La suspensión de nuevos proyectos de energías limpias o sustentables en nuestro país provocará la salida masiva de inversiones y la pérdida de la posibilidad de convertirse en un líder mundial en el sector. La suspensión al momento de nuevos proyectos de energías renovables sin duda abre la puerta a consecuencias irreversibles para los compromisos que se habían adquirido a nivel internacional. Y no solo eso, creo que se aleja la posibilidad para México de convertirse en una potencia mundial en energías renovables, ya que por su posición geográfica, la rentabilidad en este sector es muy alta. También se corre el riesgo de que al cerrar la puerta a los inversionistas de capital privado, estos los lleven hacia otros mercados.

Lo que también molesta es que el Gobierno de México, encabezado por López Obrador se “agarró” de la pandemia generada por el coronavirus para justificar la imposición de nuevas reglas que reducirán el papel de las energías limpias, como la solar y la eólica, otorgándole de esta forma “tiempo de compensación” a las viejas plantas de combustibles fósiles del Estado. Haga de cuenta que subieron al país a una máquina del tiempo y nos fuimos algunas décadas para atrás. El decreto emitido hace unos días por supuesto desató indignación entre expertos, clase política e inversionistas locales y extranjeros, a estos últimos incluso se les había permitido vender su energía a la red operada por el Gobierno. Asociaciones de la industria indicaron que la medida afectará a 28 proyectos solares y eólicos que ya estaban listos para entrar en operaciones, y a otros 16 en construcción, con una inversión total de 6 mil 400 millones de dólares, en su mayoría de compañías extranjeras.

En nuestro país la memoria del colectivo suele ser de corto plazo, hace tiempo ya se vislumbraban propuestas que generaban encono entre el presidente Andrés Manuel López Obrador (promotor de la industria petrolera paraestatal y opositor a los proyectos de energías renovables) y del sector privado. Desde que asumió el puesto en diciembre de 2018, llegó a cancelar una licitación planeada para la exploración petrolera privada y además forzó a compañías privadas a renegociar contratos de oleoductos. Las nuevas reglas “a merced” de los intereses de este régimen garantizan el ingreso para el proveedor de energía eléctrica del Gobierno, impulsan el consumo de las reservas gubernamentales de combustibles, reducen el papel de los generadores privados de energía, y evita las interrupciones en el suministro del viejo e inadecuado sistema de transmisión energética del Estado.

Es imposible no recordar a Ricardo Anaya –en la carrera presidencial– cuando en su plataforma electoral proponía dar prioridad a la agenda de sustentabilidad para desplegar políticas públicas que sean transversales para garantizar el desarrollo sostenible. En su propuesta, por supuesto también contemplaba dotar de una lógica ambiental a las políticas económicas, productivas, energéticas, educativas y culturales. Las cuatro propuestas incluían hacer que las energías limpias llegaran incluso a los hogares mexicanos, fijar límites de contaminación en las empresas, impulsar la movilidad de la gente de manera no motorizada y eléctrica mediante estímulos financieros, y buscar que al menos un tercio de las pequeñas y medianas empresas contaran con energía solar mediante un estímulo fiscal.

El plan de Anaya era que para 2024 las energías limpias representaran ya el 40% de la matriz energética (energías eólica, geotérmica, hidroeléctrica y solar).

En la actualidad, este tipo de energía representa el 20 por ciento. Con la decisión del Presidente no solo se estancará sino que comenzará a disminuir gradualmente. Como dato adicional la Ley de Transición Energética, publicada en 2015, establece que para 2024, México debe tener un mínimo del 35% de participación de energías limpias en el proceso de generación de electricidad. Que lejano parece todo esto después del anuncio dado por el Gobierno de México que a su más puro estilo autocrático, se aprovechó de la crisis sanitaria y además argumentó que había corrupción en el medio y que los contratos realizados a la fecha eran leoninos. Parece que el lema de la 4T es “para atrás para todo y hasta para agarrar vuelo”.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es Diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.