Protocolo para el Uso Legítimo de la Fuerza

4. Protocolo Nacional de Primer Respondiente

5. Protocolo Nacional de Cadena de Custodia

6. Protocolo para la Atención a Víctimas y Grupos Vulnerables

El protocolo, cuando es de carácter operativo (actuación), es un instrumento que establece pasos, formas y lineamientos o reglas a observar para llevar a cabo determinada actividad, determinado proceso, o un conjunto de acciones con miras a un fin preciso.

De entre los Beneficios que tiene un protocolo, están:
A) Darle forma, agilidad y eficiencia a un proceso.

B) Dotar de legalidad plena al actuar de la autoridad.

C) Reconocer y respetar los derechos de las personas destinatarias del protocolo.

D) Medir y evaluar el impacto generado por el accionar de las autoridades. Y;

E) Respetar el debido proceso en los casos donde dicha garantía forma parte de la naturaleza y alcances del protocolo en cuestión.

En definitiva, la creación de protocolos deben ser parte de la ley, ya que se trata de instrumentos esenciales, y su implementación no puede quedar sujeta a la voluntad discrecional de las corporaciones. La palabra “protocolo” aparece en el texto de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Coahuila, sin embargo en la práctica, no se implementan, no existen o simplemente los elementos de seguridad ignoran su existencia.

En este orden de ideas, contar con protocolos en materia de seguridad pública es indispensable para que la función inherente a las corporaciones policiacas sea eficiente, profesional, imparcial, honrada, legal y apegada a respeto de los derechos humanos.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.

México sigue estando entre los países de la OCDE con mayores proporciones de jóvenes que no trabajan, no estudian, ni reciben capacitación. Estos representan 22% de la población joven, cifra muy superior al promedio de 15% en la OCDE. Las personas jóvenes en condiciones de pobreza (extrema y moderada) y vulnerables representan más de 87% de este grupo.

Y en teoría, el programa insignia de la mal llamada cuarta transformación es el llamado Jóvenes Construyendo Futuro, el cual fue creado para apoyar y ayudar a salir de su situación actual a miles de jóvenes mexicanos que, por alguna razón no estudian ni trabajan, lo cual es muy loable y una propuesta interesante para nuestros jóvenes; sin embargo, a 10 meses de su creación, solo el 1.5% de quienes se encuentran dentro de programa ha sido contratado.

Veamos las cifras a detalle: de acuerdo a la información oficial, durante estos meses en que funciona el programa, Jóvenes Construyendo el Futuro, ha incluido a un millón 3 mil becarios en 157 mil centros de trabajo, de los que se han contratado solo a 15 mil, es decir uno de cada 100 jóvenes.

Incluso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reporta que se ha gastado únicamente 32% del presupuesto que debería haberse ejercido. El gasto esperado era de 15 millones de pesos, el gasto ejercido ha sido de 4 millones de pesos; por ende, el subejercicio corresponde a 10 millones de pesos.

Con esta información, claro que se antojan lógicos semejantes resultados, es evidente su fracaso y nuestros jóvenes padecen la sombra del desempleo y la incertidumbre de un futuro mejor.

Ahora bien, Jóvenes Construyendo el Futuro, además, carece de reglas de operación y de mecanismos de seguimiento y evaluación, así como la falta de transparencia en su ejecución.

Los programas sociales del Gobierno federal son campo fértil para la corrupción, la opacidad y la simulación al carecer de la estructura de rendición de cuentas, por lo que desde el Congreso buscaré que las y los jóvenes tengan verdaderas oportunidades para participar económicamente en la sociedad y estudiar.

Ojalá pronto el Gobierno federal y el presidente Andrés Manuel López Obrador, retomen y acepten corregir e ir por el camino de la justicia social verdadera, misma que se basa en el respeto a la ley, la rendición de cuentas, la transparencia y la eficacia en el ejercicio del gasto público.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es Diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.

En el Segundo informe del Gobierno de Coahuila, considero que los resultados arrojan que ha habido avances en determinados rubros. Sin embargo, no podemos dejar de ver que sigue habiendo temas torales que si no se resuelven o dan signos de solvencia podrían no permitir el verdadero desarrollo de nuestra entidad. Por ejemplo, entre esos grandes temas pendientes, está el alarmante aumento de feminicidios, o el desempleo, cuyas cifras en ambos temas se han disparado en Coahuila, o la falta de servicios, marginación y pobreza y por supuesto, procuración de justicia.

Por supuesto que es importante decirlo con responsabilidad y objetividad, los grandes problemas que nos aquejan como coahuilenses deben resolverse con sobriedad, pero también de manera enérgica y tajante.

Es cierto, en Coahuila existe paz laboral, por ejemplo –poco se valora, porque la tenemos–, pero las estadísticas del INEGI nos demuestran que, efectivamente, si bien ha habido recuperación en inversión, en gran medida gracias también a los esfuerzos de algunos alcaldes de generar las condiciones propicias para la inversión, en el estado el porcentaje de desempleo aumentó respecto a los años anteriores inmediatos.

Quienes somos oposición en el Congreso de Coahuila, es cierto, no podemos hacer señalamientos con víscera y estar en contra de todo y a favor de nada, pero sí podemos señalar aquellas necesidades y exigir con información siempre puntual, criticar en lo que se está mal y presentar soluciones.

Esto generará la percepción y la práctica de ser una aposición responsable que demuestre que la finalidad va más allá de denostar, que la finalidad hoy en momentos difíciles para el país es la de reconstruir Coahuila y dejar atrás la era gris que significaron los Moreira Bros. Donde no había pluralidad ni apertura. En resumen, un Estado al que le falta aún, que debe darle vuelta a la página, atacar el toro por los cuernos, pero sobre todo un Gobierno estatal que deje un claro precedente y contundente en el combate a la corrupción, un Coahuila que por culpa de esa megadeuda hoy hay un Gobierno que maniobra con menos inversión pública productiva, menos inversión en sector salud y algunos otros rubros que no son menos importantes.

Ojalá para bien del estado, perdure la pluralidad de las ideas, de la representación partidista en el Congreso y la responsabilidad parlamentaria, de no suceder así en los resultados de los próximos procesos electorales, sería sin duda un terrible retroceso.

Desde hace muchos años, todas las leyes que contemplan la necesidad de crear un consejo ciudadano o un comité de similar naturaleza, enfrentan el problema de que el legislador crea dichos organismos despojándolos de inicio de que sus opiniones o requerimientos sean vinculantes. Con lo cual los convierten en estructuras virtualmente de adorno, elefantes blancos; espacios de participación y de consenso que al final no tienen ni tendrán ningún efecto jurídico, ninguna consecuencia en favor de los ciudadanos.

Tenemos muchos ejemplos: consejos de seguridad pública, consejos del transporte, consejos del deporte, consejos de planeación, consejos del agua potable, consejos de salud, comités de planeación, comités de desarrollo urbano, comités de movilidad sustentable, comités financieros, etcétera.

Cuando un consejo no tiene atribuciones vinculantes en sic to a sus opiniones o atribuciones tiene consecuencias, como el hecho de que sus actos no tengan repercusiones legales o que sus recomendaciones no generen la posibilidad de reclamos para los afectados, especialmente para el ciudadano representado. Y lo peor, que la representación ciudadana queda convertida en simulación, lo cual es gravísimo, porque cada vez más la política debe hacerse abierta a los Ciudadanos, simular en este sentido significa no sólo simulación, si no un retroceso.

Por ejemplo, desde su creación, el Sistema Nacional Anticorrupción ha enfrentado diversas críticas de parte de sectores sociales y de organismos especializados; en lo particular a lo que se refiere a la falta de vinculación de las opiniones emitidas por los Comités Coordinadores y por los Consejos de Participación Ciudadana, que si no pueden emitir opiniones y recomendaciones vinculantes, entonces están de adorno, no sirven para nada o casi nada, y punto.

En este caso, no debemos dejar de lado la naturaleza del Comité Coordinador y su conformación, que consta de todas las autoridades que encabezan el abanico de dependencias encargadas del aparato anticorrupción, además del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, que a su vez representa a dicho consejo.

Es por ello que con el objeto de fortalecer las entidades dentro del sistema encargado de dar seguimiento al combate a la corrupción y garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, es que se vuelve impostergable que todos aquellos “consejos ciudadanos” o “comités” tengan una importancia relativa y que su conocimiento y experiencia se vea reflejada en pro del seguimiento de las políticas públicas o decisiones de las entidades públicas.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.

