Como se anunció en la semana, el exgobernador Jorge Torres fue extraditado a Estados Unidos después de nueve meses de la orden de extradición, por los delitos de fraude, asociación delictuosa y operaciones de procedencia ilícita por 2.7 millones de dólares.

Jorge Torres sustituyó a Humberto Moreira cuando este se separó del cargo para asumir la dirigencia nacional del PRI.

El problema radica en que ninguna autoridad nacional ni estatal se ha visto involucrada o colaboró en su momento con la detención de Torres en este caso, que dicho sea de paso tiene que ver con la ya mil veces mencionada y denunciada megadeuda de Coahuila.

Sin embargo hay varias dudas. ¿Por qué en EU si se busca hacer justicia y en Coahuilano?, ¿Por qué el Gobierno norteamericano hizo la tarea que le correspondería a Coahuila?

Para empezar, me parece un rotundo error haber “aventado la bolita” a la corte de Texas sin que Jorge Torres antes hubiese aclarado algo o aportado datos sobre la megadeuda que se perpetró en el sexenio de Humberto (con erario coahuilense), ya que seguramente él como gobernador interino tiene información valiosa con la que pudo dar a conocer el mecanismo que usaron para lavar el dinero en los EU y en Coahuila.

Aunque no todo está perdido en este sentido, con su declaración, desde Texas, se pudiera cerrar el cerco en torno a Humberto Moreira y otros exfuncionarios, lo que permitiría obtener toda esa información, que en Coahuila nunca interesó.

Este caso de la megadeuda es complejo y cínico. Es como si un día un familiar entra a mi casa a robar y para huir roba el vehículo de otra persona.

A quien le robaron el vehículo sí denuncia y por ende detienen al delincuente; cuando este es detenido se recupera el vehículo, junto con las pertenencias que me habían robado, pero para que me sean devueltas tengo que denunciar el robo también.

Si denuncio, la gente va a saber que fue un familiar y entonces el nombre de la familia se ensuciará y quizás hasta algunos familiares me confronten, por lo que opto por no denunciar y que se pierdan las pertenencias. ¡Que denuncie el del vehículo mejor!

Esto es lo que pasa en Coahuila, algunos dirán:

–“¡Que procuren justicia los agraviados porque lavaron dinero en su territorio con recursos de procedencia ilícita!”

–¡Nosotros así estamos bien! ¡Mientras menos ruido es mejor!

–¡Oye!, dirán otros.

–¡Pero se robaron 36 mil millones! ¿No quieres que sean devueltos?

–¡No! Para qué manchamos el nombre.

Pero la pregunta del millón sería ¿La Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General del Estado estarían dispuestas a colaborar e ir tras los funcionarios involucrados, incluyendo a Humberto, si Jorge Torres pone varios de estos nombres sobre la mesa?

Esperemos que sí, desde el Congreso hemos sido enfáticos y exigentes para con los encargados de procurar justicia en nuestro estado, y es que, no se ha visto voluntad por parte de las autoridades coahuilenses, no sé si la realidad sea tal cual la analogía que acabo de exponer, pero sin duda se asemeja.

Ya transcurrieron ocho largos años y en Coahuila ni un solo detenido por este fraude financiero –el más grande de la historia del estado–.

Algunos incluso han preferido aguantarse “como los machos” y decir que “aquí estamos bien”, “no necesitamos el dinero”, “se utilizó para obra pública”, con tal de no evidenciar los terribles actos de corrupción, sacrificando el crecimiento del Estado con tal de acallar a los más críticos
en el tema.

Por lo pronto es importante seguir presionando a las fiscalías del estado, evidenciar contradicciones y no perder paciencia, en cualquier momento la soga se romperá y veremos a los culpables tras las rejas.

Por lo pronto ahí esta Torres, no sé hasta qué grado involucrado, quizás él fue una víctima más de la perfidia de sus amigos. Ojalá y hable.


Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es Diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila