Esta semana se encendieron los motores de la maquinaria político-electoral en el estado. Por un lado, el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) tuvo la sesión de instalación. Este órgano, de acuerdo con las nuevas atribuciones derivadas de la reforma política de 2014, organizará de manera conjunta con el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) el proceso electoral del próximo año para renovar el Congreso del Estado.

Por su parte, el IEC tuvo una importante sesión donde se adoptaron acuerdos cruciales para la competencia política del próximo año. Se aprobó el financiamiento público ordinario para el ejercicio 2020 que consta de una total de 121 millones 441 mil pesos –este monto es el resultado de multiplicar el número de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral de Coahuila (2 millones 209 mil 490) por el 65% (54.92) de la Unidad de Medida y Actualización (UMA)–.

El 30% se distribuye entre todos los partidos de manera igualitaria y 70% de conformidad con el porcentaje de votos obtenidos en la elección inmediata anterior. Esta formula dio como resultado, por ejemplo, que al PRI le correspondan 40 millones 703 mil pesos, al PAN 35 millones 513 mil pesos y a los partidos de nueva creación solo 2 millones 426 mil pesos.

Además, se determinó el financiamiento para las campañas electorales, donde el PRI obtendrá 12 millones 211 mil pesos, el PAN 10 millones 645 mil pesos, Morena 5 millones 218 mil pesos y los partidos de nueva creación o que no obtuvieron cuando menos 3% de la votación emitida en la elección anterior, contarán con 728 mil pesos.

También se determinaron los topes de gastos de campaña, esto es, el límite de recursos económicos que podrán gastar los partidos políticos en cada una de sus candidaturas, cuyo monto ascendió a un millón 375 mil pesos. Hay que recordar que el incumplimiento de esta regla, en caso de ganar la elección, puede derivar en la nulidad de la misma.

Se acordó el calendario que contiene las fechas más relevantes del proceso electoral, tanto para la autoridad comicial como para los partidos políticos y candidatos independientes, así como para los ciudadanos que pretendan participar como observadores.

Las campañas electorales –para que tome precauciones por aquello de la tormenta de spots– darán inicio el 25 de abril y concluirán el 3 de junio; el 4, 5 y 6 de ese mes serán de veda electoral y el día 7 se realizarán las votaciones.

Los partidos tendrán hasta el 3 de marzo para presentar ante la autoridad electoral, en caso de así definirlo en su interior, el convenio de coalición para participar de manera conjunta con otro u otros partidos políticos. Pero entre los temas más relevantes y que más rechazo provocó, lamentablemente, en algunos partidos políticos, fueron los lineamientos para garantizar la paridad de género en el registro de las candidaturas.

Entre sus reglas se encuentra que los partidos están obligados a presentar listas que contengan sus candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, sin embargo, dichas listas deberán estar encabezadas por candidatas mujeres, con el fin de garantizar la participación de estas en los cargos de elección popular.

Como decía, esta disposición, que no es nueva y ya fue aplicada en otras entidades federativas en años anteriores, no fue del agrado de algunos partidos, principalmente, aunque no lo admitan, porque su primera diputación bajo este principio suele ser acordada de antemano por las dirigencias para postular algún perfil masculino de su conveniencia.

El proceso electoral en puerta, que inicia formalmente el próximo 1 de enero, ya empezó para las autoridades electorales y los partidos políticos, y dará mucho qué comentar durante los próximos 8 meses o más.

Hay que estar atentos.