La cuarta transformación con un discurso demagógico y políticas públicas sin reglas de operación, hechas al vapor, que buscan a través de ellas perpetuarse en el poder a costa de sacrificar el verdadero combate al analfabetismo, a la deserción escolar, a la pobreza, a la salud.

Además, la cuarta transformación ha eliminado otras políticas públicas como Estancias Infantiles y el Seguro Popular que eran exitosas a nivel internacional y que hoy simplemente con la mano en la cintura las cancelaron, dejando a miles de madres solteras en estado de indefensión y miles de familias sin acceso a la salud.

Debido a esto desde que tomó posesión, y de maneras irregulares y otras tantas dentro de la Ley, ha hecho tres cosas en cuanto a los programas sociales
activos:

1. Eliminar (Seguro Popular)

2.Modificar (Estancias Infantiles)

3.Crear (Jóvenes Construyendo el Futuro o Becas AMLO)
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), detalla en el estudio Análisis de los Programas Sociales del PEF 2018 y 2019, que de los 150 programas registrados el año pasado, 18 se eliminaron, 14 son de nueva creación, seis tuvieron cambios, tres fueron resectorizados (serán operados por otra dependencia), seis tendrán recursos de más de una secretaría y se registró una fusión de programas.

Especialistas advirtieron que no hay una “estrategia clara” en los cambios y su impacto en las carencias sociales; además de que las transferencias monetarias directas como las que se entregarán en programas como el de Estancias Infantiles pueden ser usados con fines electorales.

La eliminación
El Seguro Popular, creado en el sexenio de Vicente Fox, se eliminó como parte de la federalización de los servicios de salud, lo cual busca establecer un nuevo sistema de salud universal, que garantice el acceso a la atención y a medicamentos, descripción que todo Gobierno y candidato utiliza como plataforma.

Según el informe de resultado del Coneval para el primer semestre de 2017, la cantidad de afiliados al Seguro Popular era de 53.3 millones de personas. Mientras que la población adscrita al IMSS en 2019 según datos de la propia institución es de 12 millones 327 mil 845 personas.

En este mismo informe podemos conocer datos duros acerca del número de consultas y urgencias atendidas por el modelo de atención médica del Seguro Popular. El programa del Seguro Popular fue un programa que utilizaba recursos federales y estatales, que se aseguraba de la atención del afiliado dentro de la red de Instituciones de Salud Pública y Hospitales de Referencia. Es decir, con el Seguro Popular ocurrían dos supuestos, la efectiva atención y el pago de los servicios médicos.

Al desaparecerlo, la cuarta transformación ha ignorado los índices de impacto inmediato en la población, ha ignorado si era un buen programa o no, solo para buscar reconocimiento
de su marca.

La modificación
Edna Jaime, directora general de México Evalúa, indicó que la reasignación de recursos en los programas tuvo “damnificados”, puesto que tenían objetivos claros, como ocurrió en el caso de las estancias infantiles, y alertó que los nuevos programas no cuentan con reglas de operación, con lo que podrían ser utilizados con fines políticos.

Siguiendo con los datos proporcionados por el Coneval en su análisis sobre el Programa de Estancias Infantiles para el ciclo 2017-2018.

Al hacer un seguimiento y supervisión del ejercicio de recursos, un 93.9% de los beneficiarios consideró que el programa les brinda la posibilidad de contar con empleo, salud mental, salud física e ingresos monetarios.

El 96.5% consideró que la atención y cuidado tuvo un impacto positivo en el desarrollo del lenguaje de los niños, 97.5% observó una mejora en su desarrollo motriz, y 96% dijo que los menores desarrollaron mejores habilidades sociales.

Todos estos datos están basados en un estudio que realizó, sobre el programa, el Instituto Nacional de Salud Pública en 2011. Entre los indicadores que se presentan en la evaluación del Coneval está el Índice de Satisfacción con la calidad en los servicios de cuidado infantil en estas estancias, que de 2014 a 2017 se ubicó entre 92 y 97 puntos porcentuales.

Al cierre de la Cuenta Pública 2017, los indicadores de resultados registraron un avance adecuado con un cumplimiento superior al 90%; sobresale que en promedio, las madres y padres beneficiarios contaron con 34 horas a la semana para acceder al mercado laboral, permanecer en su empleo o estudiar.

Hasta diciembre de 2018, el PEI tenía cobertura nacional. En 2017 tuvo presencia en poco más del 50% de los municipios del país. A través de 9 mil 399 estancias infantiles proporcionó el servicio de cuidado y atención a 310 mil 968 madres y padres solos, y atendió a un total de 327 mil 854 niños y niñas.

El conocido Becas AMLO de capacitación, Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa que brinda un apoyo mensual de 3 mil 600 pesos a personas de 18 a 29 años que no estudien ni trabajen. Justo por esta razón también se le conoce como becas AMLO para ninis.

Junto con esa beca los beneficiarios reciben capacitación laboral en un centro de trabajo de su elección. Además acceden a la prestación de Seguro Social durante el tiempo en que estén inscritos. Sin embargo, para 2019 el registro ya está cerrado pues se cumplió con la meta de un millón de becarios, los cuales 900 mil se registraron en línea y el resto en zonas indígenas.

Estas becas que ofrece López Obrador son gestionadas por la Secretaría del Trabajo, solo por un año, pues su intención supuestamente es que los becarios se capaciten y puedan adquirir experiencia laboral. Sin embargo, el programa ha sido un rotundo fracaso llegando aproximadamente a un 1.5 % de la meta.

En general programas sociales sin reglas de operación y construidos al vapor no representan una mejoría en la situación de millones de mexicanos, si no que parecieran, solo credos para mantener un discurso demagógico que agoniza.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.

Las becas educativas son el apoyo financiero que los gobiernos otorgan para que lo estudiantes de escasos recursos puedan seguir adelante con sus estudios; esto en su acepción general. Pero, desde luego, existen diversos tipos de becas, desde las que brindan un apoyo mínimo de tipo financiero, hasta las que se encargan de cubrir todos los costos de una carrera universitaria. El Instituto de Becas del Estado de Coahuila, en el Informe de Actividades publicado en la plataforma Coahuila Transparente, reportó que se apoya a 74 mil 853 alumnos de educación básica con distintos programas y en educación media superior a 47 mil 956 de escuelas particulares incorporadas. Sin embargo, los pendientes y los rezagos siguen siendo muchos en materia de educación en México. Es insuficiente, desigual y su calidad es incierta debido a las carencias en medición e información. Estas características se profundizan entre más alto sea el nivel escolar y varían dependiendo de la región geográfica, de acuerdo con el informe diagnóstico del Derecho a la Educación del Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social).

En el país no solo se presenta insuficiencia en la oferta educativa, también es insuficiente el personal docente, los materiales, la actualización de programas y planes de estudio, y la infraestructura y servicios en las escuelas. Por ejemplo, en la educación media superior solo se tiene una unidad escolar por cada mil jóvenes.

A escala nacional la cobertura de educación para adultos solo alcanza el 5.4% de la población potencial. En el paso de la educación secundaria a la media superior se pierden cerca de 2 millones de alumnos matriculados en escuelas públicas. El 25% de las plantillas docentes en primaria y secundaria están incompletas. En promedio hay 34 alumnos por cada profesor en la educación secundaria (la media para los países de la OCDE es 13 por cada docente). La tasa neta de escolarización pasa de 98.4% en primaria y se reduce a 62% en preparatoria. Alrededor de 95 mil estudiantes asisten a una institución en un inmueble adecuado. En el país 2 de cada 10 alumnos de educación básica no cuentan con mobiliario básico, la cifra se dispara a 7 de cada 10 en preparatoria. En México alrededor de 1.4 millones de niños y jóvenes en edad estudiantil invierten tiempos excesivos de traslado a sus instituciones. En el plan de estudios único para educación básica no se contempla a las personas con discapacidad y hablantes de lenguas indígenas. En la educación primaria indígena hay 21.8 alumnos por cada docente. El 36.2% de los profesores de primarias indígenas no cuenta con programas de estudio. En las comunidades rurales 6 de cada 10 jóvenes de 15 a 17 años se encuentra viviendo aislados y sin escuelas cercanas.

El 13.2% de los niños y jóvenes en pobreza extrema por ingresos no asiste a la educación obligatoria.

