La Unidad de Inteligencia Financiera fue creada en el año 2004 durante el sexenio de Vicente Fox. La UIF, por sus siglas, es una instancia que depende de la Secretaría de Hacienda, que tiene como finalidad prevenir y combatir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita como el lavado de dinero, y hoy en día, con las reformas impulsadas en materia fiscal, también contempla el financiamiento al terrorismo.

Las funciones de este organismo según la página oficial de internet son: Recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables; analizar las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada; y diseminar reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero (LD) o el financiamiento al terrorismo (FT), y en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente.

Las principales tareas de la Unidad de Inteligencia Financiera consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones, que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los siguientes delitos previstos en el Código Penal Federal: Operaciones con recursos de procedencia ilícita (Artículo 400 bis); financiamiento al terrorismo (Artículo 139 quáter)

Su misión es contribuir exitosamente a la consecución de los fines del Estado Mexicano dirigidos a impedir la realización de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Hace unos días se anunció que Coahuila contará con una Unidad de Inteligencia Financiera –no somos los primeros, por ejemplo Tamaulipas y Jalisco ya cuentan con la suya– que operará, al menos así lo supongo, desde la Secretaría de Finanzas y la Fiscalía del Estado, con el objetivo primordial de combatir el lavado de dinero, el terrorismo y la corrupción, así como en el intercambio de información y documentación para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones relacionados con recursos de procedencia ilícita.

De hecho, la creación de esta unidad se dejó venir con fuerza, porque se han ido celebrando convenios entre los gobernadores del país y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP del Gobierno de la República, Santiago Nieto.

Al respecto, entiendo la importancia de las tareas que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera a nivel nacional, del papel que juega en la estrategia de seguridad que es de principal interés para las entidades, en la agenda y lucha contra la corrupción que como siempre lo ha dicho un servidor, es uno de los males más complejos y lacerantes que afecta nuestro país, sin embargo hay dudas respecto a su conformación, ¿en qué ley se va crear dicho organismo, o a poco primero dieron la nota y luego se va a adecuar el marco normativo?, ¿Quién va a nombrar al titular? Que dicho sea de paso todo parece indicar que la propuesta será el exalcalde lagunero Jorge Luis Morán, el mismo que en 2012 renunció al cargo frente a la Secretaría de Seguridad Publica, por no pasar los exámenes de confianza, además de que durante su ejercicio se le fugaron 131 reclusos del penal de Piedras Negras; ¿Qué atribuciones tendrá dicho organismo? Me refiero a las reales, en la práctica, ya que solo la SHCP, puede brindar y con ciertos requisitos, el secreto bancario, que es la clave para rastrear todo tipo de cuentas.

Una unidad local a mi entender, dependería en todo de la federal.

Me explico, la clave para rastrear empresas fantasma u operaciones con recursos de procedencia ilícita, es acceder a las cuentas bancarias, y eso solo lo puede hacer el fisco federal, y eso, con ciertas limitaciones según lo ha establecido la suprema corte de justicia. En teoría y como ha funcionado hasta ahora, la Fiscalía General del Estado, si desea rastrear recursos de este origen, se coordina con la Unidad de Inteligencia federal y solicita toda la información necesaria. Entonces, la pregunta sería, ¿es necesaria la creación de un nuevo organismo, que generará elevados costos? o simplemente el Gobierno federal busca, al igual como ocurrió con la creación del Sistema Anticorrupción, “legitimar” la lucha contra este mal, aunque no haya resultados. Solo el tiempo podrá respondernos, y no me gusta ser negativo, simplemente es que el que con leche se quema, hasta al jocoque le sopla.