Coahuila, como todos sabemos, arrastra una megadeuda desde hace varios años, a la que se destinan miles de millones de pesos antes pagos de capital e intereses, lo cual significa un atado de manos automático para que la inversión pública productiva no sea la ideal en la entidad, así como otros rubros de gran importancia que se ven afectados de manera directa por dicha situación.

Por tal motivo, en el Congreso del Estado de Coahuila, la bancada panista hemos sido consistentes en solicitar a las autoridades correspondientes agoten las investigaciones y metan a la cárcel a los responsables de dicho fraude.

¿Por qué no dejamos de insistir? Muy sencillo, porque por ese megafraude el estado no ha crecido como debiera crecer y los ciudadanos tenemos que pagar por ello, tal acción –la de robar miles de millones– la pagarán en vida o bien, el de allá arriba seguramente les dará un castigo ejemplar, porque tomar dinero público es corrupción y es pecado. Bueno, eso creo yo.

Para ir al meollo del asunto. Hoy en México y Coahuila vivimos una etapa complicada en materia sanitaria y económica, –que por decirlo de algún modo, apenas comenzamos– es por ello, que previendo tal situación, tomando como ejemplo la realidad de cientos de hospitales, y clínicas del IMSS e ISSSTE, que ni siquiera tienen los insumos necesarios para salvaguardar la integridad de sus pacientes, médicos y enfermeras, y considerando que la cuarentena ha quebrado miles de micronegocios, medianas empresas y sometido a una terrible crisis a las grandes, hoy debemos hacer cosas extraordinarias para mitigar tal efecto.

Y en Coahuila una puerta debe ser que se analice la posibilidad y viabilidad de celebrar un convenio modificatorio de la deuda con los bancos, para que durante todo el periodo que dure la emergencia sanitaria y económica que está provocando en el estado la pandemia del virus denominado Covid-19, se omitan los pagos de las mensualidades pactadas, así como sus respectivos intereses, sin ninguna penalidad o acumulación de dichas prestaciones, porque dadas las circunstancias actuales que padecemos los coahuilenses, este apoyo resulta necesario e indispensable para atemperar las graves condiciones que se avecinan.

Creo que es el momento para que esos bancos sean solidarios con nuestro pueblo, en aras de que esos recursos, en lugar de irse a pago de interés y capital de la deuda, puedan ahorrarse y se destinen específicamente al apoyo del sector salud y productivo de nuestra entidad. ¿Qué se necesita? Enseguida lo justifico: la voluntad de hacerlo.

Al respecto, resulta oportuno destacar que celebrar y realizar un convenio de este tipo es totalmente viable y legítimo. Para comenzar el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresamente dispone que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

En ese mismo sentido, el Artículo 25, establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

En ese sentido, y conforme al texto Constitucional y sus leyes reglamentarias, es pertinente destacar que el Banco de México, toda vez que dé conformidad con el Artículo 78 del Código de Comercio, en donde establece que en las convenciones mercantiles cada parte se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados, como ocurre con las reestructuras, que es el estado quien decide en qué momento celebrarlas.

¿Se necesita una reforma federal a la Ley de Disciplina Financiera? No, con los simples argumentos mencionados y voluntad, podemos hacer la solicitud a la banca y redistribuir esos recursos que hoy más que nunca lo necesitan ¡los coahuilenses!