En suma, a pesar de algunos esfuerzos, sigue habiendo deserción escolar, producto de distintos factores, dentro de ellos, el embarazo adolescente, la vulnerabilidad económica, la necesidad de trabajar desde temprana edad, la falta de recursos para obtener una preparación de calidad y sobre todo incapacidad del Gobierno y falta de políticas públicas encaminadas a atender estos problemas. Desgraciadamente, por estas causas, niños y jóvenes ven truncados sus sueños de concluir sus estudios. La educación es la base del desarrollo de todo pueblo, es el pilar en que se endereza un mejor futuro para la sociedad. Por ello, como estado, debemos redoblar esfuerzos para seguir apostándole a lo seguro, a la educación de nuestros niños y jóvenes. (Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es Diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila).

La semana pasada en este mismo espacio abordé lo de la extradición de Jorge Torres a Estados Unidos. Sin embargo, considero que todavía hay mucho qué abordar, sobre todo en lo relacionado a la procuración de justicia en nuestra entidad.

En todo el tiempo que estuvo preso en México ninguna autoridad del estado de Coahuila se apersonó en la Fiscalía General de la República para entrevistarlo, tomarle declaración, conocer los motivos por los que los estadunidenses le iniciaron proceso. Nada.

Ni siquiera les dio “curiosidad”, y eso que se trata de un exgobernador del Estado, es decir, hasta de oficio lo deberían investigar en Coahuila. Las razones para hacer sobran, y cito:

1.- Se le vincula a Javier Villarreal y los múltiples delitos que se imputan a este, destacando lavado de dinero, tráfico de dinero en efectivo entre naciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros.

2.- Está vinculado no solo a los delitos antes mencionados, sino a la megadeuda. Es decir, vinculado a dos temas totalmente distintos: Los delitos que imputan en Estados Unidos y los que se refieren al pasivo ilegalmente contratado por el Estado.

3.- El afán de las autoridades estatales queriendo dar a entender que su fortuna es legítima no concuerda con la realidad, no se han dado a conocer de forma pública la o las investigaciones que hayan determinado lo legal de su fortuna, y en el mejor de los casos, son simples afirmaciones sin fundamento de las autoridades locales.

4.- Decir que su fortuna es legítima, por eso nadie lo busca en Coahuila, es la más aberrante de las contradicciones; puesto que, de ser legítima su fortuna, entonces no estaría siendo procesado en EU por todos los delitos ya señalados. ¿Cómo es que aquí se dice que su fortuna es legalmente habida, producto de una herencia, y en EU, dicen que sí es dinero mal habido?

5.- Si tan seguras están las autoridades del estado de que su riqueza es legal ¿Por qué no se aprestan a defenderlo en EU, en su calidad de exgobernador? ¿Por qué no salen ante medios a mostrar todas las investigaciones que arrojaron por resultado que se trata de un exgobernador completamente inocente?

Al verse exhibidas en sus contradicciones, las autoridades del estado, desde un inicio, siempre enviaron a su “mozo de estoques”, el exprocurador general de justicia de Coahuila, a declarar que el exgobernador de Coahuila, Jorge Torres, quien es investigado por las autoridades de EU, está libre de cargos en Coahuila, puesto que ya se ha indicado que su riqueza es parte de una herencia familiar.

La Investigación que se realizó en Coahuila, deriva de una denuncia interpuesta por el mismo Gobierno del Estado en octubre del 2013 y la entonces Procuraduría, que estaba a cargo de Homero Ramos Gloria, indicó que Torres había recibido una donación de su padre por 3 millones de dólares.

El problema es que antes el exprocurador, en 2014, dijo que se había abierto una averiguación por las denuncias en EU. Ahora dice que en realidad existió una denuncia del Gobierno del Estado. Contradicciones y más contradicciones. No ensayan ni coordinan sus discursos.

Nadie, nadie que se precie de tener un mínimo de inteligencia se puede creer el cuento de que Jorge Torres no tiene nada que ver con Coahuila, que aquí no hizo nada, y que sabrá Dios por qué lo investigan los estadunidenses junto con Javier Villarreal, Humberto Moreira, y otras 100 personas vinculadas a los tres, que dejaron las finanzas de Coahuila, en los “puritos huesos”.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.

Esta semana se encendieron los motores de la maquinaria político-electoral en el estado. Por un lado, el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) tuvo la sesión de instalación. Este órgano, de acuerdo con las nuevas atribuciones derivadas de la reforma política de 2014, organizará de manera conjunta con el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) el proceso electoral del próximo año para renovar el Congreso del Estado.

Por su parte, el IEC tuvo una importante sesión donde se adoptaron acuerdos cruciales para la competencia política del próximo año. Se aprobó el financiamiento público ordinario para el ejercicio 2020 que consta de una total de 121 millones 441 mil pesos –este monto es el resultado de multiplicar el número de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral de Coahuila (2 millones 209 mil 490) por el 65% (54.92) de la Unidad de Medida y Actualización (UMA)–.

El 30% se distribuye entre todos los partidos de manera igualitaria y 70% de conformidad con el porcentaje de votos obtenidos en la elección inmediata anterior. Esta formula dio como resultado, por ejemplo, que al PRI le correspondan 40 millones 703 mil pesos, al PAN 35 millones 513 mil pesos y a los partidos de nueva creación solo 2 millones 426 mil pesos.

Además, se determinó el financiamiento para las campañas electorales, donde el PRI obtendrá 12 millones 211 mil pesos, el PAN 10 millones 645 mil pesos, Morena 5 millones 218 mil pesos y los partidos de nueva creación o que no obtuvieron cuando menos 3% de la votación emitida en la elección anterior, contarán con 728 mil pesos.

También se determinaron los topes de gastos de campaña, esto es, el límite de recursos económicos que podrán gastar los partidos políticos en cada una de sus candidaturas, cuyo monto ascendió a un millón 375 mil pesos. Hay que recordar que el incumplimiento de esta regla, en caso de ganar la elección, puede derivar en la nulidad de la misma.

Se acordó el calendario que contiene las fechas más relevantes del proceso electoral, tanto para la autoridad comicial como para los partidos políticos y candidatos independientes, así como para los ciudadanos que pretendan participar como observadores.

Las campañas electorales –para que tome precauciones por aquello de la tormenta de spots– darán inicio el 25 de abril y concluirán el 3 de junio; el 4, 5 y 6 de ese mes serán de veda electoral y el día 7 se realizarán las votaciones.

Los partidos tendrán hasta el 3 de marzo para presentar ante la autoridad electoral, en caso de así definirlo en su interior, el convenio de coalición para participar de manera conjunta con otro u otros partidos políticos. Pero entre los temas más relevantes y que más rechazo provocó, lamentablemente, en algunos partidos políticos, fueron los lineamientos para garantizar la paridad de género en el registro de las candidaturas.

Entre sus reglas se encuentra que los partidos están obligados a presentar listas que contengan sus candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, sin embargo, dichas listas deberán estar encabezadas por candidatas mujeres, con el fin de garantizar la participación de estas en los cargos de elección popular.

Como decía, esta disposición, que no es nueva y ya fue aplicada en otras entidades federativas en años anteriores, no fue del agrado de algunos partidos, principalmente, aunque no lo admitan, porque su primera diputación bajo este principio suele ser acordada de antemano por las dirigencias para postular algún perfil masculino de su conveniencia.

El proceso electoral en puerta, que inicia formalmente el próximo 1 de enero, ya empezó para las autoridades electorales y los partidos políticos, y dará mucho qué comentar durante los próximos 8 meses o más.

Hay que estar atentos.

Como se anunció en la semana, el exgobernador Jorge Torres fue extraditado a Estados Unidos después de nueve meses de la orden de extradición, por los delitos de fraude, asociación delictuosa y operaciones de procedencia ilícita por 2.7 millones de dólares.

Jorge Torres sustituyó a Humberto Moreira cuando este se separó del cargo para asumir la dirigencia nacional del PRI.

El problema radica en que ninguna autoridad nacional ni estatal se ha visto involucrada o colaboró en su momento con la detención de Torres en este caso, que dicho sea de paso tiene que ver con la ya mil veces mencionada y denunciada megadeuda de Coahuila.

Sin embargo hay varias dudas. ¿Por qué en EU si se busca hacer justicia y en Coahuilano?, ¿Por qué el Gobierno norteamericano hizo la tarea que le correspondería a Coahuila?

