hace 3 años
[Nacional]
México, en riesgo de contraer el virus de las consultas
El país vive un momento de confusión en su vida institucional
Foto: Especial
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Ciudad de México.- Para el constitucionalista Diego Valadés Ríos, México vive un momento de confusión en su vida institucional, que implica riesgos de generalizar un sistema plebiscitario por encima del andamiaje representativo, causando desconcierto por aparentes contradicciones, lo que podría afectar la confianza de la sociedad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El jurista advierte sobre la necesidad de ser tranquilos respecto de la decisión asumida por la Corte el jueves 1 por la procedencia de una consulta popular solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
Y sin embargo, en entrevista con Proceso el viernes 2, expone los motivos del desconcierto, las dudas sobre la discusión sostenida la víspera por los ministros, los riesgos que observa en el episodio y, de manera destacada, su preocupación por la imagen del máximo tribunal constitucional.
Para el entrevistado, el principal riesgo radica en que los hechos y aún las emociones políticas sometan al órgano constitucional generalizando las consultas en las entidades federativas.
Doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, exprocurador capitalino y general de la República, así como exministro de la SCJN, Valadés Ríos explica:
Agrega: “Si nos vamos a un sistema plebiscitario generalizado, lo que podemos calcular es que la desestructuración institucional del país se dará en unos años. Esa es una de las posibles consecuencias en la decisión (de la SCJN). Esto acentuaría las características caciquiles con las que son gobernados los estados, pues la preminencia de los gobernadores con relación al aparato institucional –algo que arrastramos desde el siglo XIX– es notable”.
Contradicciones
El 15 de septiembre último el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó la consulta popular para que, mediante ésta, se decidiera si se debía investigar, imputar y enjuiciar a los políticos mencionados; se trata de una acción anunciada el primer día de su gobierno.
En las semanas previas al 15 de septiembre el mandatario promovió que la petición fuera mediante la recolección de firmas ciudadanas, aunque finalmente el 30 de agosto anunció que, en caso de que éstas no se completaran, él haría la petición. Y cumplió.
El procedimiento se realizó con premura: los ciudadanos tuvieron dos semanas para conseguir las firmas y la SCJN debió resolver su constitucionaldiad en las dos semanas siguientes, de ahí que, mientras la recolección de firmas se realizaba principalmente por simpatizantes lopezobradoristas, el presidente López Obrador decidió hacer el pedimento conforme a su facultad legal.
El jueves 1, la Suprema Corte resolvió —con una votación dividida— aceptar la constitucionalidad de la consulta, pero modificó la pregunta planteada por el presidente. El proyecto quedó a cargo del ministro Luis María Aguilar por declarar la inconstitucionalidad de la consulta que contó con los votos de los ministros José Fernando Franco González, Jorge Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña y Javier Láynez Potisek.
En tanto, contra el proyecto (es decir, en favor de la constitucionalidad de la petición presidencial) votaron Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Yasmín Esquivel Mossa, Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán. El voto decisivo fue el del ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
La discusión y su resultado se aprecia desconcertante para Diego Valadés. Primero, porque la Corte resuelve la constitucionalidad de una consulta planteada por el presidente de la República, pero a continuación la propia Corte replantea la pregunta y, con eso, reitera la constitucionalidad, lo que pareciera una contradicción.
Al abundar sobre eso, el constitucionalista observa que la Corte declaró constitucional una consulta referida a investigar delitos o bien una serie de posibles delitos, sancionar a quienes los habrían cometido y restringe la investigación a 30 años con relación en los cinco expresidentes. Luego, la misma Corte determina que se deben realizar acciones pertinentes y reformula la pregunta de manera ambigua.
Posteriormente —continúa Valadés Ríos—, el máximo tribunal del país instruye emprender un proceso de esclarecimiento, pero no dice de qué; además, elimina la limitante de cinco expresidentes y el periodo de 30 años, modificando el planteamiento a “decisiones políticas”, un concepto que no tiene precedentes en el sistema constitucional mexicano, y referido a “los años pasados”, es decir, por la amplitud de la expresión, todos los años.
