Durante mucho tiempo he estudiado el fenómeno de la corrupción no solo en Coahuila, sino en el país, a fin de encontrar mecanismos que nos permitan tener una función pública más limpia y al servicio de la gente, no del propio.

Me parece que no se trata de un solo eslabón, sino de varios que deben funcionar a la par, si un eslabón falla, entonces todo el sistema falla. Uno de esos eslabones son las contralorías, ya sea municipales o la propia del estado.

Lo he mencionado en este espacio, hay leyes corruptas que dan forma a figuras descafeinadas con atribuciones muy controladas y escasas que tienen como objetivo lograr “que no se metan en lo que no les importa” para mantenerlos solo como un ente que existe, pero que no actúa demasiado.

Y me parece que la figura de contralor es el caso, si bien existe, no funciona como debería.

Es por ello que a fin de crear contralorías de “a de veras” he presentado en el Congreso del Estado algunas reformas para dotarlas de una “buena dentadura” que les permita llevar más allá una investigación contra algún acto de nepotismo o conflicto de interés.

Comencemos. Con la finalidad de que el deber del contralor municipal vigile en tiempo real los conflictos de interés en las contrataciones y servicios del municipio, así como en lo referente al nepotismo, o contratación indebida de familiares, quiero retomar algunos datos de interés:

“Se configura el acto de nepotismo cuando un funcionario, utilizando sus atribuciones y poder, favorece indebidamente a un familiar consanguíneo o por afinidad en la asignación de un empleo, cargo o comisión bajo su mando, dirección o responsabilidad. También, cuando favorece a familiares o socios de negocios con las asignación de contratos de obra o servicios”.

Si bien la prohibición de actuar con nepotismo se encuentra implícita y no explicita en las regulaciones del artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es útil recordar que en todas las leyes antes llamadas de responsabilidades de los servidores públicos; sí se encontraba claramente regulado el nepotismo.

Y a pesar que no se encuentre de manera directa la figura de nepotismo, si actuar con transparencia forma parte de principios elementales de la Administración Pública, que guardan relación con la imparcialidad y honradez con las que debe conducirse todo servidor público.

Si bien no existe, como ya lo mencionamos una regulación expresa en relación al nepotismo en el ámbito federal, ni en el local, la autoridad reconoce que es algo implícito y forma parte en su sentido amplio, del llamado conflicto de intereses.

En la Administración Federal diversas dependencias han emitido manuales o lineamientos para regular tanto el conflicto de interés en las contrataciones y adquisiciones, como en la contratación de personal.

En los hechos, todos hemos visto cómo el nepotismo o contratación indebida de personas sigue siendo una constante en la Administración Pública Federal y local, como en los organismos públicos autónomos, descentralizados, centralizados, y en los poderes públicos. Sobrinas de senadores, hijas de jueces, incluso hijos, hermanos, todos contratados por sus familiares, abusando estos de sus cargos.

En primera instancia, es deber de las llamadas contralorías o secretarías de la función pública, el regular y supervisar este tipo de ilícitos. Y para ello, deben expedir protocolos, manuales, acuerdos o lineamientos, documentos normativos de carácter administrativo que tienen por finalidad establecer las bases, los conceptos, la metodología y las formas y requisitos para cumplir con el deber final: detectar y sancionar las conductas en cuestión y a sus responsables.

Por ello hace algunos meses presenté la primera de dos reformas que buscan combatir el nepotismo y conflicto de interés dentro de la Administración Pública, reforzando las atribuciones de la Contraloría, dándole un carácter más investigador, pero la obligatoriedad de comparecer ante el Cabildo una vez al mes.

El objetivo de esto es que la Contraloría no tenga excusas cuando de rendir cuentas se trate, pero además se le dé la posibilidad de ir más allá cuando de investigar a un aspirante a determinado cargo o proveeduría se trate.

También, en la sesión del miércoles, con el objeto de reforzar el combate a esta práctica, presenté una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila para establecer y conducir la política general de las contrataciones públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Con esto buscamos propiciar las mejores condiciones de contratación conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez; emitir las normas, lineamientos, manuales, procedimientos y demás instrumentos análogos que se requieran en materia de dichas contrataciones públicas, y en relación con los servidores públicos que intervengan o participen indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier servidor público, cuando tengan interés personal, familiar o de negocios.

Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es Diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.