Para empezar, me parece un rotundo error haber “aventado la bolita” a la corte de Texas sin que Jorge Torres antes hubiese aclarado algo o aportado datos sobre la megadeuda que se perpetró en el sexenio de Humberto (con erario coahuilense), ya que seguramente él como gobernador interino tiene información valiosa con la que pudo dar a conocer el mecanismo que usaron para lavar el dinero en los EU y en Coahuila.

Aunque no todo está perdido en este sentido, con su declaración, desde Texas, se pudiera cerrar el cerco en torno a Humberto Moreira y otros exfuncionarios, lo que permitiría obtener toda esa información, que en Coahuila nunca interesó.

Este caso de la megadeuda es complejo y cínico. Es como si un día un familiar entra a mi casa a robar y para huir roba el vehículo de otra persona.

A quien le robaron el vehículo sí denuncia y por ende detienen al delincuente; cuando este es detenido se recupera el vehículo, junto con las pertenencias que me habían robado, pero para que me sean devueltas tengo que denunciar el robo también.

Si denuncio, la gente va a saber que fue un familiar y entonces el nombre de la familia se ensuciará y quizás hasta algunos familiares me confronten, por lo que opto por no denunciar y que se pierdan las pertenencias. ¡Que denuncie el del vehículo mejor!

Esto es lo que pasa en Coahuila, algunos dirán:

–“¡Que procuren justicia los agraviados porque lavaron dinero en su territorio con recursos de procedencia ilícita!”

–¡Nosotros así estamos bien! ¡Mientras menos ruido es mejor!

–¡Oye!, dirán otros.

–¡Pero se robaron 36 mil millones! ¿No quieres que sean devueltos?

–¡No! Para qué manchamos el nombre.

Pero la pregunta del millón sería ¿La Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General del Estado estarían dispuestas a colaborar e ir tras los funcionarios involucrados, incluyendo a Humberto, si Jorge Torres pone varios de estos nombres sobre la mesa?

Esperemos que sí, desde el Congreso hemos sido enfáticos y exigentes para con los encargados de procurar justicia en nuestro estado, y es que, no se ha visto voluntad por parte de las autoridades coahuilenses, no sé si la realidad sea tal cual la analogía que acabo de exponer, pero sin duda se asemeja.

Ya transcurrieron ocho largos años y en Coahuila ni un solo detenido por este fraude financiero –el más grande de la historia del estado–.

Algunos incluso han preferido aguantarse “como los machos” y decir que “aquí estamos bien”, “no necesitamos el dinero”, “se utilizó para obra pública”, con tal de no evidenciar los terribles actos de corrupción, sacrificando el crecimiento del Estado con tal de acallar a los más críticos
en el tema.

Por lo pronto es importante seguir presionando a las fiscalías del estado, evidenciar contradicciones y no perder paciencia, en cualquier momento la soga se romperá y veremos a los culpables tras las rejas.

Por lo pronto ahí esta Torres, no sé hasta qué grado involucrado, quizás él fue una víctima más de la perfidia de sus amigos. Ojalá y hable.


Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es Diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila

Durante mucho tiempo he estudiado el fenómeno de la corrupción no solo en Coahuila, sino en el país, a fin de encontrar mecanismos que nos permitan tener una función pública más limpia y al servicio de la gente, no del propio.

Me parece que no se trata de un solo eslabón, sino de varios que deben funcionar a la par, si un eslabón falla, entonces todo el sistema falla. Uno de esos eslabones son las contralorías, ya sea municipales o la propia del estado.

Lo he mencionado en este espacio, hay leyes corruptas que dan forma a figuras descafeinadas con atribuciones muy controladas y escasas que tienen como objetivo lograr “que no se metan en lo que no les importa” para mantenerlos solo como un ente que existe, pero que no actúa demasiado.

Y me parece que la figura de contralor es el caso, si bien existe, no funciona como debería.

Es por ello que a fin de crear contralorías de “a de veras” he presentado en el Congreso del Estado algunas reformas para dotarlas de una “buena dentadura” que les permita llevar más allá una investigación contra algún acto de nepotismo o conflicto de interés.

Comencemos. Con la finalidad de que el deber del contralor municipal vigile en tiempo real los conflictos de interés en las contrataciones y servicios del municipio, así como en lo referente al nepotismo, o contratación indebida de familiares, quiero retomar algunos datos de interés:

“Se configura el acto de nepotismo cuando un funcionario, utilizando sus atribuciones y poder, favorece indebidamente a un familiar consanguíneo o por afinidad en la asignación de un empleo, cargo o comisión bajo su mando, dirección o responsabilidad. También, cuando favorece a familiares o socios de negocios con las asignación de contratos de obra o servicios”.

Si bien la prohibición de actuar con nepotismo se encuentra implícita y no explicita en las regulaciones del artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es útil recordar que en todas las leyes antes llamadas de responsabilidades de los servidores públicos; sí se encontraba claramente regulado el nepotismo.

Y a pesar que no se encuentre de manera directa la figura de nepotismo, si actuar con transparencia forma parte de principios elementales de la Administración Pública, que guardan relación con la imparcialidad y honradez con las que debe conducirse todo servidor público.

Si bien no existe, como ya lo mencionamos una regulación expresa en relación al nepotismo en el ámbito federal, ni en el local, la autoridad reconoce que es algo implícito y forma parte en su sentido amplio, del llamado conflicto de intereses.

En la Administración Federal diversas dependencias han emitido manuales o lineamientos para regular tanto el conflicto de interés en las contrataciones y adquisiciones, como en la contratación de personal.

En los hechos, todos hemos visto cómo el nepotismo o contratación indebida de personas sigue siendo una constante en la Administración Pública Federal y local, como en los organismos públicos autónomos, descentralizados, centralizados, y en los poderes públicos. Sobrinas de senadores, hijas de jueces, incluso hijos, hermanos, todos contratados por sus familiares, abusando estos de sus cargos.

En primera instancia, es deber de las llamadas contralorías o secretarías de la función pública, el regular y supervisar este tipo de ilícitos. Y para ello, deben expedir protocolos, manuales, acuerdos o lineamientos, documentos normativos de carácter administrativo que tienen por finalidad establecer las bases, los conceptos, la metodología y las formas y requisitos para cumplir con el deber final: detectar y sancionar las conductas en cuestión y a sus responsables.

Por ello hace algunos meses presenté la primera de dos reformas que buscan combatir el nepotismo y conflicto de interés dentro de la Administración Pública, reforzando las atribuciones de la Contraloría, dándole un carácter más investigador, pero la obligatoriedad de comparecer ante el Cabildo una vez al mes.

El objetivo de esto es que la Contraloría no tenga excusas cuando de rendir cuentas se trate, pero además se le dé la posibilidad de ir más allá cuando de investigar a un aspirante a determinado cargo o proveeduría se trate.

También, en la sesión del miércoles, con el objeto de reforzar el combate a esta práctica, presenté una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila para establecer y conducir la política general de las contrataciones públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Con esto buscamos propiciar las mejores condiciones de contratación conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez; emitir las normas, lineamientos, manuales, procedimientos y demás instrumentos análogos que se requieran en materia de dichas contrataciones públicas, y en relación con los servidores públicos que intervengan o participen indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier servidor público, cuando tengan interés personal, familiar o de negocios.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es Diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.

La noticia de lo ocurrido ayer en Culiacán, Sinaloa, la vivimos todo México en tiempo real; fue una noticia con corresponsales de todo tipo, desde el reportero de oficio, hasta la madre y padre de familia, que, valientemente resguardaba a sus niños detrás de las llantas de sus automóviles en plena calle, y que a su vez nos compartían su realidad, su triste realidad, qué digo, nuestra triste realidad.

Las declaraciones oficiales del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, fueron que a las 15:30 horas una patrulla integrada por 30 elementos de la Guardia Nacional y Sedena se encontraba realizando un patrullaje de rutina en el fraccionamiento Tres Ríos, en Culiacán; y que desde una casa en dicho fraccionamiento comenzaron a disparar contra las patrullas, pero estos repelieron la agresión y tomaron control de la vivienda. En su interior había cuatro personas, entre ellas Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo”, quien fue capturado.

Al ser trasladado a la Fiscalía, integrantes del cártel de Sinaloa dispararon contra los elementos de las Fuerzas Armadas, provocando balaceras principalmente afuera del inmueble de seguridad estatal.

En los “planes improvisados” (y digo improvisados como burla, porque tienen mejor planeación que nuestras autoridades con toda la información, tecnología e inteligencia) de los miembros del cártel, también estuvo el ir a tumbar un muro de la prisión, dejando así en libertad a 51 reos (cifra oficial hasta el momento) dándoles armas para pelear contra los uniformados.

