El 18 de septiembre de 2018, mi compañero diputado Juan Carlos Guerra, en conjunto con el grupo parlamentario de Acción Nacional, presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua y esta, a su vez fue dictaminada el 17 de diciembre de 2018, para ser aprobada en el Pleno del Congreso y posteriormente publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Dicha reforma a la ley me parece que era muy necesaria, ya que como la exposición de motivos de la iniciativa suscribió, la Organización de Naciones Unidas (ONU) exhortó el verano de 2018 a todos los países tomar medidas contra el uso de bolsas de plástico, como parte del desafío global por reducir y acabar con la contaminación de los océanos que se ha venido incrementando cada año, esta petición fue hecha a pocos días que se celebrara el día Mundial del Medio Ambiente, ya que como resultado del consumo excesivo de plásticos de un solo uso y de la mala gestión de los residuos, cada año se vierten en el océano 13 millones de toneladas de plásticos, advirtiendo que si los patrones actuales de consumo continúan, en 2030 la producción anual de plástico será de 619 millones de toneladas a nivel global.

América Latina y el Caribe fueron las primeras regiones que reaccionaron ante este llamado, ya que son dos de las regiones más biodiversas del mundo, con 16 millones de kilómetros cuadrados de mar, que son fuente de 24% de la pesca global.

Por ejemplo, Chile prohibió el uso de estos productos a partir de 2019, convirtiéndose en el más reciente país que asume una decisión frontal contra las bolsas plásticas. Colombia prohibió también en 2016 la circulación de bolsas plásticas de pequeño tamaño y en 2017 aplicó un impuesto a bolsas de mayor tamaño.

Ecuador se unió en 2018 a la corriente contra el plástico y dictó medidas para restringir el uso de sorbetes, bolsas y botellas desechables en las islas Galápagos. Mientras tanto, Perú inició también en el seno de su parlamento el debate para prohibir las bolsas y crear un proyecto de ley para tal efecto.

En América Central, la ofensiva contra los plásticos la impulsó Panamá, que devino a inicios de este año en el primer país del Istmo en prohibir por ley la bolsa de plástico. Costa Rica lanzó de su lado una estrategia para reducir el uso en un lapso de tres años, en 2021.

Dicho de otro modo la contaminación por plástico es un problema de salud, que también afecta a nuestro país, –ojo, considerando que el plástico es necesario y útil en muchas aplicaciones, como medicina, automoción, etcétera–.

Sin embargo, la legislación a nivel mundial apuntala hacia los usos innecesarios y controlables atribuidos a este material de “usar y tirar”, que al final de cuentas son los que están generando serios impactos ambientales y económicos, por lo tanto, se antojaba urgente modificar el modelo actual de producción, consumo y gestión de los residuos plásticos y unicel para evitar un desastre ambiental aún mayor del que existe en la actualidad.

En México, Veracruz, Querétaro y Baja California Sur, fueron los primeros en legislar en la materia para prohibir el uso de bolsas plásticas, popotes y todo aquello con fines de envoltura, transportación y carga o traslado de alimentos y bebidas, a estos se les sumaron Nuevo León, Sonora, Durango, Jalisco y la Ciudad de México.

La contaminación en Coahuila es grave, aunque cada día, existen más empresas dedicadas al reciclaje, hacía falta impulsar acciones de reciclaje y más centros de confinamiento para tratar y reciclar, es por ello, que resultaba impostergable que nuestra Legislatura adecuará el marco jurídico de nuestro estado, para regular el uso de bolsas plásticas y contenedores de poliestireno –expandido para fines de envoltura, transportación, carga o traslado de alimentos y bebidas, así como de popotes plásticos, pues significan un foco de contaminación por plástico– originando así un problema de salud pública.

Ante este panorama, era indispensable tomar consciencia de la importancia de reducir nuestro consumo de productos plásticos, creando con ello el andamiaje legal para que el Estado y municipios, en coordinación con las cámaras empresariales, organizaciones de la sociedad civil y la sociedad en general, instrumentarán estrategias y campañas de promoción y concientización ciudadana sobre el uso, reutilización, reciclaje y destino final de los productos plásticos.

Para ello se propuso que la entrada en vigor de la iniciativa fuera dentro de los 12 meses siguientes, contados a partir de la fecha de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, al considerarse como tiempo suficiente para sustituir las bolsas, empaques y popotes no reciclables o no biodegradables, así como para que las empresas que actualmente producen las bolsas, empaques y popotes de plástico, puedan adecuar sus tecnologías y obtener las materias primas necesarias y acordes con lo establecido en la presente iniciativa.

De hecho, cabe señalar que este artículo lo voy escribiendo justo después de haber ido a hacer el mandado con Claudia, mi esposa, y con mucho gusto me pude percatar que efectivamente, todo el material de poliestireno y plástico se está actualmente rematando a muy bajo costo y paulatinamente sustituyendo por materiales biodegradables.

De igual forma, ya no se expiden bolsas de plástico para cargar con el mandado sino que a precio bastante accesible, se ponen a la venta bolsas reutilizables o ecológicas para cargar con todos los productos. ¿Que si esto va a salvar el mundo de la contaminación? No, claro que no, pero es una aspirina que lejos de hacer daño, contribuirá a mejorar nuestro medio ambiente.



En resumen:

Me han preguntado que cuáles son esos productos que sí podrán ser usados y como saberlo a ciencia cierta, simple, la ley los enuncia: Biodegradable(s), que son productos hechos a base de sustancias (macromoléculas o polímeros) susceptibles a degradación por actividad biológica.

Se entiende por degradación a la pérdida progresiva de las características ya sean físicas y/o químicas de una sustancia. El proceso de biodegradación depende de la cantidad de oxígeno, el grado de humedad y de la temperatura, y puede ser descompuesto por microorganismos.

¿Cómo opera la prohibición? Para empezar, toda persona física o jurídica que infrinja lo establecido en la presente ley será acreedor a las sanciones que se prevén. La entrega en vigor de la restricción definitiva de venta, facilitación y obsequio de bolsas plásticas y contenedores de unicel para envoltura, y traslado, así como popotes plásticos, se ajustará a la gradual idea siguiente:

a) En supermercados, farmacias, mercados, restaurantes y similares, en un plazo de 8 meses a la entrada en vigor del decreto –la entrada en vigor es a partir del 15 de enero del 2020– al igual que en establecimientos dedicados a la venta al mayoreo y menudeo de los productos señalados.

Esto quiere decir que la fecha fatal para no volver a ver en stands ni en los oxxos estos productos, que dicho sea de paso, deberá ser supervisado y ejecutadas las sanciones a las que haya lugar por la autoridad municipal, será el mes de septiembre del presente año.