México tiene una ley muy importante para la regulación y manejo del presupuesto federal; una ley que impide que un Presidente haga y deshaga a su antojo con los recursos de la nación, que los maneje discrecionalmente o que su capricho decida en qué y cuándo gastarlos. Es la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Sin embargo, el Presidente de la República no acata esta ley ni sigue el orden que la misma dispone, por un lado, presume finanzas sanas, ahorros, dice él, por más de 500 mil millones de pesos por combate a la corrupción y por austeridad republicana, sin embargo, en los hechos, y de forma totalmente discrecional, está echando mano de todos los recursos financieros a su alcance, con el pequeño detalle de que son recursos destinados a otras áreas que son sensibles y prioritarias, nos referimos a los fideicomisos que ordenó desaparecer por conducto de sus grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión, con el objeto de contar con más de 68 mil millones de pesos para invertirlos con total discrecionalidad donde él considere. Tal y como lo ha hecho con otros recursos de los que ha dispuesto en las mismas condiciones de total opacidad.

Las preguntas son obvias: ¿para qué arrebatar los 68 mil millones de los fidecomisos si él cuenta con 500 mil millones en ahorros? ¿Para qué donar su aguinaldo para la lucha contra el Covid, y además ordenar recortarlo a todos los altos mandos de la Administración federal con el mismo fin, si cuenta con 500 mil millones en ahorros?

Entre los fideicomisos extinguidos figuran: El Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología, Fondo de Innovación Tecnológica de la Secretaría de Economía, Fondo Sectorial Conacyt-Secretaría de Energía, Fondo de Desastres Naturales, Fondo de Financiera Rural, Fideicomiso Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), Fondo Sectorial para la Innovación, Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. De igual manera, en el listado figuran: Fondo Institucional del Conacyt, Fondo Sectorial de Investigación Ambiental, Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, asimismo, el Fondo Metropolitano, entre otros.

El Presidente dice que los fideicomisos debían desaparecer porque eran manejados con corrupción y falta de transparencia; curioso el argumento, ya que, de ser el caso, la solución más simple y práctica era dotar a los mismos de un mecanismo de transparencia y ya. Pero no, el Presidente se entrampa en sus dichos y decide desaparecerlos.

Señala el Presidente que, en lo sucesivo, para el año que entra dichos recursos serán aplicados con total transparencia, pero sabemos que no es verdad, como no lo ha hecho con ningún recurso actualmente. Ni él ni su secretario de Hacienda han promovido la creación de controles de transparencia del presupuesto, ni han promovido reforma alguna a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ni a los demás ordenamientos fiscales y financieros del país en materia de transparencia en el ejercicio de los recursos del erario; por lo que es dable suponer que todo es una farsa, una mentira más, una promesa más que jamás cumplirá el Jefe del Ejecutivo, mientras áreas sensibles como salud, Insabi, seguridad pública municipal, desastres naturales, ciencia y tecnología, deporte y prevención de la violencia se quedan sin recursos para cumplir sus metas y objetivos más esenciales.

Como legisladores locales y siendo nuestro Poder Legislativo parte del Constituyente, debemos hacer todo a nuestro alcance para impedir y revertir estos atropellos al erario nacional que se conforma con las contribuciones de todas y todos los mexicanos.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.