hace 3 años
[Nacional]
Aprueban reformas a la Ley de Disciplina Financiera de estados y municipios
Con esto se libera el flujo de recursos para que las entidades federativas y los municipios puedan atender la pandemia
Foto: Zócalo | Especial
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Ciudad de México.- Con 303 votos a favor y 93 en contra, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Disciplina Financiera de los estados y municipios, para la atención de la emergencia sanitaria y la reactivación económica del país.
El dictamen, avalado por las fracciones parlamentarias de Morena, PAN, PRI, MC, PES, PVEM y PRD, sostiene que no se está autorizando exceder los niveles de endeudamiento de los estados, sino dar herramientas para un manejo de las finanzas públicas estatales, generar infraestructura y fortalecer la hacienda pública local.
Explica que las entidades federativas podrán redirigir los recursos presupuestados en materia de desastres naturales para la atención de contingencias sanitarias, y “otorga mayor claridad y certeza jurídica en el ejercicio de las transferencias federales etiquetadas”.
Con el conjunto de modificaciones aprobadas, puntualiza el documento, “se libera el flujo de recursos para que las entidades federativas y los municipios puedan atender la pandemia, las presiones financieras y el contexto económico que ésta generó”.
Y aclara: “No se autorizan erogaciones adicionales ni un ejercicio discrecional, y no tiene impacto presupuestario”.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, la panista Patricia Terrazas Baca, aseguró que las entidades federativas no podrán contraer directa o indirectamente financiamiento internacional, que los financiamientos deberán celebrarse bajo las mejores condiciones del mercado y que los gobiernos locales deben informar a los congresos locales el ejercicio de la deuda en la Cuenta Pública.
También advirtió que los financiamientos deben ser autorizados por dos terceras partes de los legisladores presentes, quienes también deben analizar el destino y la capacidad de pago, y los estados y municipios podrán contratar obligaciones de corto plazo a efecto de atender necesidades temporales de liquidez, que deben ser liquidadas tres meses antes de concluir la administración.
Por su lado, el secretario de esa comisión, Carol Antonio Altamirano, de Morena, señaló que el beneficio de la reforma es encarar de mejor manera las necesidades que se han evidenciado en las entidades y municipios para atender tensiones en las finanzas públicas que fueron generadas o agravadas por la emergencia sanitaria y económica, y se cubren situaciones y omisiones que hoy son una camisa de fuerza.
Además, aseguró, se incluyen disposiciones para apoyar a los gobiernos ante caídas del PIB superiores a 5%; en ese caso, se permitirá la reestructuración de deuda de corto plazo celebrada en el ejercicio anterior al que se observó la caída del PIB; así se podrá ampliar la fecha de liquidación establecida en periodo de pagos de capitales iguales o consecutivo de la deuda para que puedan programar sus pagos en función de sus ingresos.
Las entidades federativas y municipios, expuso, podrán diferir los pagos de la deuda de corto y largo plazo por un período de hasta 12 meses. Lo anterior, añadió, está en línea con la argumentación pública del Ejecutivo federal a favor de las reestructuraciones porque representan un alivio temporal para los estados y municipios.
Esta propuesta, dijo, es similar a la medida empleada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y sólo se podrá implementar durante el ejercicio fiscal 2020, atendiendo a la emergencia.
Además, las transferencias federales etiquetadas de 2019 podrán devengarse y pagarse en diciembre de 2020, mientras que las de este año podrán devengarse y pagarse en octubre de 2021, siempre que los recursos en ambos casos hayan estado comprometidos en diciembre.
El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Tonatiuh Bravo Padilla, reconoció que la medida no es de largo alcance ni de profundidad, pero sí contribuye a mejorar el gasto de las entidades para el control de la pandemia y de la reactivación económica. Planteó adicionar un transitorio para que en un lapso de 12 meses la Cámara de Diputados revise la dependencia de los financiamientos de corto plazo en las entidades federativas, promoviendo una mejor gestión financiera pública.
De la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal indicó que esta reforma pretende de manera temporal generar un mecanismo que permita a los estados y municipios tener algo más. “Sin duda no es la solución o remedio, algo que se queda corto, pero es lo que se pudo consensuar para darles un apoyo”.
El diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Partido del Trabajo (PT), única bancada que se pronunció en contra, señaló que esta reforma permite contratación y adjudicación directa de la deuda sin aprobación o consulta de los congresos locales.
