Hace algunos meses presenté un punto de acuerdo en el Congreso de Coahuila para que el Gobierno estatal, a la brevedad posible, convocara a las instituciones bancarias acreedoras de los adeudos contraídos con motivo de la megadeuda que padece nuestra entidad, para el efecto de que se analizara la posibilidad y viabilidad de celebrar un convenio modificatorio o “adendum”, para que durante todo el periodo que dure la emergencia sanitaria y económica que está provocando en el país la pandemia del coronavirus, se omitieran los pagos de las mensualidades pactadas, así como sus respectivos intereses, sin penalidad o acumulación de dichas prestaciones, porque dadas las circunstancias actuales que padecemos los coahuilenses, este apoyo que se solicitó a la banca la verdad es que resulta necesario e indispensable para atemperar las graves condiciones que se nos avecinan. Dicha proposición fue aprobada en forma unánime por este Poder Legislativo.

Ahora, en fecha reciente, nos enteramos de que el Gobierno del Estado ha solicitado a las dos cámaras del Congreso de la Unión la suspensión o pausa temporal en el pago del servicio a la deuda coahuilense, y con ello estar en condiciones de contar con recursos para hacer frente a las prioridades más apremiantes que tenemos en el estado. En su comparecencia ante comisiones de este Poder Legislativo, el secretario de Finanzas Blas Flores, explicó los pormenores del acuerdo alcanzado con Banobras, y de las limitaciones que se enfrentan con la banca privada en relación con las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera. ¿Y qué dice la Ley de Disciplina Financiera?

Artículo 38.- Cuando el Estado en cuestión se ubique en un nivel de endeudamiento elevado, según el Sistema de Alertas previsto en el siguiente capítulo del presente título de esta Ley, el Congreso de la Unión, a través de una comisión legislativa bicameral, analizará la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas, planteada en los convenios a que hace referencia el presente capítulo. En estos casos, la comisión legislativa bicameral podrá emitir las observaciones que estime pertinentes en un plazo máximo de 15 días hábiles contados a partir de la recepción del proyecto de convenio, inclusive durante los periodos de receso del Congreso de la Unión.

La comisión legislativa bicameral que se establecerá para estos fines, deberá estar integrada por ocho miembros, cuatro de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República y cuatro de la Comisión de Hacienda y Crédito Público o de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. La presidencia de la comisión legislativa bicameral se ejercerá, de manera alternada, por un diputado y por un senador, con una periodicidad de un año.

Es momento de apoyar las medidas que, sin importar quién las proponga, sean benéficas para todas y todos los coahuilenses. Nuestro estado enfrentará enormes retos financieros en 2021, tanto los generados por la pandemia, como las graves afectaciones producidas por los recortes presupuestales insensibles e infames de la Presidencia de la República a nuestro erario. Por eso es importante tomar en cuenta que a mucha gente hoy en día, le sobra mes al final del sueldo.