El 9 de septiembre de este año, presenté ante el Congreso de Coahuila una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, en materia de construcción de fraccionamientos, para castigar a los servidores públicos que otorguen licencias de edificación y permisos en lugares que no son viables para vivir. En México, como en muchos países, el crecimiento de la población, y por ende de la mancha urbana, ha traído desde hace más de 15 años, nuevos y complejos problemas que las autoridades, en muchos casos, deciden no enfrentar y pasar por alto, dejando a grandes grupos humanos en riesgo de sufrir cuantiosas pérdidas materiales, daños a la salud, mala calidad de vida o en ciertos casos, hasta la muerte.

Nos referimos a los fraccionamientos construidos en zonas de alto riesgo de inundación, deslaves, derrumbes del suelo, falta de viabilidad de agua, nulo acceso a servicios básicos, incluso lugares que anteriormente fueron usados como rellenos sanitarios. Fraccionamientos que, para su edificación y en apariencia, sus desarrolladores cumplieron con todos los requisitos de la ley y de la reglamentación municipal para ser construidos. Pero no es así, no hubo cumplimiento sino simulación, no existió apego a derecho y formalidades de parte de las autoridades, solo corrupción.

Los factores que han llevado al grave fenómeno de la construcción de fraccionamientos en zonas de estas características es compleja y simple de entender a la vez, en primer lugar, tenemos el crecimiento acelerado de las ciudades, especialmente de las más grandes en cada estado, aunque el fenómeno no es ajeno a municipios más pequeños. Luego tenemos la migración constante de las zonas rurales y de otras ciudades a las grandes urbes en busca de una mejor calidad de vida de parte de jóvenes en busca de empleo, y de familias enteras que huyen de la pobreza, de la falta de oportunidades, de la inseguridad de sus regiones o simplemente, deciden emprender la aventura de probar suerte en otro lugar.

Sin embargo, todo lo antes mencionado no es justificación para crear viviendas en zonas inadecuadas, que no garanticen certeza jurídica al ciudadano, sin servicios, sin agua, con riesgo de inundación, deslave o hundimientos de terreno, no. La realidad es que lo hacen solo como un factor para generar demanda de vivienda, lo cual es a final de cuentas parte de una realidad social y económica. La industria inmobiliaria genera decenas de miles de empleos en el país y no es “pecado” alentarla.

Si bien, analizar los aspectos ambientales, hidrológicos, de mecánica de suelos y los relacionados con el cambio climático resulta esencial, estamos hablando de todos los trabajos previos, estudios y análisis que se deben hacer de parte de las autoridades y los desarrolladores para llegar a la parte final que nos interesa del proceso: la autorización de un nuevo fraccionamiento que se supone, fue permitido en zona segura, con acceso a agua, sin riesgo de inundaciones, deslaves o hundimiento de suelos….¡Pero en los hechos no es así!

Las razones para que se construyan fraccionamientos en zonas de alto riesgo o prohibidas confluyen todas en una sola: corrupción. El desarrollador quiere ganar dinero vendiendo o rentando sus viviendas, la autoridad municipal quiere hacer lo mismo allanando el camino y las “dificultades” al desarrollador.

En otros casos, la corrupción se da entre quienes hacen los estudios previos de riesgo, de mecánica de suelos, de factores hidrológicos, etcétera, falsificando los resultados, ocultando la verdad a cambio de dinero. Cualquiera que sea el caso, las autoridades que otorgan las licencias y permisos finales cargan con toda la responsabilidad, con toda la culpa, pues tienen el deber de verificar todo, de revisar el atlas de riesgo, de pedir opinión a los comités competentes, de analizar los antecedentes de la zona y de verificar que se cumplan todos los requisitos de ley.

En este orden de ideas, creo que la tierra que no tenga viabilidad de uso de agua, terrenos tan lejanos que es imposible para cualquier Gobierno llevar los servicios básicos, por supuesto aquellos que fueron rellenos sanitarios, confinamientos de materiales peligrosos, terrenos rellenados con desechos urbanos municipales y los derechos de vía por donde se conduzcan materiales peligrosos deben formar parte de aquellos predios que estén prohibidos para construir viviendas, por eso es importante que la legislación actual, tanto código penal, como la Ley de Vivienda y Ordenamiento Territorial, prevea todos los casos posibles y no deje cabos sueltos que en su momento justifiquen construcciones en terrenos de este tipo. ¡Los ciudadanos merecen vivir mejor!