“Esta modificación abre la ruta a créditos de corto plazo, lo cual no es la salida correcta; necesitamos ser responsables y no aprobar esta reforma”, soltó.
El dictamen, avalado por las fracciones parlamentarias de Morena, PAN, PRI, MC, PES, PVEM y PRD, sostiene que no se está autorizando exceder los niveles de endeudamiento de los estados, sino dar herramientas para un manejo de las finanzas públicas estatales, generar infraestructura y fortalecer la hacienda pública local.
Explica que las entidades federativas podrán redirigir los recursos presupuestados en materia de desastres naturales para la atención de contingencias sanitarias, y “otorga mayor claridad y certeza jurídica en el ejercicio de las transferencias federales etiquetadas”.
Con el conjunto de modificaciones aprobadas, puntualiza el documento, “se libera el flujo de recursos para que las entidades federativas y los municipios puedan atender la pandemia, las presiones financieras y el contexto económico que ésta generó”.
Y aclara: “No se autorizan erogaciones adicionales ni un ejercicio discrecional, y no tiene impacto presupuestario”.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, la panista Patricia Terrazas Baca, aseguró que las entidades federativas no podrán contraer directa o indirectamente financiamiento internacional, que los financiamientos deberán celebrarse bajo las mejores condiciones del mercado y que los gobiernos locales deben informar a los congresos locales el ejercicio de la deuda en la Cuenta Pública.
También advirtió que los financiamientos deben ser autorizados por dos terceras partes de los legisladores presentes, quienes también deben analizar el destino y la capacidad de pago, y los estados y municipios podrán contratar obligaciones de corto plazo a efecto de atender necesidades temporales de liquidez, que deben ser liquidadas tres meses antes de concluir la administración.
Por su lado, el secretario de esa comisión, Carol Antonio Altamirano, de Morena, señaló que el beneficio de la reforma es encarar de mejor manera las necesidades que se han evidenciado en las entidades y municipios para atender tensiones en las finanzas públicas que fueron generadas o agravadas por la emergencia sanitaria y económica, y se cubren situaciones y omisiones que hoy son una camisa de fuerza.
Además, aseguró, se incluyen disposiciones para apoyar a los gobiernos ante caídas del PIB superiores a 5%; en ese caso, se permitirá la reestructuración de deuda de corto plazo celebrada en el ejercicio anterior al que se observó la caída del PIB; así se podrá ampliar la fecha de liquidación establecida en periodo de pagos de capitales iguales o consecutivo de la deuda para que puedan programar sus pagos en función de sus ingresos.
Las entidades federativas y municipios, expuso, podrán diferir los pagos de la deuda de corto y largo plazo por un período de hasta 12 meses. Lo anterior, añadió, está en línea con la argumentación pública del Ejecutivo federal a favor de las reestructuraciones porque representan un alivio temporal para los estados y municipios.
Esta propuesta, dijo, es similar a la medida empleada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y sólo se podrá implementar durante el ejercicio fiscal 2020, atendiendo a la emergencia.
Además, las transferencias federales etiquetadas de 2019 podrán devengarse y pagarse en diciembre de 2020, mientras que las de este año podrán devengarse y pagarse en octubre de 2021, siempre que los recursos en ambos casos hayan estado comprometidos en diciembre.
El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Tonatiuh Bravo Padilla, reconoció que la medida no es de largo alcance ni de profundidad, pero sí contribuye a mejorar el gasto de las entidades para el control de la pandemia y de la reactivación económica. Planteó adicionar un transitorio para que en un lapso de 12 meses la Cámara de Diputados revise la dependencia de los financiamientos de corto plazo en las entidades federativas, promoviendo una mejor gestión financiera pública.
De la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal indicó que esta reforma pretende de manera temporal generar un mecanismo que permita a los estados y municipios tener algo más. “Sin duda no es la solución o remedio, algo que se queda corto, pero es lo que se pudo consensuar para darles un apoyo”.
El diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Partido del Trabajo (PT), única bancada que se pronunció en contra, señaló que esta reforma permite contratación y adjudicación directa de la deuda sin aprobación o consulta de los congresos locales.
“Esta modificación abre la ruta a créditos de corto plazo, lo cual no es la salida correcta; necesitamos ser responsables y no aprobar esta reforma”, soltó.
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