Hace tiempo escribí en este mismo espacio acerca de lo terrible que sería para nuestro país el hecho de que la denominada “Ley Bonilla” hubiera procedido, sin duda hubiera significado la quiebra democrática de nuestro país. Para recapitular: el Congreso de Baja California en octubre de 2019, luego de una “consulta ciudadana”, donde solo participó el 1.9% del electorado del estado, decidió reformar la constitución para que el candidato a gobernador de Morena el “estadunidense” Jaime Bonilla, que había resultado ganador para ocupar la titularidad del Ejecutivo estatal por solo 2 años (se decidió en la última reforma electoral aprobada en aquel estado que esa gubernatura que sería elegida en 2019, con la finalidad de empatar todos los procesos electorales a partir de ese momento, duraría tan solo dos años, la siguiente en 2021 sería normal de seis) durara mejor cinco años.

Los resultados de aquella “consulta” fueron beneficiosos para Bonilla: 82% de los pocos que participaron dijeron que era buena idea pasar de dos a cinco años, mientras que el resto dijo que no. Y de ahí agarraron valor para violentar la Constitución. En resumen, por ley se establecía que esa gubernatura sería solo de dos años y los ciudadanos votaron en ese entendido, pero de pronto algo sin precedentes ocurrió y “decidió alguien” utilizar BC como laboratorio electoral y así reformar arbitrariamente la Constitución de aquel Estado, es como si usted votara por un Presidente sabiendo que va a durar seis años pero resulta, que ese presidente tiene mayoría a favor en el congreso o bien compró algunos diputados para hacerse de esa mayoría de votos y deciden reformar la Carta Magna para que en lugar de seis la presidencia dure 12 o hasta 18 años. ¡Pero si yo voté por un Presidente de 6! No importa, alguien diría, hicimos una consulta en la que participó el 1% de la ciudadanía y eso es suficiente para violentar y generar efectos retroactivos a la Constitución. ¡Imagínese tan burda acción!, pues sí, eso quisieron hacer en aquella entidad.

La ley ya había sido discutida por el Congreso local en medio de sesiones extraordinarias, donde legisladores aprobaron en tan solo 30 minutos la reforma al Artículo Octavo Transitorio del Decreto 112 de la Constitución del estado, aprobando los cinco años de mandato. El Gobernador electo de Morena, Jaime Bonilla Valdez, tomó posesión como Mandatario número 15 de Baja California en noviembre de 2019. Sin embargo después de unos meses, el pleno de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró el pasado lunes, por unanimidad de 11 votos, la inconstitucionalidad de la llamada “Ley Bonilla”. La Suprema Corte consideró que la reforma que dio origen a dicha ley resultaba un “gran fraude” postelectoral y a la Constitución, además de que representa un ilícito atípico maquinado desde el Congreso de Baja California mediante un efecto corruptor que manipuló la Carta Magna y los principios de la democracia. Los ministros además señalaron que la reforma impulsada por el partido Morena en el Congreso de Baja California resultó un “atropello” a los derechos electorales como votar y ser votado, así como a los principios de la democracia en México.

Además este hecho pone de manifiesto un verdadero fraude a la Constitución, como lo dijo atinadamente el ministro presidente Arturo Zaldívar, “un efecto corruptor de rango constitucional que se llevó a cabo con toda una maquinación a través de la cual se pretendió burlar la voluntad popular usando la 'Constitución para violar la Constitución' y usando las herramientas de la democracia para minar la democracia, corrompiendo de manera tajante el principio democrático.” Además, Zaldívar aseguró que la reforma entraña una violación al voto público, a la soberanía popular, y al principio democrático y que alterar las condiciones por las cuales se llevó a cabo una elección constituye un verdadero fraude poselectoral, pues, aunque se contaron los votos, se modificó el efecto que estos deberían tener, conforme a las reglas del juego previamente acordadas, lo que vulnera la esencia misma del proceso democrático como forma y limitación del poder. Más claro y contundente imposible.

La intentona de Morena deja al descubierto que quisieron utilizar Baja California como laboratorio, en la más grave (de varias) acciones para reformar leyes para transformarlas a modo y en silencio comenzar a matar la democracia mexicana. Basta echarse un clavado en lo que llegó a hacer Hugo Chávez, Evo Morales, Fujimori y otros extremistas a lo largo de la historia del populismo en Latinoamérica, para darse cuenta de lo que Morena, encabezado por su presidente López Obrador, están intentando reformar “a la sorda” para no compartir el poder. El freno que los ministros acaban de ponerle a esta “corrientada” no es poca cosa, esa sentencia nos recuerda que en nuestro país, se dará la pelea para mantener una democracia sana y madura.