En México, como en muchos países, el crecimiento de la población, y por ende de la mancha urbana, ha traído desde hace más de 15 años nuevos y complejos problemas que las autoridades, en muchos casos, deciden no enfrentar y pasan por alto, dejando a grandes grupos humanos en riesgo de sufrir cuantiosas pérdidas materiales, daños a la salud y la pérdida de la vida misma. Nos referimos a los fraccionamientos construidos en zonas de alto riesgo de inundación, deslaves y derrumbes del suelo. Fraccionamientos que, para su edificación y en apariencia, sus desarrolladores cumplieron con todos los requisitos de la ley y de la reglamentación municipal para ser construidos. Pero no es así, no hubo cumplimiento sino simulación, no existió apego a derecho y formalidades de parte de las autoridades, solo corrupción simple y llana.

Los factores que han llevado al grave fenómeno de la construcción de fraccionamientos en zonas de alto riesgo, prohibida por la normatividad es compleja y simple de entender a la vez, en primer lugar, tenemos el crecimiento acelerado de las ciudades, especialmente de las más grandes en cada estado, aunque el fenómeno no es ajeno a municipios más pequeños. Luego tenemos la migración constante de las zonas rurales y de otras ciudades a las grandes urbes en busca de una mejor calidad de vida de parte de jóvenes en busca de empleo, y de familias enteras que huyen de la pobreza, de la falta de oportunidades, de la inseguridad de sus regiones o simplemente, deciden emprender la aventura de probar suerte en otro lugar.

Si bien, analizar los aspectos ambientales, hidrológicos, de mecánica de suelos y los relacionados con el cambio climático resulta esencial, estamos hablando de todos los trabajos previos, estudios y análisis que se deben hacer de parte de las autoridades y los desarrolladores para llegar a la parte final que nos interesa del proceso: La autorización de un nuevo fraccionamiento que, se supone, fue permitido en zona segura, sin riesgo de inundaciones, deslaves o hundimiento de suelos… ¡Pero en los hechos no fue así!

Las razones para que se construyan fraccionamientos en zonas de alto riesgo o prohibidas confluyen todas en una sola: corrupción. El desarrollador quiere ganar dinero vendiendo o rentando sus viviendas, la autoridad municipal quiere hacer lo mismo allanando el camino y las “dificultades” al desarrollador. En otros casos, la corrupción se da entre quienes hacen los estudios previos de riesgo, de mecánica de suelos, de factores hidrológicos, etcétera, falsificando los resultados, ocultando la verdad a cambio de jugosas cantidades de dinero. Cualquiera sea el caso, las autoridades que otorgan las licencias y permisos finales cargan con toda la responsabilidad, con toda la culpa, pues tienen el deber de verificar todo, de revisar el atlas de riesgo, de pedir opinión a los comités competentes, de analizar los antecedentes de la zona y de verificar que se cumplan todos los requisitos de ley.