hace 3 años
[Nacional]
Vinculan a proceso y prisión preventiva a la activista Kenia Hernández
Autoridades le aplican la medida porque sus protestas 'incomodan' a funcionarios y particulares
Foto: Zócalo | Especial
Escuchar Nota
Ciudad de México.- La activista Kenia Hernández fue vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de ataques a las vías generales de comunicación y, pese a que este ilícito no amerita prisión preventiva oficiosa, la medida le fue dictada porque sus manifestaciones “incomodan” a funcionarios y particulares, señaló su defensa.
José Antonio Lara, abogado de la defensora, anticipó que el auto de vinculación será combatido mediante amparo indirecto, aunque la lucha legal se puede anticipar larga “porque la autoridad está decidida a violar leyes, procedimientos y criterios internacionales de mínima intervención” para volverla un ejemplo de reprimenda a la movilización social.
Pese a que el delito de ataques a las vías de comunicación no amerita prisión preventiva justificada, Lara Duque explicó que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como el Poder Judicial Federal arguyen que la medida es necesaria porque Hernández Montalván se manifiesta en todos lados y, con ello, incomoda a particulares y funcionarios, pues tiende a manifestarse en “pandilla”, acompañada por más de tres personas.
El defensor indicó que ambas instituciones aseguran que Kenia Inés no se puede juzgar bajo perspectiva de género porque ésta aplica para mujeres sumisas, vulnerables, que no saben defenderse, mientras la activista es todo lo contrario.
Ambas instancias, señaló, se negaron a atender el llamado de mínima intervención realizado días atrás por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en este caso, pues aseguraron que el pronunciamiento sólo aplica para las autoridades mexiquenses.
Adicionalmente, el 30 de octubre pasado a Kenia Hernández le fue suspendido el mecanismo de protección a que se encontraba sujeta desde 2019 por las amenazas que recibió, bajo el argumento de que primero debe sanear su situación jurídica.
El además integrante del CDHZL indicó que en el penal federal 16 de Morelos la activista se encuentra sometida a aislamiento total, todo un pabellón fue desalojado para que no tenga interacción; tampoco tiene comunicación personal, su actividad se encuentra limitada a la lectura de libros, y en el área en que está apenas puede desplazarse 130 pasos.
Antonio Lara expuso que la persecución y criminalización de la defensora ponen en riesgo la libertad e integridad de Kenia, pero además la libertad de expresión y manifestación de quienes recurren a la protesta pública como ejercicio válido para hacer valer sus derechos y que se atiendan las exigencias sociales. “La quieren doblegar y escarmentar para inhibir y desactivar las acciones de protesta”, señaló.
Por tanto, realizó un enérgico llamado a la CNDH para que se pronuncie por la libertad de Kenia, e indicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya generó el expediente MC-1013-20 bajo el criterio de que la prisión preventiva viola la presunción de inocencia.
Por su parte, Yaneli Fuentes, vocera del colectivo Zapata Vive; Ubaldo Segura, integrante de la dirección política del Frente Popular de la Montaña de Guerrero; y Wilfrido Hernández, integrante de la dirección de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, señalaron que, a pesar de su discurso, la Cuarta Transformación salvaguarda en primer lugar los derechos económicos de los grandes empresarios y deja de lado la defensa de los derechos humanos de los más pobres, además de reprimir la protesta social.
Denunciaron la puesta en marcha de una campaña de desprestigio en contra de Hernández Montalván, apoyada por detractores “posiblemente impulsados por la mano oficial”, responsabilizaron a la administración federal de la persecución, y testificaron que la además abogada ha asesorado y acompañado luchas indígenas, feministas, de familiares de víctimas de feminicidio, por la defensa de los presos políticos, por la defensa del territorio y ambientalistas.
Yaneli Fuentes, quien además estuvo presente en el desalojo violento del plantón a las afueras de la FGR en demanda de la liberación de Kenia, refirió que en el operativo participaron alrededor de 500 policías, las casas de campaña fueron destruidas con navajas, hubo golpes contra los inconformes y despojo de pertenencias –incluidos teléfonos celulares-, sin importar la presencia de menores de 10 años de edad y un bebé de 9 meses.
