Hace algunas semanas, cuando se cerró el “glorioso y sin precedente” Acuerdo Migratorio por parte del Gobierno de México encabezado por Andrés Manuel López Obrador y voceado por Marcelo Ebrard, advertí en esta misma columna las probables consecuencias de convertirnos en el “tercer país seguro” y muro de contención del Presidente gringo. Y es que era lógico pensar que firmar este compromiso con el Gobierno estadunidense significaría para nuestro país un despliegue -no planeado- de recursos, tropas, inmuebles y demás para dar asilo, alimento y hasta empleo a los migrantes, no solo a los que van de tránsito y no podrán entrar a Estados Unidos, sino a todos aquellos que aquel país regresó por el endurecimiento de sus políticas migratorias, y para evitar que sigan entrando migrantes a México.

La Guardia Nacional -que no fue creada para este fin- fue enviada cual “border patrol” a la frontera sur para contener y “poner orden” al tránsito migratorio, situación que generaría otros problemas adicionales que ya se veían venir, como el pobre nivel de capacitación en materia de derechos humanos y aplicación de protocolos de actuación con que cuentan los agentes de las policías locales en las distintas entidades -situación que ya cobró vidas- y el proceder de la Guardia Nacional y las corporaciones policiacas federales respecto al respeto de los derechos humanos de los migrantes y los derechos establecidos para ellos en los tratados internacionales suscritos por nuestro país.

En esto último nos vamos a detener. En Coahuila, por ejemplo, la semana pasada se dio a conocer el caso del migrante hondureño que falleció a manos de agentes de la Fiscalía General del Estado. En una primera versión se dijo que los agentes realizaban una operación contra narcomenudistas y que un grupo de migrantes habría agredido a los agentes y que estos “simplemente repelieron la agresión”. Las versiones de los testigos, tanto los propios migrantes que acompañaban a la víctima como otras personas, establecieron grandes dudas respecto a la versión de la FGE, al tiempo que diversos organismos se manifestaron en contra del uso de la fuerza letal contra la población migrante y la criminalización de todas estas personas que solo ingresan y atraviesan el país en busca de una vida mejor.

De inmediato, el fiscal general de Coahuila cambió la versión de los hechos y señaló a uno de los agentes como responsable de haber disparado contra la víctima. En conferencia de prensa, el fiscal anunció la detención del agente Juan Carlos “N” como presunto responsable del homicidio de Marco Tulio -el migrante-. Reconoció que el responsable actuó sin razón alguna al disparar, por lo que sería procesado por la probable comisión del delito de homicidio doloso calificado. Es decir, hasta el delito concreto tenían ya definido en cuestión de pocos días: 35 diligencias en 72 horas.

A todos nos queda claro que si esta misma “eficiencia” se aplicara en todos los delitos cometidos contra migrantes y paisanos en Coahuila, seríamos ejemplo a nivel nacional e internacional, pero no es así, todo fue por la presión mediática e institucional de la ONU y el Gobierno federal. Lo primero que se ocupa, por supuesto, es que se haga justicia en este caso concreto. Pero a la vez, lo que preocupa es el latente riesgo de que delitos de esta naturaleza se repitan en nuestro territorio y en el resto del país por lo que mencioné en la introducción de esta columna: el “acuerdo migratorio” del Gobierno federal con Estados Unidos, que solo ha servido para militarizar la frontera sur y establecer un muro virtual con la Guardia Nacional. He dicho.

No podemos -independientemente de que se esté de acuerdo o no en el despliegue de recursos para darle atención y empleo a los migrantes- (en lo personal creo que un país en vías de desarrollo como México no puede darse el lujo de hacerlo), por los acuerdos del Gobierno federal con Estados Unidos en materia migratoria, convertirnos en una nación antimigrantes, que persiga y criminalice a las personas cuyo único pecado es buscar una vida mejor. El foco rojo se encendió y ya diversas organizaciones apuntan a que en un afán de quedar bien con Donald Trump, vayamos a transitar hacia un Estado que persigue y criminaliza a los migrantes. Que no se nos olvide: México es un país de migrantes, millones de los nuestros se han ido a Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida. Creo que es momento oportuno para reflexionar sobre los riesgos de este acuerdo migratorio del Gobierno lopezobradorista con Estados Unidos, en especial en lo que se refiere a la seguridad y respeto a los derechos humanos de los migrantes y no seguir resolviendo este problema a “trumpadas”.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.