Respecto a las reformas que se plantean para agravar el delito de defraudación fiscal, se integran reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional y los códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal y en esencia, se enfoca en equiparar el uso de facturas falsas o la operación de empresas fantasma a una amenaza a la seguridad nacional y delincuencia organizada.

Serán considerados miembros de la delincuencia organizada quienes, con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omitan total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.

En este mismo rubro entrarían las personas que consignen en las declaraciones que presenten para efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos o realizados o determinados conforme a las leyes.

Se impondrán sanciones de 3 a 5 años de prisión a quienes alteren o destruyan los aparatos de control, sellos o marcas oficiales colocados con fines fiscales o impida que se logre el propósito para el que fueron colocados, las máquinas registradoras de operación de caja en las oficinas recaudadoras o a quienes adquieran comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Además se impondrían sanciones de 2 a 9 años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

La propuesta también apunta a que habría prisión preventiva oficiosa a quien enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título mercancía extranjera que no sea para su uso personal, sin la documentación que compruebe su legal estancia en el país, o sin el permiso previo de la autoridad federal competente, así como para quien introduzca al país o extraiga mercancías omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que deban cubrirse.

¿Cuáles son las principales modificaciones? Antes de aprobarse en el Senado, se integraron modificaciones al dictamen con el objetivo de evitar que las medidas afecten a empresarios o contribuyentes honestos.

En ese sentido, se estableció que se considerará delincuencia organizada cuando participen al menos tres contribuyentes y el daño al erario sea superior a 7 millones 804 mil 230 pesos; en tanto que la prisión preventiva oficiosa aplicará para quienes expidan comprobantes fiscales por operaciones que rebasen la misma cantidad.

Otra modificación integrada de último momento es que estas medidas serán aplicables a partir del 1 de enero de 2020 y únicamente su aplicación será retroactiva en los delitos que ya se están investigando.

En caso de que se apruebe esta medida tal y como se estableció en el Senado de la República, la vigilancia de las autoridades fiscales será más estricta y las empresas tendrán que establecer una serie de medidas para evitar ser objeto de alguna acusación, advierte Guillermo Mendieta, presidente de la comisión de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos en México.

“La cuestión aquí es que eso va a implicar el tener mayores controles, más carga administrativa, más cuidado y eso se va a ver mermado al empresariado y va a tener que abrir un área nueva de controles que se dedique exclusivamente a revisar facturas, ver que los proveedores cumplan con sus obligaciones fiscales”, afirma el contador.

Estas medidas, señala el especialista, implicarán cargos administrativos y económicos para los empresarios; sin embargo, serán efectivos para dar cumplimiento cabal con estas nuevas medidas.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.