La principal arma que tiene un Poder Legislativo es la posibilidad de que lo que ocurre dentro del Congreso se convierte en una caja de resonancia que retumba en un estado o país. En ocasiones, suele haber confusión respecto a las verdaderas funciones del legislador que como su nombre lo dice “legisla”, es decir hace leyes, las modifica o las abroga.

Sin embargo, su función fiscalizadora y el uso de la voz para criticar o denunciar irregularidades tienen un gran peso, y más cuando existe pluralidad al interior de la confirmación de un Congreso.

Hace unos días la Fiscalía Anticorrupción dio a conocer que existía orden de aprensión contra el secretario general de la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), José Luis Ponce Grimaldo, y de la secretaria de Finanzas, Maricela Soledad Cota González, para que estos respondieran por los delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones, relacionados con un fraude por 55 millones de pesos al fondo de ahorro de los trabajadores.

Dicho sea de paso, en Coahuila el peculado se castiga hasta con ocho años de cárcel y el ejercicio indebido de funciones hasta con cinco. La investigación fue iniciada con base en una denuncia penal interpuesta por profesores afectados y otra de la Auditoría Superior del Estado (ASE). Por supuesto que esto prendió el ánimo y hubo varios pronunciamientos exigiendo la misma justicia con el caso de la Sección 38.

Y precisamente ayer salió a la luz que la Sección 38 del SNTE se encontraba bajo investigación de la ASE y que cuenta con 16 denuncias penales y un monto de mil 300 millones de pesos en irregularidades detectadas. El auditor superior, Armando Plata Sandoval, incluso señaló que las denuncias se dividen en cinco diferentes fondos, que corresponden cuatro al Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación, otras cuatro al Seguro de los Trabajadores de la Educación, tres a la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación, cuatro denuncias más contra el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, y la última contra el Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración para el Programa de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Coahuila.

A lo que voy es que efectivamente la presión que hemos hecho los propios diputados y por supuesto los ciudadanos en general, los partidos y ¡claro! los profesores, cuentan. No podemos alzar las campanas al vuelo, ambos temas sin restarles importancia, son un pequeño dulce comparado a los principales actos de corrupción que hemos vivido en nuestro estado –ustedes saben cuáles–.

Por ellos repito, los diputados no quitaremos el dedo del renglón de estos temas, porque en un estado cada vez más plural, la presión funciona.

¡Es cuánto!

*Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.