En la experiencia internacional y nacional, es de sobra conocido que cuando se desata una epidemia, las autoridades sanitarias deben estar preparadas con protocolos, infraestructura y medicamentos suficientes para hacerle frente.

Lamentablemente, si esto no sucede, se debe enfrentar una crisis sanitaria con escasez de recursos en la que se opta por una práctica muy conocida: La subdiagnosticación o diagnósticos erróneos hacia los pacientes; todo en aras de “cubrir el expediente” y hacer como que se cumple.

Esto genera desinformación, cifras falsas y una errónea percepción de la realidad, mientras la pandemia avanza sin controles eficientes por las regiones de un país. A la fecha presente, diversos actores políticos y partidos, han manifestado su preocupación de que el Gobierno federal esté maquillando las cifras de infectados por el Covid-19, en un claro intento de aparentar que no pasa nada y que todo está bajo control.

Sin embargo, cuando se trata de enfermedades respiratorias, es relativamente fácil para las autoridades sanitarias optar por dar diagnósticos distintos y falsos a los pacientes, con tal de mantener un “alentador cuadro estadístico”.

Subdiagnosticar o dar diagnósticos falsos a los enfermos de Covid-19, en un afán de control político-estadístico, para ocultar el fracaso de un Gobierno, es una acción que vulnera derechos múltiples, individuales y colectivos.

Ofrecer diagnósticos falsos importa además responsabilidades médico-legales para el personal y para las instituciones, que van desde las de carácter penal, hasta las de actividad irregular del estado, dando lugar a cuantiosas indemnizaciones para los familiares de las víctimas.

Solo un eficiente sistema de información sanitaria, que en tiempo real refleje la verdad de todo, nos permitirá como país, como estado, poder realizar en tiempo real y de manera eficiente todas las acciones para hacerle frente a esta real, trágica y temerosa pandemia.