Cuál fue nuestra sorpresa que horas después se informó a todo México que se tomó la decisión de liberar al detenido para restablecer la paz.

Preservar la seguridad nacional no se interpreta como elegir liberar a un criminal, para preservar la paz. La Constitución faculta al Presidente de la República herramientas para preservar la seguridad nacional y donde puede disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas. No le dice que puede disponer de su criterio para detener o liberar criminales.

Desgraciadamente, ayer nos dimos cuenta de que el Gobierno federal no tiene un plan de seguridad ni estrategia, ni personas calificadas en el Gabinete, ni valor como estado de derecho. Que es una realidad –que no da risa– que AMLO al decir “Fuchi, Guácala”, es literalmente como da la importancia al problema de la delincuencia organizada, y sobre todo al problema del narcoterrorismo.

López Obrador le acaba de dar una nueva arma a los cárteles: las personas como moneda de cambio.

La lucha duró varias horas, tiempo suficiente para que el Gobierno reaccionara y movilizara todas las Fuerzas Armadas para reforzar Culiacán. Me parece que lo ocurrido ayer fue una humillación y un precedente terrible de rendición ante los criminales que puede cambiar el rumbo del país en materia de seguridad.

La humillación no es de cara al mundo, la humillación tampoco fue del narco al Presidente, la verdadera humillación, fíjense bien, fue del Presidente a la nación.


Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es Diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.

Respecto a las reformas que se plantean para agravar el delito de defraudación fiscal, se integran reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional y los códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal y en esencia, se enfoca en equiparar el uso de facturas falsas o la operación de empresas fantasma a una amenaza a la seguridad nacional y delincuencia organizada.

Serán considerados miembros de la delincuencia organizada quienes, con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omitan total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.

En este mismo rubro entrarían las personas que consignen en las declaraciones que presenten para efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos o realizados o determinados conforme a las leyes.

Se impondrán sanciones de 3 a 5 años de prisión a quienes alteren o destruyan los aparatos de control, sellos o marcas oficiales colocados con fines fiscales o impida que se logre el propósito para el que fueron colocados, las máquinas registradoras de operación de caja en las oficinas recaudadoras o a quienes adquieran comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Además se impondrían sanciones de 2 a 9 años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

La propuesta también apunta a que habría prisión preventiva oficiosa a quien enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título mercancía extranjera que no sea para su uso personal, sin la documentación que compruebe su legal estancia en el país, o sin el permiso previo de la autoridad federal competente, así como para quien introduzca al país o extraiga mercancías omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que deban cubrirse.

¿Cuáles son las principales modificaciones? Antes de aprobarse en el Senado, se integraron modificaciones al dictamen con el objetivo de evitar que las medidas afecten a empresarios o contribuyentes honestos.

En ese sentido, se estableció que se considerará delincuencia organizada cuando participen al menos tres contribuyentes y el daño al erario sea superior a 7 millones 804 mil 230 pesos; en tanto que la prisión preventiva oficiosa aplicará para quienes expidan comprobantes fiscales por operaciones que rebasen la misma cantidad.

Otra modificación integrada de último momento es que estas medidas serán aplicables a partir del 1 de enero de 2020 y únicamente su aplicación será retroactiva en los delitos que ya se están investigando.

En caso de que se apruebe esta medida tal y como se estableció en el Senado de la República, la vigilancia de las autoridades fiscales será más estricta y las empresas tendrán que establecer una serie de medidas para evitar ser objeto de alguna acusación, advierte Guillermo Mendieta, presidente de la comisión de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos en México.

“La cuestión aquí es que eso va a implicar el tener mayores controles, más carga administrativa, más cuidado y eso se va a ver mermado al empresariado y va a tener que abrir un área nueva de controles que se dedique exclusivamente a revisar facturas, ver que los proveedores cumplan con sus obligaciones fiscales”, afirma el contador.

Estas medidas, señala el especialista, implicarán cargos administrativos y económicos para los empresarios; sin embargo, serán efectivos para dar cumplimiento cabal con estas nuevas medidas.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.

Hace unos días me reuní con un grupo de empresarios preocupados porque como nueva modalidad de robo de vehículos, también privan de manera ilegal la libertad de la víctima, para que esta no pueda denunciar en el momento y liberada hasta 3 o 4 horas después. Desde luego que el tema preocupa y se debe hacer algo al respecto para que no crezca la incidencia de este modus operandi. Lo que hay que comentar, para partir a realizar un análisis, es que el “secuestro” como tal es materia federal, es por ello que hace tiempo se expidió una Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

Sin embargo, a los estados se les dejó la “privación ilegal de la libertad”, que es una versión atenuada del secuestro. Me explico, la privación de la libertad es aquel delito en donde como su nombre lo dice, se priva de la libertad a un individuo pero no se puede tipificar dentro de la modalidad de secuestro, un ejemplo de esto, puede ser el hecho que no te dejen salir de una tienda comercial porque hiciste algo indebido o que un policía te retenga por 30 minutos sin explicación o hasta te mantengan en un hospital por no pagar la cuenta.

En este sentido, el Código Penal de Coahuila, establece en su Artículo 127, que se impondrá de seis meses a seis años de prisión y multa al particular que prive a otro de su libertad ambulatoria (para desplazarse por donde desee) y/o que lo mantenga privado de dicha libertad, sin tener alguno de los fines previstos en el Artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

¿Y qué dice la Ley General para Prevenir y Sancionar el Secuestro? Muy simple, que al que prive de la libertad a otro se le aplicarán de 40 a 80 años de prisión, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: Obtener rescate o cualquier beneficio. Detener en calidad de rehén a una persona y amenazar con privarla de la vida, o de causarle daño y obligar a familiares a realizar cualquier tipo de acto o dejar de realizarlo.

Cometer secuestro exprés, desde el momento mismo de su realización, entendiéndose por este, el que para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro. Lo anterior, con independencia de las demás sanciones que conformen esta ley. Sin embargo a pesar de que por definición y acción, la privación está dentro del código local y el secuestro dentro de una ley general, en la persecución del delito deberá haber coordinación entre los distintos órdenes de Gobierno, y esto está regulado a través del ordenamiento que habla de la organización de la Federación y entidades federativas, que establece que las instituciones de seguridad pública y procuradurías de las entidades federativas en el ámbito de su competencia deberán coordinarse para diseñar, proponer e impulsar políticas de apoyo, protección y respaldo a las Víctimas y sus familiares.
En resumen, los delitos de secuestro y sus modalidades es materia federal en cuanto a legislación pero concurrente en ejecución, los estados deben combatirlo en base a la ley general, no hay ley propia. Los estados deben combatirlo y crear unidades especializadas antisecuestros y procesarlos en base a la ley general.

Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que resulta incuestionable que a partir de la entrada en vigor de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro que las autoridades del fuero común son competentes para componer y resolver respecto de los delitos de secuestro, pero no para legislar, y en ese sentido en el estado de Colima, incluso invalidaron reformas al código penal de esa entidad por incluir el secuestro y secuestro exprés porque ya están previstos en la ley general y declararon la invalidez dado que se invadía la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión, al ser incompetente el legislador local para legislar en materia de trata de personas y secuestro, ya que estas materias se reservaron exclusivamente para el indicado órgano federal. Lo que pudiera venir en un momento determinado es agravar en el Código de Coahuila el delito de privación ilegal, y reforzar la condena.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es Diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.

Hace unos días se dio a conocer que la fracción de Morena en el Senado propondría ante el Pleno la desaparición de poderes en Guanajuato y Tamaulipas, ambos bastiones de Acción Nacional. El argumento: “No pueden con la delincuencia en sus estados”; como sacada de un mal chiste esta declaración, y por supuesto generó reacciones.

En lo personal, considero todo lo contrario, y es que en Tamaulipas, entidad donde pasé algunos meses hace tres años, y a la que le tengo enorme cariño, el tema del crimen organizado prácticamente ha sido un quiste con el que ha vivido aquel estado toda su vida, en la que además el Gobierno se acostumbró a transitar con ellos; gobiernos, por cierto, todos de extracción priista hasta que en 2016 soplaron vientos de cambio y llegó la alternancia en manos de Francisco García Cabeza de Vaca.

Si algo ha destacado en Tamaulipas es el esfuerzo y trabajo en materia de seguridad, al grado de ocupar hoy sexto lugar nacional en generación de nuevos policías y segundo con mejores salarios para ellos, solo por debajo de Nuevo León.

