hace 3 años
[Estados]
San Pedro Tlanixco: un conflicto que destrozó la vida de 8 campesinos
Los campesinos participaban con diferentes intensidades y responsabilidades en la defensa del agua
Foto: Zócalo | Especial
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Ciudad de México.- La muerte en 2003 de un acaudalado floricultor cambió la historia de Tlanixco. Del fallecimiento se responsabilizó a ocho activistas defensores del agua; seis de ellos fueron sentenciados a penas que alcanzaban hasta medio siglo. Otros dos estuvieron huyendo. Las vidas de los ocho quedaron desgarradas, su patrimonio fue convertido en deudas y sus proyectos, deshechos.
Pedro Sánchez Berriozábal pensó en arrojarse al paso del camión que abastecía de alimentos al penal.
Su hermano Lorenzo decidió esconderse de su madre cuando tocaba visita familiar. La señora había advertido que no soportaría que sus dos hijos estuvieran en la cárcel. Le mintió. Pedro le dijo que había huido a Estados Unidos.
A Teófilo Pérez González le pasó que mientras limpiaba y daba de comer a unos cerdos, le inventaron que estuvo al pie de una barranca donde un poderoso empresario murió.
Con Rómulo Arias Mireles pasó algo similar. Mecánico, había llevado a rectificar el motor de una camioneta cuando el adinerado floricultor fallecía en el fondo de un despeñadero.
Marco Antonio Pérez González pasaba mucho tiempo fuera de su pueblo. Ir al bautizo de su hijo le costó el encierro.
Dominga González Martínez cuidaba la iglesia del pueblo cuando el empresario perdió la vida. En su ingreso a la prisión la destinaron al pabellón de las “psiquiátricas”.
Las historias de Rey Pérez González y Santos Alejandro Álvarez Zetina son parte de otro drama. Ambos evitaron la cárcel, pero conocieron otro tipo de prisión: la de prófugos. Rey era el principal objetivo de las autoridades mexiquenses y Santos pasó a culpable cuando su hermano Benito, sobre el que iban los judiciales, demostró que había estado fuera del pueblo el día en que perdió la vida el empresario.
Historia de una injusticia en Tlanixco
Estos ocho indígenas de San Pedro Tlanixco –pueblo nahua del municipio de Tenango del Valle, a unos 40 minutos de Toluca–, participaban con diferentes intensidades y responsabilidades en la defensa del agua.
El conflicto se había iniciado en los ochenta, cuando en el municipio vecino de Villa Guerrero se instalaron varias empresas floricultoras que generaron una demanda creciente del agua que surte el río Texcaltenco, que atraviesa desde la parte más alta el poblado de Tlanixco.
En 2002 el problema se agravó cuando la Comisión Nacional del Agua anuló la concesión de la que gozaba la comunidad náhuatl y se la entregó a los empresarios floricultores de Villa Guerrero para su uso con fines comerciales.
La situación se fue complicando al grado de que los empresarios interpusieron denuncias penales federales contra representantes de la comunidad indígena que defendía su derecho al agua.
En el centro del conflicto estaba el negocio de los sembradíos de flor que deja ganancias de alrededor de mil 600 millones de pesos anuales, de acuerdo con estimaciones del abogado Antonio Lara, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
Pedro Sánchez Berriozábal pensó en arrojarse al paso del camión que abastecía de alimentos al penal.
Su hermano Lorenzo decidió esconderse de su madre cuando tocaba visita familiar. La señora había advertido que no soportaría que sus dos hijos estuvieran en la cárcel. Le mintió. Pedro le dijo que había huido a Estados Unidos.
A Teófilo Pérez González le pasó que mientras limpiaba y daba de comer a unos cerdos, le inventaron que estuvo al pie de una barranca donde un poderoso empresario murió.
Con Rómulo Arias Mireles pasó algo similar. Mecánico, había llevado a rectificar el motor de una camioneta cuando el adinerado floricultor fallecía en el fondo de un despeñadero.
Marco Antonio Pérez González pasaba mucho tiempo fuera de su pueblo. Ir al bautizo de su hijo le costó el encierro.
Dominga González Martínez cuidaba la iglesia del pueblo cuando el empresario perdió la vida. En su ingreso a la prisión la destinaron al pabellón de las “psiquiátricas”.
Las historias de Rey Pérez González y Santos Alejandro Álvarez Zetina son parte de otro drama. Ambos evitaron la cárcel, pero conocieron otro tipo de prisión: la de prófugos. Rey era el principal objetivo de las autoridades mexiquenses y Santos pasó a culpable cuando su hermano Benito, sobre el que iban los judiciales, demostró que había estado fuera del pueblo el día en que perdió la vida el empresario.
Historia de una injusticia en Tlanixco
Estos ocho indígenas de San Pedro Tlanixco –pueblo nahua del municipio de Tenango del Valle, a unos 40 minutos de Toluca–, participaban con diferentes intensidades y responsabilidades en la defensa del agua.
El conflicto se había iniciado en los ochenta, cuando en el municipio vecino de Villa Guerrero se instalaron varias empresas floricultoras que generaron una demanda creciente del agua que surte el río Texcaltenco, que atraviesa desde la parte más alta el poblado de Tlanixco.
En 2002 el problema se agravó cuando la Comisión Nacional del Agua anuló la concesión de la que gozaba la comunidad náhuatl y se la entregó a los empresarios floricultores de Villa Guerrero para su uso con fines comerciales.
La situación se fue complicando al grado de que los empresarios interpusieron denuncias penales federales contra representantes de la comunidad indígena que defendía su derecho al agua.
En el centro del conflicto estaba el negocio de los sembradíos de flor que deja ganancias de alrededor de mil 600 millones de pesos anuales, de acuerdo con estimaciones del abogado Antonio Lara, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
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