Finalmente, anticipó que el colectivo se está reorganizando para continuar la lucha, en el entendido de que no puede descartar acciones más radicales contra el movimiento.
Contra Kenia Hernández al menos se han abierto seis carpetas de investigación: cuatro federales y dos del fuero común en el Estado de México, al decir de su defensa.
José Antonio Lara, abogado de la defensora, anticipó que el auto de vinculación será combatido mediante amparo indirecto, aunque la lucha legal se puede anticipar larga “porque la autoridad está decidida a violar leyes, procedimientos y criterios internacionales de mínima intervención” para volverla un ejemplo de reprimenda a la movilización social.
Pese a que el delito de ataques a las vías de comunicación no amerita prisión preventiva justificada, Lara Duque explicó que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como el Poder Judicial Federal arguyen que la medida es necesaria porque Hernández Montalván se manifiesta en todos lados y, con ello, incomoda a particulares y funcionarios, pues tiende a manifestarse en “pandilla”, acompañada por más de tres personas.
El defensor indicó que ambas instituciones aseguran que Kenia Inés no se puede juzgar bajo perspectiva de género porque ésta aplica para mujeres sumisas, vulnerables, que no saben defenderse, mientras la activista es todo lo contrario.
Ambas instancias, señaló, se negaron a atender el llamado de mínima intervención realizado días atrás por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en este caso, pues aseguraron que el pronunciamiento sólo aplica para las autoridades mexiquenses.
Adicionalmente, el 30 de octubre pasado a Kenia Hernández le fue suspendido el mecanismo de protección a que se encontraba sujeta desde 2019 por las amenazas que recibió, bajo el argumento de que primero debe sanear su situación jurídica.
El además integrante del CDHZL indicó que en el penal federal 16 de Morelos la activista se encuentra sometida a aislamiento total, todo un pabellón fue desalojado para que no tenga interacción; tampoco tiene comunicación personal, su actividad se encuentra limitada a la lectura de libros, y en el área en que está apenas puede desplazarse 130 pasos.
Antonio Lara expuso que la persecución y criminalización de la defensora ponen en riesgo la libertad e integridad de Kenia, pero además la libertad de expresión y manifestación de quienes recurren a la protesta pública como ejercicio válido para hacer valer sus derechos y que se atiendan las exigencias sociales. “La quieren doblegar y escarmentar para inhibir y desactivar las acciones de protesta”, señaló.
Por tanto, realizó un enérgico llamado a la CNDH para que se pronuncie por la libertad de Kenia, e indicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya generó el expediente MC-1013-20 bajo el criterio de que la prisión preventiva viola la presunción de inocencia.
Por su parte, Yaneli Fuentes, vocera del colectivo Zapata Vive; Ubaldo Segura, integrante de la dirección política del Frente Popular de la Montaña de Guerrero; y Wilfrido Hernández, integrante de la dirección de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, señalaron que, a pesar de su discurso, la Cuarta Transformación salvaguarda en primer lugar los derechos económicos de los grandes empresarios y deja de lado la defensa de los derechos humanos de los más pobres, además de reprimir la protesta social.
Denunciaron la puesta en marcha de una campaña de desprestigio en contra de Hernández Montalván, apoyada por detractores “posiblemente impulsados por la mano oficial”, responsabilizaron a la administración federal de la persecución, y testificaron que la además abogada ha asesorado y acompañado luchas indígenas, feministas, de familiares de víctimas de feminicidio, por la defensa de los presos políticos, por la defensa del territorio y ambientalistas.
Yaneli Fuentes, quien además estuvo presente en el desalojo violento del plantón a las afueras de la FGR en demanda de la liberación de Kenia, refirió que en el operativo participaron alrededor de 500 policías, las casas de campaña fueron destruidas con navajas, hubo golpes contra los inconformes y despojo de pertenencias –incluidos teléfonos celulares-, sin importar la presencia de menores de 10 años de edad y un bebé de 9 meses.
Finalmente, anticipó que el colectivo se está reorganizando para continuar la lucha, en el entendido de que no puede descartar acciones más radicales contra el movimiento.
Contra Kenia Hernández al menos se han abierto seis carpetas de investigación: cuatro federales y dos del fuero común en el Estado de México, al decir de su defensa.
te puede interesar
similares