Incluso, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tamaulipas hoy es semáforo verde en delitos de alto impacto, algo que hace apenas cuatro años sonaba imposible. Entonces, ¿por qué, a sabiendas de la historia violenta de Tamaulipas y el esfuerzo que ha significado pacificarlo y transfórmalo, hoy Morena, “mordiéndose la lengua” –porque no me digan que Sheinbaum lo está haciendo bien en la CDMX o Cuitláhuac García en Veracruz– amaga con la solicitud de desaparición de poderes en esta entidad y en Guanajuato? Muy sencillo: estrategia electoral, “desvío de atención” por lo que sucede en las entidades gobernadas por ellos y la fallida estrategia en materia de seguridad del Gobierno de México.

Todas –como estrategia–, igual de importantes para los “morenos”, sin embargo, la teoría de la estrategia electoral cobra mayor sentido; el movimiento de “degeneración” de Lopez Obrador comienza ya a calentar para la renovación del Gobierno Estatal en Tamaulipas, y hoy por increíble que parezca, el partido que figura después de Acción Nacional es Morena, el PRI, que duró 80 años en el poder, ya no pinta en Tamaulipas (ni en muchas entidades), y se ha convertido en un partido testimonial, poniendo la carrera prácticamente entre dos.

Lejos de funcionar, la estrategia de los senadores de Morena fue fallida y les pudiera hasta salir “el tiro por la culata” –como con la intentona en Baja California para aumentar el periodo de Bonilla–, generando repudio entre los tamaulipecos y guanajuatenses, quienes se han manifestado en contra de esta solicitud.

Por su parte, en el caso de Guanajuato, estado de avanzada en el que los gobiernos de Acción Nacional –y ahí están las cifras– han dado grandes dividendos a la entidad, ocurrió lo mismo, justo después de que el Gobernador panista, Diego Sinhue, diera a conocer que había desigualdad en la distribución de los recursos federales. A manera de revancha política, y buscando generar mal ambiente social, lucrando con la seguridad y por supuesto en la búsqueda de desgastar el bastión más azul del país, amagaron los legisladores de Morena con el mismo absurdo.

Hoy pareciera que legisladores federales, locales, gobernadores y hasta alcaldes de extracción morenista se han empachado de poder. No pueden ser la agenda de nuestro México las grillas y amagues constantes, que amenazan por sobre todas las cosas: la democracia, la sociedad, la autonomía de los poderes en los estados y el federalismo. Hoy Morena –ya no sé si con la venia de su líder Andrés Manuel, porque flaco favor le hacen– pide a gritos tener “todo, todo el power”, porque ya lo probaron y tengo la ligera sospecha que les gustó. A ver cuánto les dura.

Hace unos días se dio a conocer que la fracción de Morena en el Senado propondría ante el Pleno la desaparición de poderes en Guanajuato y Tamaulipas, ambos bastiones de Acción Nacional. El argumento: “No pueden con la delincuencia en sus estados”; como sacada de un mal chiste esta declaración, y por supuesto generó reacciones.

En lo personal, considero todo lo contrario, y es que en Tamaulipas, entidad donde pasé algunos meses hace tres años, y a la que le tengo enorme cariño, el tema del crimen organizado prácticamente ha sido un quiste con el que ha vivido aquel estado toda su vida, en la que además el Gobierno se acostumbró a transitar con ellos; gobiernos, por cierto, todos de extracción priista hasta que en 2016 soplaron vientos de cambio y llegó la alternancia en manos de Francisco García Cabeza de Vaca.

Si algo ha destacado en Tamaulipas es el esfuerzo y trabajo en materia de seguridad, al grado de ocupar hoy el sexto lugar nacional en generación de nuevos policías y segundo con mejores salarios para ellos, solo por debajo de Nuevo León.

Incluso, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tamaulipas hoy es semáforo verde en delitos de alto impacto, algo que hace apenas cuatro años sonaba imposible. Entonces, ¿por qué, a sabiendas de la historia violenta de Tamaulipas y el esfuerzo que ha significado pacificarlo y transfórmalo, hoy Morena, “mordiéndose la lengua” –porque no me digan que Sheinbaum lo está haciendo bien en la CDMX o Cuitláhuac García en Veracruz– amaga con la solicitud de desaparición de poderes en esta entidad y en Guanajuato? Muy sencillo: estrategia electoral, “desvío de atención” por lo que sucede en las entidades gobernadas por ellos y la fallida estrategia en materia de seguridad del Gobierno de México.

Todas –como estrategia–, igual de importantes para los “morenos”, sin embargo, la teoría de la estrategia electoral cobra mayor sentido; el movimiento de “degeneración” de Lopez Obrador comienza ya a calentar para la renovación del Gobierno estatal en Tamaulipas, y hoy por increíble que parezca, el partido que figura después de Acción Nacional es Morena, el PRI, que duró 80 años en el poder, ya no pinta en Tamaulipas (ni en muchas entidades), y se ha convertido en un partido testimonial, poniendo la carrera prácticamente entre dos.

Lejos de funcionar, la estrategia de los senadores de Morena fue fallida y les pudiera hasta salir “el tiro por la culata” –como con la intentona en Baja California para aumentar el periodo de Bonilla–, generando repudio entre los tamaulipecos y guanajuatenses, quienes se han manifestado en contra de esta solicitud.

Por su parte, en el caso de Guanajuato, estado de avanzada en el que los gobiernos de Acción Nacional –y ahí están las cifras– han dado grandes dividendos a la entidad, ocurrió lo mismo, justo después de que el Gobernador panista, Diego Sinhue, diera a conocer que había desigualdad en la distribución de los recursos federales. A manera de revancha política, y buscando generar mal ambiente social, lucrando con la seguridad y por supuesto en la búsqueda de desgastar el bastión más azul del país, amagaron los legisladores de Morena con el mismo absurdo.

Hoy pareciera que legisladores federales, locales, gobernadores y hasta alcaldes de extracción morenista se han empachado de poder. No pueden ser la agenda de nuestro México las grillas y amagues constantes, que amenazan por sobre todas las cosas: la democracia, la sociedad, la autonomía de los poderes en los estados y el federalismo. Hoy Morena –ya no sé si con la venia de su líder Andrés Manuel, porque flaco favor le hacen– pide a gritos tener “todo, todo el power”, porque ya lo probaron y tengo la ligera sospecha de que les gustó. A ver cuánto les dura.

Hace unos días se dio a conocer que la fracción de Morena en el Senado propondría ante el Pleno la desaparición de poderes en Guanajuato y Tamaulipas, ambos bastiones de Acción Nacional. El argumento: “No pueden con la delincuencia en sus estados”, como sacada de un mal chiste esta declaración, por supuesto generó reacciones. En lo personal, considero todo lo contrario, y es que en Tamaulipas, entidad donde pasé algunos meses hace tres años y a la que le tengo enorme cariño, el tema del crimen organizado prácticamente ha sido un quiste con el que ha vivido aquel estado toda su vida, en el que además el Gobierno se acostumbró a transitar con ellos, gobiernos por cierto todos, de extracción priista. Hasta que en 2016 soplaron vientos de cambio y llegó la alternancia en manos de Francisco García Cabeza de Vaca y si algo ha destacado, es el esfuerzo y trabajo en materia de seguridad, al grado de ocupar hoy sexto lugar nacional en generación de nuevos policías y segundo con mejores salarios para ellos, solo por debajo de Nuevo León.

Incluso, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tamaulipas hoy es semáforo verde en delitos de alto impacto, algo que hace apenas 4 años sonaba imposible. ¿Entonces por qué a sabiendas de la historia violenta de Tamaulipas y el esfuerzo que ha significado pacificarlo y transformalo, hoy Morena “mordiéndose la lengua” –porque no me digan que Sheinbaum lo está haciendo bien en la CDMX, o Cuitláhuac García en Veracruz– amaga con la solicitud de desaparición de poderes en esta entidad y Guanajuato? Muy sencillo: estrategia electoral, “desvío de atención” por lo que sucede en las entidades gobernadas por ellos y la fallida estrategia en materia de seguridad del Gobierno de México.

