Los órganos de control o contralorías tienen, entre otras atribuciones, las de combatir la corrupción en los términos de las facultades que les confiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás ordenamientos aplicables; así como supervisar las compras y pagos de la administración pública con base en las leyes de adquisiciones y arrendamientos, y tutelar todo los referente a las responsabilidades objetivas de los servidores públicos, siendo los encargados de los procesos sancionadores en sus ámbitos de competencia. En su momento, el 10 de julio de 2018, presentamos ante esta soberanía una proposición con puntos de acuerdo que versaba sobre “iniciar los trabajos necesarios para dar cumplimiento a la armonización y creación del marco legislativo en materia de responsabilidades administrativas del estado”, en concreto, la designación de los contralores de los organismos públicos autónomos del estado.

El resultado es conocido y este Poder Legislativo dio paso a los trabajos correspondientes para que, previa convocatoria pública, designar a los contralores de cada organismo autónomo. Sin embargo, persiste un problema y es el siguiente: al revisar las leyes orgánicas de cada uno de estos organismos, en unas se reconoce a los contralores autonomía técnica y de gestión, lo que les permite trabajar sin presiones de los titulares de cada organismo para impedir que realicen los procesos anticorrupción que establece la ley. Mientras que otras leyes no dicen nada de la autonomía técnica y de gestión, es decir, no la poseen.

Resulta claro que el hecho de que sean designados por mayoría calificada del Congreso no les garantiza su autonomía técnica ni la libertad de trabajar sin presiones de los titulares de cada organismo autónomo. Creemos que se trata de un faltante muy importante en la materia.

Y si bien algunos podrían proponer que entonces se modifiquen una a una las leyes de cada organismo; lo cierto es que la autonomía técnica y de gestión debe estar garantizada desde la Constitución y en su caso, ratificada en las leyes orgánicas de cada organismo autónomo. Actualmente, de acuerdo con la revisión que hicimos de sus leyes orgánicas, algunos organismos como la Comisión de Derechos Humanos; la Comisión de Arbitraje Médico e incluso la UAdeC, poseen contralorías sin autonomía técnica y de gestión.

Otro detalle muy importante, es que, entre contralorías de unos y otros, en algunos casos no tienen atribuciones señaladas, mientras que en otros casos sí, pero, difieren en atribuciones entre ellos. Contralores sin independencia para trabajar jamás podrán cumplir a cabalidad con los extremos del sistema anticorrupción ni con los de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por eso son necesarias reformas profundas a la ley y por lo pronto presenté en esta pasada sesión del Congreso de Coahuila, una reforma a la Constitución para que los órganos internos de control de los Organismos Públicos Autónomos contaran con autonomía técnica y de gestión.

Esto ayudará a que este importante departamento no se supedite al titular del organismo, contando con independencia real, de modo tal que ayude a combatir de mejor forma y sin simulaciones, el combate a la corrupción.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.