El jurista advierte sobre la necesidad de ser tranquilos respecto de la decisión asumida por la Corte el jueves 1 por la procedencia de una consulta popular solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
“Hay que examinarlo con mucha serenidad, es un momento en el que todos debemos mantener la ecuanimidad porque el país está en vías de crispación”, dice antes de emitir cualquier otra opinión.
Y sin embargo, en entrevista con Proceso el viernes 2, expone los motivos del desconcierto, las dudas sobre la discusión sostenida la víspera por los ministros, los riesgos que observa en el episodio y, de manera destacada, su preocupación por la imagen del máximo tribunal constitucional.
Para el entrevistado, el principal riesgo radica en que los hechos y aún las emociones políticas sometan al órgano constitucional generalizando las consultas en las entidades federativas.
Doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, exprocurador capitalino y general de la República, así como exministro de la SCJN, Valadés Ríos explica:
“Si las decisiones políticas son objeto de consulta popular, corremos el riesgo de que se generalice en el país y, en un momento determinado, los gobernadores comiencen a gobernar con fundamento en consultas plebiscitarias ignorando, por lo tanto, al sistema representativo y jurisdiccional en sus estados.”
Agrega: “Si nos vamos a un sistema plebiscitario generalizado, lo que podemos calcular es que la desestructuración institucional del país se dará en unos años. Esa es una de las posibles consecuencias en la decisión (de la SCJN). Esto acentuaría las características caciquiles con las que son gobernados los estados, pues la preminencia de los gobernadores con relación al aparato institucional –algo que arrastramos desde el siglo XIX– es notable”.
Contradicciones
El 15 de septiembre último el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó la consulta popular para que, mediante ésta, se decidiera si se debía investigar, imputar y enjuiciar a los políticos mencionados; se trata de una acción anunciada el primer día de su gobierno.
En las semanas previas al 15 de septiembre el mandatario promovió que la petición fuera mediante la recolección de firmas ciudadanas, aunque finalmente el 30 de agosto anunció que, en caso de que éstas no se completaran, él haría la petición. Y cumplió.
El procedimiento se realizó con premura: los ciudadanos tuvieron dos semanas para conseguir las firmas y la SCJN debió resolver su constitucionaldiad en las dos semanas siguientes, de ahí que, mientras la recolección de firmas se realizaba principalmente por simpatizantes lopezobradoristas, el presidente López Obrador decidió hacer el pedimento conforme a su facultad legal.
El jueves 1, la Suprema Corte resolvió —con una votación dividida— aceptar la constitucionalidad de la consulta, pero modificó la pregunta planteada por el presidente. El proyecto quedó a cargo del ministro Luis María Aguilar por declarar la inconstitucionalidad de la consulta que contó con los votos de los ministros José Fernando Franco González, Jorge Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña y Javier Láynez Potisek.
En tanto, contra el proyecto (es decir, en favor de la constitucionalidad de la petición presidencial) votaron Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Yasmín Esquivel Mossa, Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán. El voto decisivo fue el del ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
La discusión y su resultado se aprecia desconcertante para Diego Valadés. Primero, porque la Corte resuelve la constitucionalidad de una consulta planteada por el presidente de la República, pero a continuación la propia Corte replantea la pregunta y, con eso, reitera la constitucionalidad, lo que pareciera una contradicción.
“En todo caso nos pone a los mexicanos en una situación desconcertante. Siembra dudas sobra la validez de la Constitución en el contenido de la pregunta que tenía la propuesta del presidente y que incluyen en la pregunta planteada por la Corte.”
Al abundar sobre eso, el constitucionalista observa que la Corte declaró constitucional una consulta referida a investigar delitos o bien una serie de posibles delitos, sancionar a quienes los habrían cometido y restringe la investigación a 30 años con relación en los cinco expresidentes. Luego, la misma Corte determina que se deben realizar acciones pertinentes y reformula la pregunta de manera ambigua.
Posteriormente —continúa Valadés Ríos—, el máximo tribunal del país instruye emprender un proceso de esclarecimiento, pero no dice de qué; además, elimina la limitante de cinco expresidentes y el periodo de 30 años, modificando el planteamiento a “decisiones políticas”, un concepto que no tiene precedentes en el sistema constitucional mexicano, y referido a “los años pasados”, es decir, por la amplitud de la expresión, todos los años.
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