hace 4 años
[Estados]
Vivir sin drenaje, lo peor
Sin drenaje, ya no puedes usar el sanitario, bañarte ni verter nada
Foto: Zócalo | Especial
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Puebla.- Que te corten el agua potable puede ser un suplicio, pero que te suspendan el drenaje es lo peor de lo peor: es insalubre, inhumano, doloroso, humillante, afirma Gloria Islas Toxqui.
La mujer de la tercera edad recuerda, aún con angustia, el día que trabajadores de la empresa Concesiones Integrales (CI) llegaron para romper el pavimento frente a su domicilio. Con ladrillos y cemento taponearon la tubería que conecta su casa con la red del drenaje municipal.
De nada sirvió que suplicara consideración porque padece diabetes, hipertensión y problemas pulmonares, y además porque cuidaba a su nieta de cinco años de edad.
Si te cortan el agua, explica, puedes comprar una pipa o traer el líquido de otro lado; pero sin drenaje, ya no puedes usar el sanitario, bañarte ni verter nada, porque la tubería se satura y las aguas residuales –con excremento y orina– empiezan a retornarse por los desagües de la casa o por la atarjea en la calle, lo que genera conflictos con los vecinos y sobre todo... la vergüenza.
Gloria cuenta que meses antes ya le habían suspendido el servicio de agua porque desde 2017 la empresa le requirió pagar más de 50 mil pesos y con los años, la cuenta aumentó a 150 mil.
“No es que no quiera pagar”, aclara, “no soy una persona incumplida, pero ¿esa cantidad? ¿pues de dónde?”.
Omar Jiménez, integrante de la Asamblea Social del Agua (ASA), refiere que el caso de Gloria Islas Toxqui fue uno de los primeros amparos ganados por la organización.
Señala que la ASA ha obtenido más de 500 suspensiones a favor de usuarios, donde se ha obligado a la empresa a reconectar los servicios porque se ha probado que ésta asume atribuciones coactivas que la Ley Nacional de Aguas sólo le confiere al Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPAP).
Pero también porque Puebla es de las únicas partes del país, asegura, donde además de cortes totales de agua, se permite la obstrucción del drenaje para obligar a los usuarios morosos, lo que violenta el artículo 4 constitucional, que protege el derecho humano al acceso al agua y al saneamiento.
La ASA documentó que, de mayo de 2014 a junio de 2019, la empresa ejecutó 45 mil cortes de agua y/o drenaje.
En marzo pasado, el Congreso local, donde Morena es mayoría, aprobó una reforma que supuestamente favorece a los usuarios, pues decreta que los cortes sólo procederán cuando el consumo exceda los 15 mil metros cúbicos.
Sin embargo, Jiménez considera que esta reforma valida a la empresa, pues más de 50% de los usuarios de Puebla no cuentan con medidor. Además, indica que la organización ha documentado cobros de hasta 1 millón de pesos por el servicio, sin que la empresa justifique esos adeudos.
Aún en la pandemia, los cortes se han mantenido. Jiménez menciona que incluso Agua de Puebla ha contratado en estos tiempos despachos de cobranza.
En marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que el sistema tarifario que aplica la concesionaria es inconstitucional, pues se basa en parámetros mercantilistas que se actualizan mes con mes de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, al salario mínimo y al precio kilowatt/hora que paga la empresa.
Proceso pidió a la concesionaria Agua de Puebla para Todos una postura sobre todos estos señalamientos, pero la empresa no respondió a las preguntas que se le plantearon.
La mujer de la tercera edad recuerda, aún con angustia, el día que trabajadores de la empresa Concesiones Integrales (CI) llegaron para romper el pavimento frente a su domicilio. Con ladrillos y cemento taponearon la tubería que conecta su casa con la red del drenaje municipal.
De nada sirvió que suplicara consideración porque padece diabetes, hipertensión y problemas pulmonares, y además porque cuidaba a su nieta de cinco años de edad.
Si te cortan el agua, explica, puedes comprar una pipa o traer el líquido de otro lado; pero sin drenaje, ya no puedes usar el sanitario, bañarte ni verter nada, porque la tubería se satura y las aguas residuales –con excremento y orina– empiezan a retornarse por los desagües de la casa o por la atarjea en la calle, lo que genera conflictos con los vecinos y sobre todo... la vergüenza.
Gloria cuenta que meses antes ya le habían suspendido el servicio de agua porque desde 2017 la empresa le requirió pagar más de 50 mil pesos y con los años, la cuenta aumentó a 150 mil.
“No es que no quiera pagar”, aclara, “no soy una persona incumplida, pero ¿esa cantidad? ¿pues de dónde?”.
Omar Jiménez, integrante de la Asamblea Social del Agua (ASA), refiere que el caso de Gloria Islas Toxqui fue uno de los primeros amparos ganados por la organización.
Señala que la ASA ha obtenido más de 500 suspensiones a favor de usuarios, donde se ha obligado a la empresa a reconectar los servicios porque se ha probado que ésta asume atribuciones coactivas que la Ley Nacional de Aguas sólo le confiere al Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPAP).
Pero también porque Puebla es de las únicas partes del país, asegura, donde además de cortes totales de agua, se permite la obstrucción del drenaje para obligar a los usuarios morosos, lo que violenta el artículo 4 constitucional, que protege el derecho humano al acceso al agua y al saneamiento.
La ASA documentó que, de mayo de 2014 a junio de 2019, la empresa ejecutó 45 mil cortes de agua y/o drenaje.
En marzo pasado, el Congreso local, donde Morena es mayoría, aprobó una reforma que supuestamente favorece a los usuarios, pues decreta que los cortes sólo procederán cuando el consumo exceda los 15 mil metros cúbicos.
Sin embargo, Jiménez considera que esta reforma valida a la empresa, pues más de 50% de los usuarios de Puebla no cuentan con medidor. Además, indica que la organización ha documentado cobros de hasta 1 millón de pesos por el servicio, sin que la empresa justifique esos adeudos.
Aún en la pandemia, los cortes se han mantenido. Jiménez menciona que incluso Agua de Puebla ha contratado en estos tiempos despachos de cobranza.
En marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que el sistema tarifario que aplica la concesionaria es inconstitucional, pues se basa en parámetros mercantilistas que se actualizan mes con mes de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, al salario mínimo y al precio kilowatt/hora que paga la empresa.
Proceso pidió a la concesionaria Agua de Puebla para Todos una postura sobre todos estos señalamientos, pero la empresa no respondió a las preguntas que se le plantearon.
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