Todas –como estrategia– igual de importantes para los “morenos”, sin embargo, la teoría de la estrategia electoral cobra mayor sentido, el movimiento de “degeneración” de Lopez Obrador comienza ya a calentar para la renovación del Gobierno estatal en Tamaulipas, y hoy por increíble que parezca, el partido que figura después de Acción Nacional es Morena, el PRI que duró 80 años en el poder ya no pinta en Tamaulipas (ni en muchas entidades) y se ha convertido en un partido testimonial, poniendo la carrera prácticamente entre dos. Lejos de funcionar, la estrategia de los senadores de Morena fue fallida y les pudiera hasta salir “el tiro por la culata” –como con la intentona en Baja California por aumentar el periodo de Bonilla– generando repudio entre los tamaulipecos y guanajuatenses quienes se han manifestado en contra de esta solicitud.
Por su parte en el caso de Guanajuato, estado de avanzada en el que los gobiernos de Acción Nacional –y ahí están las cifras– han dado grandes dividendos a la entidad, ocurrió lo mismo, justo después de que el Gobernador panista, Diego Sinhue, diera a conocer que había desigualdad en la distribución de los recursos federales.

A manera de revancha política y buscando generar mal ambiente social, lucrando con la seguridad y por supuesto en la búsqueda de desgastar el bastión más azul del país, amagaron los legisladores de Morena con el mismo absurdo. Hoy pareciera que legisladores federales, locales, gobernadores y hasta alcaldes de extracción morenista se han empachado de poder. No puede ser la agenda de nuestro México las grillas y amagues constantes, que amenazan por sobre todas las cosas: la democracia, la sociedad, la autonomía de los poderes en los estados y el federalismo.

Hoy Morena –ya no sé si con la venia de su líder Andrés Manuel, porque flaco favor le hacen– pide a gritos tener “todo, todo el power”, porque ya lo probaron y tengo la ligera sospecha que les gustó. A ver cuánto les dura.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.

¿Cuál es la relación entre estas tres palabras que utilicé para titular la columna de esta semana? ¿Cómo las acciones para mitigar los accidentes automovilísticos por ingesta de alcohol pueden llevar a la violación de los derechos y garantías de los ciudadanos?
Comencemos:

Los llamados “filtros” o retenes antialcohol se han utilizado durante los últimos años cada vez con más frecuencia, para que estados y municipios puedan cumplir con una de sus funciones esenciales: la seguridad pública, en este caso la prevención de accidentes y de daños materiales.

El resultado nadie lo niega, son medidas que si bien han enfrentado una larga batalla legal en los tribunales hasta la fecha presente en relación con su constitucionalidad o legalidad, han permitido reducir los índices de accidentes graves y no graves.

La referencia obligada son los filtros antialcohol de la Ciudad de México, entidad de las pioneras en poner en marcha este tipo de controles, y de iniciar una larga batalla legislativa y jurídica para poder llevar adelante dichos controles por el bien de la ciudadanía.

Para decirlo del modo más abreviado posible, la génesis de los conflictos legales por los retenes antialcohol de la Ciudad de México –antes Distrito Federal– empezó con el tema de la inconstitucionalidad de todo tipo de retén en lo general, ya que se violentaba la libertad de tránsito así como el derecho a no ser molestado sin mandato de autoridad competente, debidamente fundado y motivado.

Luego, la Suprema Corte reconsideró estas bases y, atendiendo al interés de la colectividad, su seguridad y protección, y con base en otros criterios, transitó hacia el razonamiento de que, si bien los retenes por motivos de seguridad pública o para prevenir accidentes viales podían realizarse de parte de las autoridades, estas deberían cumplir con elementos mínimos de respeto a las garantías individuales, los derechos humanos y el debido proceso.

Es decir, se considera esencial que exista un protocolo específico e integral que permita dotar de certeza, legalidad y seguridad jurídica a este tipo de operativos, tal como se hace en Ciudad de México desde 2007.

La finalidad de los controles preventivos provisionales es evitar la comisión de algún delito, salvaguardar la integridad y la vida de los agentes policiacos, o corroborar la identidad de alguna persona, con base en información de delitos previamente denunciados ante la policía o alguna autoridad.

Por tanto, para que se justifique la constitucionalidad de un control preventivo provisional, es necesario que se actualice la sospecha razonada objetiva de que se está cometiendo una falta y no solo una sospecha simple que derive de un criterio subjetivo del agente de la autoridad.

Sin embargo, no debemos confundir las buenas intenciones y las acciones, quizá hasta urgentes o desesperadas para frenar una determinada conducta, con el abuso de autoridad. La falta de protocolos, permite que las autoridades que participan en los retenes o filtros antialcohol cometan toda clase de atropellos y abusos contra los automovilistas, violando sus derechos humanos y el debido proceso.

Por eso es importante realizar las reformas que sean necesarias para obligar a las autoridades estatales y municipales a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, expidan los protocolos necesarios para la implementación de los operativos para prevenir accidentes por consumo de alcohol y estupefacientes, garantizando el respeto a los derechos humanos y a las garantías procesales de los conductores.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es Diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.

Este 12 de septiembre en su mañanera, el presidente López Obrador dijo que sería buena idea eliminar exámenes de admisión en las universidades, para según él, de esta forma garantizar la educación a todos los jóvenes de México.

El Presidente considera que el problema de la cobertura académica en el país se debe a qué hay “rechazo” en la admisión a las universidades y que eliminando los exámenes se garantizaría la posibilidad de que los jóvenes estudien.

En primer lugar me parece que con esto se violentaría la autonomía de las universidades públicas, porque a final de cuentas son las universidades quienes deben elegir que programa académico implementar y por supuesto su metodología de ingreso, por eso advierto, que con la propuesta del Presidente, entrar a una universidad se convertiría no en un mérito académico, si no en un tema de corrupción y palancas. Lo que no me gusta de las declaraciones del Presidente, es nuevamente su eterno afán de establecer políticas populistas disfrazadas de buenas intenciones.

No señor Presidente, los jóvenes de México no necesitan “que les hagan el paro” para ingresar a una universidad, los jóvenes necesitan calidad en la educación, pero principalmente oportunidades de trabajo una vez que terminen la escuela.

Ahora bien, supongamos que bajo la premisa del Presidente, desarrollemos lluvias de ideas, que partan de la desaparición del “filtro de ingreso” como lo es el examen de admisión, para que se cumpla el “objetivo” de que más jóvenes se acerquen a la universidad.

Una supuesta idea podría ser, sí, desaparecer el filtro del examen de admisión, pero creando otro filtro, para mantenerte en la carrera universitaria, y es que mi idea parte del principio de “ganarte las cosas con esfuerzo” y evitar el amiguísimo y corrupción en la etapa de ingreso –porque lo hay, incluso habiendo examen de admisión, imagínense no habiendo– y en ese sentido tomar el ejemplo de universidades en Sudamérica y Europa que si bien eliminaron el examen de admisión, implementaron otro filtro, el de “la preparación”, que alarga un año más la carrera, pero que sirve de etapa de maduración académica. Al que le va bien ese primer año se mantiene, al que le va mal y no se esforzó se va. Entonces, eliminaste el examen de admisión, pero estableciste un filtro que obliga al esfuerzo y dedicación para mantenerte. Es muy fácil, si quieres estudiar te esfuerzas, si no, te vas. Pero bueno, tampoco creo que sea la solución, es solo una idea.

Y entiendo en este sentido, que al estilo lopezobradorista se busque generar polémica con la declaración en sí misma, sin tener fondo ni forma, simplemente como se dice “para medir el agua a los camotes”.

Pero vámonos a ejemplos prácticos. Una preparatoria o universidad inicia su ciclo escolar, mil nuevos alumnos de primer año, para que esos mil alumnos “quedaran” debieron haber sacado ficha de admisión al menos 2 mil jóvenes aspirantes, de los cuales mil se quedaron en el camino y otros mil pudieron iniciar un nuevo ciclo en su vida escolar. Al cabo del primer semestre, por no mantener la media de aprovechamiento, esos mil alumnos se convierten en 700, y para el segundo semestre en 600.

¡Ojo! No es un análisis estadístico, es un ejemplo práctico, que al menos en porcentaje se asemeja al comportamiento de ingreso y salida real en preparatorias y universidades que aplican examen de admisión. ¿A qué voy con esto? A que aun estableciendo filtros, los primeros años “desertan” decenas de jóvenes, ahora imagínense en el simulacro que se convertiría la educación en el país si eliminan ese filtro que te permite al menos darte cuenta del conocimiento o hasta la voluntad de un joven por ingresar y estudiar.

