El servicio de energía eléctrica es proporcionado -como todos sabemos- por la Comisión Federal de Electricidad (CFE, por sus siglas). Este servicio, junto con el del agua potable, el drenaje y el alcantarillado, forma parte del grupo de servicios esenciales que todo mexicano debe tener en su hogar, sea propio o arrendado.

La Ley de la Comisión Federal de Electricidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, abrogó a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que antes regulaba el desempeño de esta empresa estatal. Del contenido del artículo 4, se destaca que en “la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional”.

En primer lugar, debemos resaltar que estas disposiciones no se cumplen a cabalidad por la CFE y no existe transparencia financiera en el organismo. Mientras el Presidente de la República ha mencionado en diversas ocasiones que el organismo está bien, los datos oficiales apuntan a otra cosa. Pero lo que más nos preocupa y ocupa, es que no existe legalidad, certeza ni transparencia en la creación y modificación de las tarifas del servicio de energía eléctrica. Tan es así que incluso esta ley a la que hemos hecho referencia, no dedica ni un solo artículo al tema de las tarifas, ni uno solo. Todo su contenido es más que nada de tipo orgánico y en relación con las atribuciones de sus órganos, comités y unidades.

Desde el 2014, los mexicanos, desde los más pobres, hasta los empresarios, han debido enfrentar la discrecionalidad e impunidad de la CFE en materia de tarifas, debemos decir, con la complicidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En 2016, la Profeco dio a conocer que la CFE estaba en la cima de los prestadores de servicios con más quejas, para un total de 24 mil 403 en el periodo comprendido entre julio del 2015 a junio del 2016. Sin contar aquí las miles de quejas que los usuarios tramitaron directamente ante la CFE. En 2017, tan solo en el periodo de enero a febrero de ese año, la Profeco registró 2 mil 862 expedientes en contra de la CFE, otra vez, con el “privilegiado” primer lugar en quejas de entre los organismos prestadores de servicios; el 95% fue por abuso en las tarifas. En el 2018, la Profeco nuevamente coloca a la CFE en la cima de quejas; y de hecho admite que se le aplicaron sanciones, las cuales además, el organismo no paga. 2019 no fue la excepción.

El problema es que tenemos una constante, real, medible, cuantificable: todo indica que CFE abusa de modo sistemático, planeado y doloso de los usuarios para capitalizarse, ya que aumenta de modo arbitrario el costo en los recibos, sabiendo que no todos los ciudadanos van a reclamar. Se calcula que de cada cinco afectados, solo dos presentan reclamos, los otros tres se aguantan y se quedan así. A los que reclaman se les regresa una parte del cobro excesivo, no todo. Y de todos modos la empresa sale ganando. En el caso de que los incrementos no sean muy altos, el usuario resistirá sin quejarse, hablamos de montos de entre 30 y 80 pesos para usuarios de bajo consumo, y de 100 a 150 pesos para los de consumo medio y alto. De tal suerte, el robo hormiga de alto impacto está garantizado para el organismo. A esto se llama “aumentos invisibles”, que han sido “normalizados” ante el silencio del usuario. La ganancia para la empresa es de cientos o miles de millones al año, obtenidos ilegalmente.

Lo peor del caso, es que a muchos usuarios se les mantiene el aumento arbitrario como parte de una “nueva tarifa”, pero completamente ilegal. El único medio de prueba para defensa del usuario es el recibo, pero no existe medio de defensa formal, ni mecanismo que asegure el reclamo y su agilidad. Además, como señalan los expertos, los usuarios no tendrían por qué acudir cada dos meses a reclamar, siendo el caso que, además, la empresa, dolosamente, le apuesta al agotamiento del quejoso, a que se rinda tarde o temprano. Lo que más duele es que en este 2020, y durante el gobierno de “Primero los pobres”, nos topamos con que en plena pandemia, la CFE aumentó las tarifas del servicio, y si bien trató de desmentir esto, en realidad admitió el aumento, (no del 4% como señalaron los medios, fue un 1%, pero aumento al final). Cuánto daño le hace al país tener un solo proveedor de este servicio, que si bien -hay que decirlo- da un buen servicio, la zona de confort de ser los únicos y buenos (pero no honestos), los ha hecho abusar de las y los consumidores. Este problema solo se resolverá con una ley que establezca mecanismos de cobro legales, transparentes, verificables, auditables y eficientes.