El 17 de diciembre de 2018, en esta tribuna se dio lectura al dictamen que derivó en diversas reformas a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza. De acuerdo con las exposiciones de motivos de las iniciativas que comento, los argumentos expuestos, de manera breve, se refieren a problemas como los siguientes:

I. Que (las bolsas de plástico) tardan entre 150 y mil años para desintegrarse en el ambiente.

II. Que únicamente 1% de las bolsas son recicladas.

III. Que son fabricadas principalmente a base de petróleo, el cual no es renovable y es muy costoso: inclusive utiliza grandes cantidades de este combustible, generando emisiones de gases efecto invernadero.

IV. Que cuesta 100 veces más reciclarlas que producirlas.

V. Las bolsas no recicladas se convierten en basura que terminan en el drenaje o en costas y mares, ocasionando inclusive la muerte de gran diversidad de especies, al confundirla con comida.

VI. Algunas de las partículas que emiten las bolsas al desintegrarse son tóxicas, como es la tinta para su diseño.

VII. La cantidad en la que se producen comparada con la cantidad eliminada, no es sostenible y si muy perjudicial, no solo para el ambiente, sino también para los seres humanos.

En México, concretamente en la Ciudad de México, se prohibió la entrega de bolsas plásticas al consumidor final, que no estén sujetas a los criterios y normas para la producción y el consumo sustentable, según su Ley de Residuos Sólidos.

Otro caso es el de Baja California, donde se aprobó en su Ley de Protección al Ambiente, la prohibición a los establecimientos comerciales de proporcionar bolsas de plástico de forma gratuita, advirtiendo que el costo deberá correr a cargo del consumidor final.

En similares términos aprobó el Ayuntamiento de Querétaro, el 13 de diciembre de 2017, su Reglamento de Protección Ambiental y Cambio, en el que prohíbe proporcionar a los consumidores cualquier tipo de plástico desechable para el acarreo de productos, ya sea en forma gratuita u onerosa.

Uno de los principales problemas de la contaminación en nuestros días, lo constituye el uso indiscriminado de plásticos creados a partir del petróleo y sus derivados. Esta situación se explica en razón de que dicho elemento, al ser un material procesado de alta resistencia, cuenta con un grado de degradación que se puede extender hasta por 300 años.

Esta circunstancia ha impulsado al reciclado de los productos fabricados con plásticos; pero, el reciclado tiene limitaciones, además de que, en el proceso es necesario utilizar procedimientos que generan una mayor contaminación al medio ambiente.

En los transitorios de la Ley que aprobamos, se estableció un periodo de 12 meses para la plena entrada en vigor de la prohibición, y una periodicidad gradual para que los distintos tipos de comercios puedan cumplir en plazos más que razonables con esta obligación. Es decir, hubiera iniciado la prohibición definitiva el pasado 15 de septiembre, ¿pero porque no fue así? Explico.

Las leyes siempre son perfectibles, más aún cuando se trata de reformas innovadoras que modifican un paradigma histórico. En relación con estas reformas que hemos comentado, han surgido diversas inquietudes expresadas por los distintos actores involucrados en el proceso, desde los clientes afectados, hasta los dueños de las tiendas y comercios, y de las fábricas de las bolsas, que guardan relación con los aspectos siguientes:

I.- La falta de especificación de los materiales que deben o pueden ser usados para la fabricación de bolsas ecológicas o reciclables.

II.- La falta de especificación para los tipos de materiales que deben o pueden usar. Por ejemplo, los negocios de comida, aquellos que entregan sus productos envueltos en materiales plásticos.

III.- Las atribuciones de las autoridades municipales.

IV.- La forma en que se apoyaría a los negocios que fabrican bolsas de plástico y recipientes de unicel, ante la eventual afectación económica y pérdida de empleos que resentirán por la prohibición.

Atendiendo a los argumentos expuestos, el diputado Jaime Bueno, presentó una reforma a la misma ley, que da marcha atrás a la prohibición definitiva de bolsas plásticas y poliestireno expandido, para buscar mejor la culturización a partir de la promoción de uso de bolsas reutilizables o ecológicas y no afectar a la industria y a miles de empleos. Esta reforma ya se aprobó el pasado mes de julio.

Sin embargo, consideré pertinente realizar algunas otras adecuaciones a la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de nuestra entidad, en lo que referente a las bolsas de plástico y demás productos similares, para hacer más claro, preciso y eficiente su contenido, y de esta manera evitar confusiones.

Una de las principales adecuaciones tiene que ver con la intervención de la autoridad municipal para dar seguimiento, multar, supervisar que se respeten las normas técnicas y la otra para que el Estado apoye con recursos a la industria de bolsas plásticas y estos materiales, para que logren la transición hacia productos naturales como palma, nopal, caña, etcétera, y que sus costos de producción y venta no sean ya elevados, cuidando la generación de empleos, pero además el medio ambiente.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.