Considero que abaratar el ingreso a una institución académica no es la solución para que más jóvenes se acerquen al estudio, hoy los jóvenes no ingresan a la universidad por que la situación económica los obliga a priorizar en buscar empleo o emprender un negocio. Hoy, el estudio en nuestro país no es sinónimo de “trabajo seguro” o “salario digno”.

Señor Presidente, si quiere que los jóvenes estudien, como lo queremos todos, no retire filtros y no elimine los filtros que obligan al esfuerzo, mejor contribuya en generar mayor oferta laboral y las condiciones para que entonces sí, estudiar se convierta en sinónimo de futuro y dignidad laboral. Eliminar los filtros y vulnerar la autonomía universitaria no es un buen propósito, es un despropósito.


Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es Diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.

Muchos me han preguntado acerca de la Ley de Extinción de Dominio, y es que después de leer notas al respecto, me doy cuenta que hay confusión en muchos casos, pero también he encontrado por ahí análisis de algunos columnistas y expertos abogados, de quien tomé parte de sus análisis para esta columna (Manuel Villarreal - honor a quien honor merece-). Esta, sin lugar a dudas puede convertirse en una ley que fracase y pase al olvido, o bien, se convierta en una amenaza que viole el principio de presunción de inocencia y además que tenga otros fines, como los recaudatorios, que si el Gobierno de la 4T decide usarla para tal propósito, le va a quedar como anillo al dedo. Cabe señalar que en teoría es una “ley necesaria” para combatir la corrupción, pero además deja abierta una peligrosa puerta para ser utilizada de manera facciosa a favor o en contra de alguien. Incluso existe el riesgo de que su aplicación favorezca a los delincuentes, ya que se podría llegar a considerar que va en contra de sus derechos de legítima propiedad.

¿De qué trata la ley? La Ley de Extinción de Dominio es una ley que servirá para despojar a los delincuentes de bienes muebles, inmuebles y “dinero sucio”, provenientes de delitos como delincuencia organizada, corrupción, secuestro, lavado de dinero, etc. Se entiende que lo obtenido pasaría a ser propiedad del Gobierno una vez que se desahogue todo el proceso en forma definitiva. El primer problema de la ley consiste en que la atribución de ejercerla es del Ministerio Público Federal, y de los ministerios públicos locales en sus respectivos ámbitos de competencia, y que estos son los responsables únicos de iniciar el proceso o demandas de extinción de dominio, sin embargo todos sabemos que en México, de acuerdo a estadísticas serias, se resuelve al año solo el 6.4% de los delitos. ¿De qué sirve entonces tener jueces especializados, si estos dependen para impartir justicia de las carpetas de investigación que les consignan los ministerios públicos, muchas veces mal armadas y con serias deficiencias por falta de preparación o por mera voluntad?

La ley contempla también un gabinete social de la Presidencia de la República; como instancia encargada de la confección del destino de los bienes, producto de la extinción de dominio. Esto preocupa, porque deja entrever el siniestro plan del Presidente de la República para recolectar y decidir de forma discrecional el destino del dinero que generen dichos bienes. De ser el caso, existe el peligro de que el Presidente le esté apostando a convertir la extinción de dominio en otra caja chica a su servicio. Además, que si el bien asegurado por medida cautelar, por ejemplo una empresa, su administración pasará al Instituto de Administración de Bienes y Activos, organismo creado en la ley, que reemplazará al SAE, Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

La ley además, le permite a la Fiscalía General de la República obtener órdenes de cateo de manera secreta, para “agilizar” y “eficientar” la revisión de los lugares en donde se cometen los delitos. Eso sí, cabe señalar que las personas a las que se les inicie un procedimiento tienen garantizados todos sus medios de defensa. No es verdad que se les despojarán de sus bienes de forma inmediata y sin proceso. Es por lo mencionado que esta nueva herramienta anticorrupción tiene mucho todavía por mejorar, ya que tiene diversas lagunas e inconsistencias, algunas de ellas hasta anticonstitucionales que deberán modificarse en el corto plazo para garantizar su funcionamiento. Por lo pronto la pregunta es ¿Si este es un golpe maestro a la corrupción, o un golpe abusivo que busca llenar las “cajas chicas” para objetivos particulares? El tiempo lo dirá, el objetivo deberá ser modificarla.

Hace algunas semanas, cuando se cerró el “glorioso y sin precedente” Acuerdo Migratorio por parte del Gobierno de México encabezado por Andrés Manuel López Obrador y voceado por Marcelo Ebrard, advertí en esta misma columna las probables consecuencias de convertirnos en el “tercer país seguro” y muro de contención del Presidente gringo. Y es que era lógico pensar que firmar este compromiso con el Gobierno estadunidense significaría para nuestro país un despliegue -no planeado- de recursos, tropas, inmuebles y demás para dar asilo, alimento y hasta empleo a los migrantes, no solo a los que van de tránsito y no podrán entrar a Estados Unidos, sino a todos aquellos que aquel país regresó por el endurecimiento de sus políticas migratorias, y para evitar que sigan entrando migrantes a México.

La Guardia Nacional -que no fue creada para este fin- fue enviada cual “border patrol” a la frontera sur para contener y “poner orden” al tránsito migratorio, situación que generaría otros problemas adicionales que ya se veían venir, como el pobre nivel de capacitación en materia de derechos humanos y aplicación de protocolos de actuación con que cuentan los agentes de las policías locales en las distintas entidades -situación que ya cobró vidas- y el proceder de la Guardia Nacional y las corporaciones policiacas federales respecto al respeto de los derechos humanos de los migrantes y los derechos establecidos para ellos en los tratados internacionales suscritos por nuestro país.

En esto último nos vamos a detener. En Coahuila, por ejemplo, la semana pasada se dio a conocer el caso del migrante hondureño que falleció a manos de agentes de la Fiscalía General del Estado. En una primera versión se dijo que los agentes realizaban una operación contra narcomenudistas y que un grupo de migrantes habría agredido a los agentes y que estos “simplemente repelieron la agresión”. Las versiones de los testigos, tanto los propios migrantes que acompañaban a la víctima como otras personas, establecieron grandes dudas respecto a la versión de la FGE, al tiempo que diversos organismos se manifestaron en contra del uso de la fuerza letal contra la población migrante y la criminalización de todas estas personas que solo ingresan y atraviesan el país en busca de una vida mejor.

De inmediato, el fiscal general de Coahuila cambió la versión de los hechos y señaló a uno de los agentes como responsable de haber disparado contra la víctima. En conferencia de prensa, el fiscal anunció la detención del agente Juan Carlos “N” como presunto responsable del homicidio de Marco Tulio -el migrante-. Reconoció que el responsable actuó sin razón alguna al disparar, por lo que sería procesado por la probable comisión del delito de homicidio doloso calificado. Es decir, hasta el delito concreto tenían ya definido en cuestión de pocos días: 35 diligencias en 72 horas.

A todos nos queda claro que si esta misma “eficiencia” se aplicara en todos los delitos cometidos contra migrantes y paisanos en Coahuila, seríamos ejemplo a nivel nacional e internacional, pero no es así, todo fue por la presión mediática e institucional de la ONU y el Gobierno federal. Lo primero que se ocupa, por supuesto, es que se haga justicia en este caso concreto. Pero a la vez, lo que preocupa es el latente riesgo de que delitos de esta naturaleza se repitan en nuestro territorio y en el resto del país por lo que mencioné en la introducción de esta columna: el “acuerdo migratorio” del Gobierno federal con Estados Unidos, que solo ha servido para militarizar la frontera sur y establecer un muro virtual con la Guardia Nacional. He dicho.

No podemos -independientemente de que se esté de acuerdo o no en el despliegue de recursos para darle atención y empleo a los migrantes- (en lo personal creo que un país en vías de desarrollo como México no puede darse el lujo de hacerlo), por los acuerdos del Gobierno federal con Estados Unidos en materia migratoria, convertirnos en una nación antimigrantes, que persiga y criminalice a las personas cuyo único pecado es buscar una vida mejor. El foco rojo se encendió y ya diversas organizaciones apuntan a que en un afán de quedar bien con Donald Trump, vayamos a transitar hacia un Estado que persigue y criminaliza a los migrantes. Que no se nos olvide: México es un país de migrantes, millones de los nuestros se han ido a Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida. Creo que es momento oportuno para reflexionar sobre los riesgos de este acuerdo migratorio del Gobierno lopezobradorista con Estados Unidos, en especial en lo que se refiere a la seguridad y respeto a los derechos humanos de los migrantes y no seguir resolviendo este problema a “trumpadas”.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.