Mi compañera diputada Gabriela Garza presentó en la sesión de la Diputación Permanente de este pasado miércoles, un punto de acuerdo para exhortar al presidente López Obrador, al secretario de Hacienda, a la secretaria de Bienestar de la Federación y a la comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados, a que reformulen la distribución de recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social del Ramo 33. Explico por qué: históricamente Coahuila y sus municipios han tenido una alta dependencia de los recursos federales, bajo este principio se debe entender que los municipios y el Estado requieren de estos recursos para poder cumplir con operaciones que se reflejen en beneficios para los ciudadanos, y es que el fondo III del Ramo 33 (FAIS: Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social) tiene por objetivo el financiamiento de obras, acciones sociales e inversiones que beneficien directamente a la población que se encuentra en la extrema pobreza. Este fondo se divide en 2: en un 12.12 % que ejerce el ejecutivo estatal y un 88.88% que es ejercido por los municipios.

En términos generales, el año pasado los recursos destinados para este fondo representaron un monto de 83 mil 98 millones de pesos, para este año se incrementó un 3.21% alcanzando los 85 mil 768 millones de pesos. Respecto a lo que le corresponde a Coahuila, para el ejercicio fiscal 2020, tuvimos una reducción de 70 millones de pesos, es decir, en 2019 nos cayeron 805 millones 489 mil pesos y este año se etiquetaron 725 millones 606 mil pesos, en términos generales, entre la reducción del fondo y el no crecimiento a la par del mismo, significa un 13.13% menos, que en pesos son 105.8 millones de pesos. ¿Qué acaso el hecho de que Coahuila represente el 2.47% de la población del país, de que aportemos el 3.70% del producto interno bruto nacional, y del fondo del FAIS, no es motivo suficiente para que nuestro estado reciba más de un austero .97% del Fondo para estos rubros? Sin lugar a dudas, y coincido con lo que expuso de manera textual mi compañera diputada en su punto de acuerdo, “...consideramos que es una injusticia, porque el combate a la pobreza no cuesta solo mejorar dichos indicadores, si no, mantenerlos en niveles muy inferiores a la media nacional, por lo tanto, reducir estos apoyos van en detrimento de generar bienestar a los coahuilenses.

Es por ello que urge replantear el pacto federal y realizar un análisis formal, serio y actual, priorizando en la valoración de la continuidad de la coordinación fiscal, en los nuevos términos de ejecución de la actual Administración federal, con reglas claras de equidad y justicia, privilegiando el manejo solidario y subsidiario, para fortalecer de forma equitativa la distribución de importantes recursos.

Por otro lado, en la misma sesión mi compañera María Eugenia Cázares presentó un igual de importante punto de acuerdo, aunque de consecuencias totalmente distintas y enfocadas al manejo financiero estatal. Resulta que durante las discusiones para elaborar el Presupuesto 2020, no se nos informó a los legisladores de los créditos a corto plazo contratados durante noviembre y diciembre del 2019, y por supuesto que desconocemos los motivos por los que se tuvo que recurrir a dichos préstamos y por obvias razones el destino de estos recursos; ojo, la ley permite al Ejecutivo estatal disponer de este tipo de créditos para hacerle frente a alguna emergencia financiera con tal de que se liquiden en los 12 meses siguientes. Sin embargo, me parece que se abusa de esta situación, o bien, se le pudiera dar manejo distinto, para explicarme mejor. Tanto la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, establecen que la información pública de oficio debe actualizarse una vez al mes y que se deberá tener un registro congruente y ordenado de cada operación, en tiempo real, además de que serán materia de registro y valuación las provisiones que se constituyan para hacer frente a los pasivos de cualesquier naturaleza, con independencia de que estos sean clasificados como deuda pública.

En este sentido, así lo expresa el punto de acuerdo, se destaca que el Informe de Deuda correspondiente al mes de noviembre del 2019 fue presentado hasta enero y no en diciembre como por ley debería ser. Posteriormente el 6 de noviembre se firmó otro contrato para solicitar un crédito a corto plazo que no se dio a conocer, siendo que 24 días después, el secretario de Finanzas estuvo ante el Congreso entregando el paquete económico del Ejecutivo estatal y, por último -a pesar de que mi compañera diputada María Eugenia Cázares preguntó si habría más créditos, siendo la respuesta NO-, sí se solicitó un nuevo crédito el día 3 de diciembre, pero como no se informó ni se puso en conocimiento del Poder Legislativo, la cantidad para pagar este último crédito a un año, que es de mil millones, no se consideró dentro del Presupuesto de Egresos. De esto se deriva el siguiente análisis.

Efectivamente la ley permite a los ejecutivos estatales recurrir a este tipo de créditos, que dicho sea de paso, no tienen nada malo, lo que me parece que se pudiera evitar a toda costa es la polarización de este tipo de asuntos, que quizás, tienen un fin legítimo financieramente hablando, como el de hacerle frente a una momentánea falta de liquidez, a pagar proveedores o cualquier otra situación que la emergencia lo amerita. A lo que voy es que en tiempos modernos la discrecionalidad se antoja un acto por demás vulgar y que da pie a pensar en lo peor. Un servidor, advirtiendo este tipo de escenarios, presentó el año pasado una reforma al Artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, para obligar a los ejecutivos a Informar a las legislaturas los motivos que generaron la falta de liquidez y los rubros o necesidades que serán cubiertas con el crédito a corto plazo solicitado, consciente estoy que tratándose de una reforma a una Ley General, el camino suele ser un poco largo, se debe aprobar por la Legislatura local, para enviarla al Congreso de la Unión y entonces sí que siga su curso legislativo normal. Pero créanme, esta reforma evitaría la discrecionalidad y el hecho de transparentar, legitimaría a los gobiernos sus acciones financieras y se evitaría grandes críticas, que dicho sea de paso, están perfectamente bien justificadas.

Así pues, dos buenos temas en la sesión a los que habrá de dar seguimiento, porque cada uno en el ámbito de su importancia, ayudarán a construir un mejor Coahuila.